COLOMBIA: EL DOLOR QUE ENLUTA LA PAZ. Por Carolina Jiménez Martín

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170210_gc936_fabio4_sn635La paz está en peligro. Esa fue la expresión utilizada por Pablo Catatumbo, dirigente del nuevo partido político FARC, en un foro en la Universidad Nacional, en el cual se discutía la transición política de las FARC-EP y el estado de la implementación de los Acuerdos de Paz. La masacre de 15 campesinos en el municipio de Tumaco (departamento de Nariño) que se oponían a la erradicación forzada de los cultivos de coca y exigían la construcción participativa de un programa de sustitución voluntaria, tal como se establece en el Acuerdo Final, y en el decreto ley que crea los PNIS y el PISDA, es una de las expresiones más dolorosas e indignantes que dan cuenta de la alerta señalada.

El dolor que nos embarga, ante este crimen cometido por las fuerzas armadas del Estado colombiano, nos impulsa a proponer una serie de discusiones, que, aunque se han venido construyendo en diferentes espacios sociales, aún no logran tomar la fuerza vital que se requiere para salvar la Paz.

El balance del proceso de implementación resulta a todas luces desalentador y expresa el anquilosamiento de las clases dominantes, que encuentran en una efectiva implementación de lo acordado una amenaza a sus privilegios afianzados por los órdenes de Guerra. Las clases dominantes colombianas, que como bien las caracterizó Antonio García,

(…) las clases ricas —o más estrictamente, las oligarquías que se forman dentro de esas clases— no arriesgan ni juegan sus intereses económicos ni sus privilegios sociales, poniéndolos en manos de otras clases que, no teniendo sus intereses ni privilegios, constituyen “el poder de la mayoría”. La estrategia de las clases ricas se ha orientado, en los últimos años, hacia este objetivo: neutralizar o desbaratar “el poder de la mayoría” por medio de la coerción psicológica, de la corrupción o de la fuerza. La coerción se realiza por medio de una propaganda impulsada por todos los resortes de la vida social y que opera sobre la psicología primaria y desarmada de un hombre sin factores culturales de resistencia. La corrupción y la fuerza son recursos estratégicos que el mundo ha tenido la oportunidad de conocer a través del capitalismo liberal o del capitalismo totalitario.

Y es justamente, el temor a la paz y al fortalecimiento del “poder de la mayoría”, el que permite explicar los múltiples obstáculos que la tecnocracia del gobierno, la clase política representante de esas oligarquías, los dirigentes del poder judicial, y por supuesto las estructuras paramilitares, le han impuesto a la implementación de lo acordado.

El balance normativo de la implementación es a todas luces problemático:

  • Los desarrollos en el punto rural son insuficientes, y en algunos casos han pretendido recortar lo Acordado. Quizá una de los elementos más problemáticos es la reticencia del gobierno a reconocer el criterio de focalización hacia las comunidades rurales más pobres y los pequeños propietarios o trabajadores agrícolas sin tierras.
  • Frente a Participación política, la discusión en Congreso ha limitado el alcance de la reforma política y pretende restar nivel de representatividad a las circunscripciones especiales transitorias de paz con la prohibición del voto a los electores inscritos en las cabeceras municipales. Y finalmente, la ley de participación ciudadana y reformas normativas para el tratamiento de protesta y movilización no se han podido tramitar con celeridad y la amplitud deseada.
  • La reincorporación económica y social no ha avanzado, y se advierte una intención gubernamental de individualizar el proceso en contravía del carácter comunitario que define la organización de este grupo social. El gobierno concentró sus esfuerzos en que las FARC-EP hiciera la dejación de las armas. Y olvidó su responsabilidad en generar condiciones de vida digna para la reincorporación. La negación a la formalización en la entrega de tierras es una expresión de esta actitud. Más alarmante resulta la imposibilidad de garantizar la vida de los y las guerrilleras. El asesinato de algunos de ellos y el abandono que debió hacer el grupo de Gallo (Córdoba) de su espacio territorial de capacitación y reincorporación, ante la amenaza paramilitar, advierten de esta situación.
  • Mención especial requiere el análisis de la reincorporación política. Pese a que las FARC-EP hicieron su transición a la vida legal democrática y constituyeron su partido político Fuerza Alternativa Revolucionara del Común. La clase dirigente se niega a reconocer su carácter político de actor legal democrático y en el marco de la discusión de la ley estatutaria de JEP quieren imposibilitar su participación en el proceso electoral del 2018.
  • La sustitución voluntaria y concertada quizá es una de las situaciones más dramáticas, tal como quedó reflejado de manera dolorosa, el pasado 5 de octubre. Las comunidades han denunciado una agresiva política de erradicación forzada y han llamado al Estado y las autoridades departamentales al cumplimiento de los establecido en el decreto ley 896 de 2017.
  • El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, advierte de una segunda renegociación, tal como se ha hecho manifiesto con las posiciones del Fiscal y de Cambio Radical frente a la discusión de la ley estatutaria de la JEP. Develando realmente, el temor de una diversidad de actores económicos y políticos que promovieron la guerra a que se sepa la verdad.
  • El presupuesto definido por el gobierno para financiar el Plan Marco de Implementación, resulta insuficiente para avanzar en una materialización efectiva de lo acordado. La cifra de los 129.5 billones contrastan con diversas estimaciones que han realizado centros de estudios y entidades, en las cuales se hablan de cifras que oscilan entre 200-400 billones de pesos.

Así las cosas, el balance es alarmante. El incumplimiento por parte del gobierno colombiano, así como los anuncios desde diferentes actores políticos sobre la necesidad de “Revisar lo acordado” y en el peor de los casos de “hacer trizas el acuerdo”, advierte frente a la incapacidad, o mejor aún la reticencia, de las clases dominantes a construir los mínimos para una democracia liberal. Esta posición retardataria denota como lo señalan las valiosas reflexiones de Pablo González Casanova, Mario Arrubla Yepes, Diego Montaña Cuéllar, Ruy Mauro Marini, entre otros, sobre el carácter colonialista y dependentista de estas clases dirigentes.

El peligro en que está la paz, requiere de la vitalidad del movimiento popular, de las organizaciones estudiantiles, juveniles, campesinas, urbanas, ambientalistas, LGTBI, de mujeres, de comunicación, afrodescendientes, indígenas, entre otras que se la han jugado históricamente por la construcción de un mundo justo. Hacer resurgir esta vitalidad es dignificar la lucha de esos 15 valientes que murieron en Tumaco a manos de las fuerzas represivas del Estado.

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Carolina Jiménez Martín es Docente del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional. Investigadora del centro de pensamiento y diálogo político.

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MALA FE. CÓMO IMPONE EVO MORALES MEGAPROYECTO A INDÍGENAS DEL TIPNIS. Por Azarug Justel y Marielle Cauthin

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Dedicado a las mujeres rebeldes y los hombres defensores del TIPNIS, a 6 años de la brutal represión a la VIII Marcha Indígena: Chaparina no se olvida. Exigimos justicia.

A partir de testimonios y vivencias del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), este artículo demuestra que el gobierno de Bolivia volvió a imponer la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos con actos de mala fe y desinformación, prometiendo proyectos a muchas comunidades e incumpliendo estos compromisos: ofrecieron semillas, techar sedes, atención médica, equipos como antenas, tanques de agua, paneles solares, y un sin fin de “espejitos” a cambio de obtener firmas. Estas firmas se consiguieron a través de engaños y fraude. Posteriormente se usaron para legitimar la anulación de la Ley 180 que protege al parque.

En este lapso el gobierno central también movilizó al aparato estatal de la gobernación del Beni (departamento donde se ubica el TIPNIS), de ministerios como Desarrollo Rural, Trabajo e incluso la petrolera estatal YPFB y -lo que es más preocupante- aplicó toda una estrategia de militarización de los ríos de la Amazonía, a lo largo del Mamoré, Isiboro y Sécure. Los hechos más dramáticos fueron la detención de dos comunarios y las reyertas con la organización indígena.

Estas mujeres y hombres indígenas de la Amazonía boliviana han sufrido represión, golpes, persecución, división y engaños pero continúan resistiendo hace más de seis años. Las imágenes, videos y audios que les compartiremos se han relevado en dos viajes consecutivos al TIPNIS durante agosto de 2017, momento en el que el proyecto carretero se ha reactivado.

Bloqueo indígena sobre el río Isiboro

Resistencia en la Amazonía

La carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos es un proyecto vial que une los departamentos de Cochabamba y Beni con 400 kms. de carretera a través del corazón del TIPNIS. Este territorio, también llamado Loma Santa o Casa Grande por los indígenas, es un área titulada en beneficio de los pueblos Chimán, Moxeño y Yuracaré. Desde 2010 los pobladores denuncian la megaobra autorizada por Evo Morales y financiada en principio por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), que proyectó un costo de 1,3 millones de dólares por kilómetro. Fue adjudicada a la empresa brasileña OAS, ligada al partido de Lula Da Silva, y tras las protestas sociales el gobierno rescindió el contrato con ésta. Actualmente la obra sería ejecutada por una empresa municipal de Villa Tunari. De cualquier forma, fue impuesta sin consulta previa, libre e informada a los pobladores.

En 2011 se realiza la VIII Marcha Indígena de Tierras Bajas de Bolivia, fue reprimida con brutalidad por la policía en Chaparina el 25 de septiembre y descalificada por el gobierno; pese a ello, la marcha logró ingresar a la ciudad de La Paz, haciendo aprobar la Ley 180 de protección del TIPNIS que prohíbe la construcción de la vía. Por ello, esta Ley es el resultado palpable de un gran esfuerzo de los pueblos indígenas amazónicos. Nadie creía que el gobierno la invalidaría.

Evo y la política de “divide e impera”

Días antes de la abrogación de la Ley 180, las comunidades del territorio estaban en alerta. Llegaban confusas informaciones por la frecuencia de radioaficionado del territorio y por las emisoras como Santa Cruz, San Ignacio o Panamericana. El gobierno había logrado dividir a un pequeño grupo de comunarios a la cabeza de Domingo Nogales, expresidente de la Subcentral TIPNIS (organización representante del territorio), Carlos Fabricano (expresidente de la Subcentral Sécure), Ramona Moye (Diputada Indígena Nacional), Griseldo Semo (exsecretario de Tierra y Territorio), Mauricio Guaje (presidente de la CPITCO, organización indígena ajena al TIPNIS). De esta forma lograron presentar un proyecto de Ley que eliminaba la intangibilidad del parque para viabilizar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Ingresamos al TIPNIS los primeros días de agosto, casi por una semana, a bordo de la canoa de don Hernán Maleca, comunario de Puerto San Lorenzo. Él tenía la misión de informar -a lo largo de los ríos Isiboro y Sécure- la intención del gobierno de Evo Morales de derogar esta Ley. Junto a él recorrimos las comunidades de Gundonovia, Paraíso, Santa María, Santa Lucía, San Vicente y Galilea.

Un mal gobierno con muy mala fe

Con mucha rabia, las comunidades nos contaron la forma en la que el gobierno había logrado promover esta anulación con engaños, mentiras y prebendas. Estas estrategias de mala fe y desinformación fueron usadas por funcionarios de la gobernación del Beni, manejada por el partido de Evo Morales, y por otras instancias del Estado central. Jenny Ramos de Santa Lucía, comunidad sobre el río Isiboro, nos relató que incluso brigadas médicas fueron usadas para llegar a las comunidades y chantajearles con atención en salud a cambio de hacerles firmar planillas: “Hemos rechazado a los médicos del gobierno porque venían, recogían firmas, llevaban y con eso falsificaban ‘sí carretera’. Así ha sido, por eso nosotros hemos rechazado”.

Así como el servicio de salud público fue utilizado para presionar a las comunidades, también se valieron de todo tipo de promesas irreales para conseguir firmas en cada comunidad. El gobierno garantizó proyectos en salud y educación, motores para las canoas, tanques de agua, paneles solares, antenas de teléfono, viviendas nuevas, e incluso dotación de insumos agropecuarios ¿Dónde se encuentran todas esas dotaciones?.

Don Ovidio Teco, comunario de Gundonovia, nos transmitió la preocupación de un compañero a quien funcionarios del Estado le hicieron firmar un acta con la promesa de dotarle de semillas. Luego se enteró que su firma formaba parte de la petición de anulación de la Ley a favor de la carretera. Todo fue un engaño y nuevamente el gobierno actuó de mala fe, jugando con las necesidades de las familias indígenas.

En la comunidad San Vicente conversamos con la corregidora del lugar, Sara Nosa. Ella afirmó que las comisiones de la gobernación nunca les advirtieron que estaban consultando sobre la abrogación de la Ley 180, sino que simplemente vinieron a ofrecer y prometer proyectos. La comunidad pidió calaminas para techar su Cabildo (sede social). Hasta la fecha la gobernación no cumplió con esto, pero incluyó a la comunidad como favorable a la carretera: “son puros mentirosos”, concluía la líder.

Show de medios para unos y militarización para otros

El 24 de agosto, los grupos indígenas afines al gobierno convocaron a un acto en la comunidad San Pablo del Isiboro, que cuenta con una pista de aterrizaje de avionetas. Esta pista fue utilizada para trasladar a productores de hoja de coca que desean las áreas protegidas para cultivos ilícitos, también fueron traídos altos funcionarios públicos y medios de comunicación del país con el fin de presenciar el espectáculo en el que Evo Morales inauguraba una escuela en dicha comunidad. Una hora después, Evo abandonaba el TIPNIS. El acto fue financiado completamente por la gobernación del Beni y celebrado paralelamente al encuentro orgánico de las comunidades en resistencia del Centro de Gestión del territorio. La finalidad de este show fue legitimar la anulación de la Ley de protección del TIPNIS y afirmar el pedido de carretera.

Carta con la que la gobernación del Beni financia el evento paralelo

Paralelamente, delegaciones de indígenas en resistencia y activistas solidarios/as nos organizábamos para instalar el XXXII Encuentro de Corregidores del TIPNIS. Luego de dos días de carretera, pontones y canoas, nuestras delegaciones arribaban al lugar de la cita en el Centro de Gestión, ahora completamente militarizando.

El trayecto por carretera desde Canatunse, sede de la Subcentral Sécure en Trinidad, con destino a Puerto Tarumá fue extenso. Casi una treintena de autos del gobierno nos rebasaron, transportes de la petrolera estatal YPFB, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Trabajo y del canal de televisión estatal Bolivia TV. Antes de llegar a nuestro destino, estas mismas movilidades y muchos funcionarios públicos nos hicieron un bloqueo en el camino, grabaron nuestros rostros con celulares y vimos que hasta algunos portaban armas de fuego. El Estado quería boicotear el encuentro orgánico de pueblos indígenas del TIPNIS.

Bloqueo oficialista a delegaciones TIPNIS

Una vez llegados al Centro de Gestión para comenzar el encuentro orgánico, los comunarios y comunarias, corregidores y corregidoras instalaron un alambre de púas sobre el río Isiboro a la altura del Centro. El alambre cruzaba el río de una orilla a otra y estaba señalizado por garrafones vacíos que flotaban a modo de advertencia, para que ningún navegante sufriera estragos en su embarcación al chocar con él. Sin embargo, el río se podía cruzar con normalidad, el alambre no era ningún obstáculo para los navegantes, pero sí era una señal simbólica de soberanía y control sobre el territorio por parte de la organización indígena.

Embarcación cruza el bloqueo de alambre de púas sin sufrir daños.

Durante esa jornada, eran constantes las visitas de militares de la Fuerza Naval que iban armados. Se acercaban al área del Centro de Gestión varias veces al día en sus lanchas. Los uniformados escoltaban a personas ajenas que pretendían entrar al territorio con destino al evento de San Pablo. Además, pidieron a algunos indígenas y compañeros observadores identificarse, como al exdefensor del pueblo, Rolando Villena, a la delegación indígena del pueblo Chiquitano, a activistas y a originarios del TIPNIS. Uno de ellos exclamaba: “cómo va a ser que tengamos que identificarnos en nuestro propio territorio”.

También provocaron a los participantes del encuentro orgánico filmándonos con celulares, imponiendo su presencia en los ríos y evidentemente violando prerrogativas internacionales sobre derechos indígenas. Incluso uno de los días se oyeron dos disparos que provenían de la zona donde estaban las lanchas militares, a unos 400 metros del Centro de Gestión, a la vuelta del río Isiboro. Muchos en el encuentro nos asustamos por los estruendos. Se trataba de generar un ambiente de tensión y miedo, mediante las provocaciones constantes de militares a indígenas en su propio territorio. Algunos indígenas recordaron el ambiente previo a la brutal represión policial ocurrida durante la VIII Marcha de 2011 en la localidad de Chaparina, cuando la policía gasificó, golpeó, apresó, torturó y confinó a cientos de mujeres, hombres, abuelos, niños y niñas indígenas.

En este contexto, el enfrentamiento entre ambas partes fue la culminación de toda esta tensión reunida durante esos días de angustia, desconcierto e impotencia. Cuando a las nueve de la mañana del domingo 27 de agosto, un grupo de militares que escoltaban una embarcación con asistentes al evento de San Pablo, intentaron cruzar el alambre de púas, -instalado por la dirigencia orgánica- las llamadas de atención por parte de las y los indígenas del Centro de Gestión se elevaron. A pesar de haber comunicado desde la orilla del río que los militares no tenían permiso para entrar al territorio, éstos hicieron caso omiso. Posteriormente, los indígenas se lanzaron a sus canoas para reforzar el bloqueo del río y se produjo un fuerte enfrentamiento que dejó a dos líderes heridos, Marquesa Teco e Hilario Noto, además de una barcaza militar hundida y las mechas de todos los testigos prendidas.

Modesto Yujo y Antonio Huayacuna, familiares de la Corregidora de la comunidad de Gundonovia, fueron detenidos irregularmente por la Fuerza Naval, y llevados hasta la ciudad de Trinidad. Los liberaron porque no había ninguna orden para su aprehensión. La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, logró entrevistarse con el Comandante de la Fuerza Naval y comprometerlo verbalmente a cesar el hostigamiento a las delegaciones de indígenas y activistas que se disponían a salir del territorio luego de culminado el encuentro.

Las mujeres del territorio estuvieron durante todo momento en la primera línea de resistencia. El 28 de agosto, un día después de los enfrentamientos, tres de ellas, Cecilia Moyoviri, Maria Luisa Maldonado y Marquesa Teco, nos contaban con enojo lo ocurrido.

Como una medida de autoprotección decidimos salir en un solo grupo de canoas. Regresábamos en una delegación de 12 cascos rumbo a puerto Tarumá. En todo este trayecto nosotros, como otras redes informativas y activistas independientes, reportamos que toda la zona de acceso al TIPNIS estaba militarizada, pues incluso se había instalado un campamento con al menos 50 militares con carpas y deslizadores en la playa de Gundonovia -primera comunidad de ingreso al territorio- desde la que controlaban el acceso y la salida al TIPNIS.

Coraje

“¡A nosotros el gobierno no nos va a comprar!”, exclamaba Jenny Ramos cuando la visitamos en Santa Lucía y conversamos con varias familias en la escuela de aquella comunidad. Esa simple frase demuestra la fuerza, convicción y humildad de la resistencia, pese a todo el poder desplegado por el gobierno de Bolivia y a las presiones capitalistas sobre el territorio: ampliar la colonización en favor de los productores de hoja de coca, reactivar la exploración petrolera, deforestar el área sensible del parque.

Ahora mismo la lucha en defensa del TIPNIS continúa y su llama se ha extendido nuevamente por varias ciudades dentro y fuera de Bolivia. La Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) convocó a una acción global el 22 de septiembre en defensa de los pueblos amazónicos, entre ellos el TIPNIS. Activistas ambientalistas y de derechos humanos de Bolivia, así como organizaciones sociales de maestros, sindicatos, universidades y otras luchas indígenas han hermanado esfuerzos para resistir el nuevo embate del paradójico gobierno boliviano “pachamamista”.

ARGENTINA: MÁS LÍMITES QUE HEGEMONÍA Y MÁS DERECHA QUE RENOVACIÓN. Por Claudio Katz.

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61a86577a2826f0a4bc558899861d6a0¿Cuál es la envergadura del triunfo de Cambiemos? Muchos analistas estiman que el gobierno logró una victoria arrolladora que consolida su hegemonía. Otros consideran que se perfila como una derecha renovada y democrática. En el bando opuesto se interpreta que dos de cada tres votantes repudiaron al oficialismo.

RADICALISMO CONSERVADOR

Los datos de la primaria indican cierto avance del gobierno en comparación al 2015. Se afianzó como primera minoría, obtuvo victorias en numerosas provincias y cayó sólo por un reducido margen en Buenos Aires. Ese moderado repunte fue potenciado por el inesperado triunfo en Neuquén, La Pampa y San Luis y por la reafirmación conseguida en los bastiones de la Capital Federal y Córdoba.

La imagen de una victoria fulminante no surge del cómputo de los sufragios, sino de la ausencia del voto castigo que anticipaban algunas encuestas. La euforia de los funcionarios obedece al desacierto de esas previsiones.

Cambiemos superó su frágil estatus de coalición absorbiendo al radicalismo. La UCR pierdió peso y singularidad con giros más oficialistas (Santa Fe) o encabezando el curso reaccionario del gobierno (Jujuy).

El macrismo afianza a su vez el empalme con las vertientes conservadoras del radicalismo. Más que erigir una nueva derecha recicla esas vetas regresivas. La Ceocracia de gerentes que maneja varios ministerios complementa ese perfil.

Vidal expresa con nitidez esa fisonomía de conservadurismo tradicional. Gobierna para las clases dominantes mediante un entramado de políticas sociales, que garantiza votos de los segmentos empobrecidos. Para aceitar ese sostén el PRO mantiene la asignación universal y actualiza el clientelismo de su red de punteros. La imagen angelical y compasiva de Heidi se amolda a esa función.

La estrategia oficial se nutre del retroceso del peronismo, que confirmó en las PASO la ausencia de un liderazgo alternativo a Cristina. Los aspirantes a ocupar ese comando perdieron puntos y su intención de forjar una liga de gobernadores quedó en suspenso. La crisis del justicialismo se prolonga sin ningún desenlace a la vista.

La expectativa de Massa de conducir ese espacio quedó muy afectada por el resultado de las primarias. Gran parte de sus votantes prefirieron la variante original del proyecto gubernamental a su copia renovadora. La ancha avenida del medio quedó carcomida por la escasa credibilidad que despertaron los imitadores del macrismo.

Como Massa asumió algunas banderas de la derecha en forma explícita (seguridad) y otras en forma disfrazada (ajuste de la economía), terminó incentivando el voto por Cambiemos. Randazzo no se atrevió a tanto y se diluyó en la insignificancia.

Mientras el oficialismo festeja esa reorganización del mosaico electoral, el eclipse de los renovadores deteriora una carta de reemplazo derechista del gobierno. Cualquiera sea el veredicto de octubre ya se sabe que habrá pocas modificaciones en el equilibrio de bancadas parlamentarias. El oficialismo deberá negociar con una oposición más voluble.

Cristina logró un significativo resultado en las PASO que sintoniza con la popularidad de su mandato. Cerró esa gestión posponiendo el ajuste y preservando la memoria de ciertas mejoras. El establishment no esperaba una resurrección, que presenta ciertas semejanzas con la renovada centralidad de Lula en Brasil.

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DIFERENCIAS CON EL MENEMISMO

A una semana de las primarias se concretó una multitudinaria movilización sindical. Todas las maniobras ministeriales para forzar el levantamiento de esa marcha fracasaron. La protesta contra la miseria actual se extendió a los proyectos para agravarla, con reformas impositivas, laborales y previsionales.

La manifestación confirmó la vigencia de relaciones sociales de fuerzas que limitan el ajuste. Macri no ha satisfecho la exigencia capitalista de erosionar la combatividad de los trabajadores. Tampoco pudo oponer a los excluidos con los asalariados organizados.

La complicidad de la burocracia sindical es una pieza clave del gobierno contra la resistencia popular. Pero el oficialismo carece de un sector incondicional significativo de esa jerarquía. Por eso debe negociar la entrega a cambio prebendas. El dinero de las obras sociales es la gran caja de una corruptela que se tramita con los chantajes de siempre.

Macri necesita preservar la tregua concertada con burócratas, que están sometidos a una fuerte presión por abajo. Los jerarcas rehúyen los actos masivos y bloquean el llamado a un paro nacional. Cuando convocan acciones puntuales aparece el fantasma de un desborde, que refleja la tensión social imperante. Cualquier sea la performance electoral de Cambiemos el gobierno deberá convivir con ese dato.

Este escenario explica la estrategia de atropellos pausados que la prensa denomina “gradualismo”. Los funcionarios tiran piedras y esconden la mano, para evaluar cuánta brutalidad tolera el pueblo (“si pasa, pasa”).  Guían su acción por esa norma empírica de agresiones. Por ahora tantean su anhelada reforma laboral con la erosión puntual de los convenios.

Promueven el modelo implementado en Sancor para negociar puestos de trabajo por flexibilización o el esquema ensayado en Tierra del Fuego de auxilio federal a cambio de recortes. También apuntalan la modalidad acordada con algunos burócratas (petróleo, construcción, automotrices), para anular derechos con la zanahoria de futuras inversiones.

Ese molde de atropellos escalonados es complementado con vaivenes en los tarifazos y una pugna para bajar el techo salarial de las paritarias. Hasta ahora prevalece un desangre puntual de empleos en las reparticiones públicas y no los masivos despidos que exige la ortodoxia.

Si Macri mantiene esa agenda repetirá lo ocurrido en su primer bienio y seguirá preparando el mega-ajuste para un futuro mandato. El líder del PRO necesita reunir un mayor soporte político, para imitar el ejemplo brasileño de reforma laboral troglodita.

La comparación con Menem persiste como la mejor referencia para evaluar los márgenes de acción reaccionaria del gobierno. En las elecciones de medio término, el riojano ya exhibía mayores atropellos contra el pueblo que su émulo.

La principal diferencia radica en la derrota que impuso a las huelguistas de la telefonía, YPF y ferrocarriles. El justicialista neoliberal doblegó a los sindicatos combativos, debilitó al movimiento popular y asimiló por completo a la burocracia sindical.

Menem aprovechó el agobio generado por la hiperinflación para imponer su inédito modelo de injusticia social. Macri no puede auto-infligirse una repetición del 2001para implementar el mismo ajuste.

Además, su antecesor gobernó en un contexto internacional de euforia neoliberal que se ha disuelto. No es sencillo consolidar una hegemonía derechista en el turbulento escenario actual.

MANIPULACIÓN CON LÍMITES

El gobierno sobredimensiona su performance electoral. Se auto-engaña con el fraude mediático que proclamó ganador a Cambiemos, cuando faltaban procesar sufragios decisivos del Gran Buenos Aires

El macrismo propagó esos resultados antes de su corroboración, para incidir en los zócalos de las pantallas y las tapas de los diarios. Instaló un clima de gran victoria apostando a la lenta disolución de cualquier desmentida posterior.

Este nefasto manejo de la información ha sido bautizado con una denominación acorde al desinterés por los hechos. Bajo el imperio de la “pos-verdad” alcanza y sobra con la simulación para disuadir reflexiones e impactar sobre las emociones.

Con toda la artillería que aporta Duran Barba y sus focus grups, Macri recurre a una sofisticada tecnología del engaño. Esa manipulación incluye intercalar mensajes de buena onda y confrontación. Las  suaves convocatorias al diálogo se entremezclan con brutales exigencias de entierro del pasado.

El PRO selecciona los temas en función de una u otra conveniencia (“ya llega el segundo semestre” o “no se habla de economía”). Desvía la atención de lo relevante y abusa de la invención contra-fáctica (“evitamos la hiperinflación”). Con figuras taquilleras busca capturar el voto despolitizado, para sostener su gobierno en una mayoría silenciosa.

Se apoya además en la base social derechista que despuntó con los cacerolazos y promueve un liberalismo gorila con ingredientes de odio de clase. Los indigentes son presentados como “perritos” y los opositores son ubicados en el universo del “narco-menudeo”. Tampoco faltan crueldades frente al sufrimiento popular (corte de pensiones por discapacidad).

El propósito de esta acción es romper la solidaridad social para culpar a los excluidos por sus padecimientos. Se busca naturalizar la conveniencia de un gobierno de millonarios, difundiendo la absurda creencia que ya no necesitan robar en la función pública.

Pero estos cimientos ultra-reaccionarios de Cambiemos están por ahora afincados en sectores medio-altos y en generaciones veteranas. Esas creencias no han calado en el grueso de la población. Los adherentes del oficialismo glorifican el mercado hasta que el ajuste los afecta. Avalan la disciplina social pero no la represión en gran escala. Por eso los tarifazos desatan protestas generalizadas y los ensayos “anti-piquete” quedan a medio camino.

Este contexto explica también el masivo rechazo al “dos por uno” que favorecía a los genocidas y la conmoción creada por la desaparición de Maldonado. Mientras crece una marea de indignación, el gobierno se empantana en insólitos inventos para encubrir a la gendarmería.

El secuestro de un militante que protestaba junto a los mapuches contra el despojo que perpetran Benetton y Lewis impacta en toda la sociedad. Un reclamo por la aparición con vida sensibiliza a varias generaciones.

La eventual hegemonía derechista del PRO no solo choca con la vitalidad de esa conciencia colectiva. También debe lidiar con la endeblez de la economía. El gobierno compensa la ausencia de crecimiento con un alocado endeudamiento, que potencia las bicicletas financieras y precipita periódicas corridas hacia el dólar.

Esos temblores obedecen a la fragilidad del modelo y no al temor que suscita un triunfo de Cristina. La vulnerabilidad de la economía determina también el bajo estatus crediticio que mantienen las calificadoras de riesgo.

El gobierno apuesta a sostener el financiamiento externo con un afianzamiento de la reactivación. Pero hasta ahora sólo administra un paupérrimo rebote del ciclo, carente de inversiones o recuperación del empleo. Para colmo Trump retribuye el “retorno” del país al mundo, con penalidades aduaneras a la exportación de biodiesel. En la economía de Macri hay poco espacio para el festejo electoral.

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LOS CONSERVADORES DE SIEMPRE

Cambiemos es visto por algunos analistas como una derecha renovada y democrática. Sustentan esa mirada en la impronta cultural del macrismo, que ofrece a las clases medias acomodadas un molde más presentable del proyecto reaccionario.

Ese formato incluye retórica new age y preocupaciones por una ciudad verde con bicisendas y comida saludable. Esa ideología aporta un disfraz de neoliberalismo modernizado, que reivindica el disfrute pasajero y ensalza el individualismo.

Pero la asimilación efectiva de ese imaginario choca con las penurias de la clase media para llegar a fin de mes. La penetración real del relato macrista está sobreestimada por la influencia de los comunicadores que controlan las pantallas.

En ese ámbito se verifica un cambio de figuras. El vetusto derechismo eclesiástico (Neustadt, Grondona) ha sido reemplazado por los sermones de ex progresistas, que veneran el status quo con poses de informalidad (Lanata, Fernando Iglesias, Leuco, Birmajer). Con más ingenio y cinismo recrean las mismas banalidades conformistas de sus antecesores.

De todas formas el PRO depende más de la partidocracia tradicional que de esos pintorescos personajes. Los votos se logran con demagogia electoral y gasto público. La modernización cultural que se le atribuye a Cambiemos omite auditar la billetera que maneja Vidal. Se silencia especialmente sus negociaciones con intendentes para organizar cortes de boleta a cambio de obras.

Es cierto que el macrismo logró votos en las zonas empobrecidas, atribuyendo todos los males del país a la corrupción del kirchnerismo. Pero utiliza el mismo argumento esgrimido por todos los gobiernos, para distraer a la población con los robos de sus antecesores.

Lo insólito de Cambiemos es el peso que tiene esa acusación entre funcionarios manchados por desfalcos de todo tipo. Muy pocos personajes del PRO pueden justificar sus incalculables fortunas. En dos años de gestión el grueso del gabinete exhibe sorprendentes incrementos de patrimonio, valuaciones truchas de propiedades e inversiones millonarias en el exterior.

Macri encabeza ese listado de irregularidades. Dispensa incontables favores a una familia que se enriqueció esquilmando al estado. Apuntala los negocios de su grupo, propiciando ventajas en múltiples negocios (autopistas, correo, aviación, rutas) y contratos (Odebrecht).

Sólo el descarado apañamiento de la justicia impide el juicio político a un presidente tan involucrado en el lavado de su fortuna (Panamá Papers). Hay que buscar con lupa los ingredientes de renovación en esta típica gestión corrupta de la derecha tradicional.

Más incongruente es el uso del término democrático para caracterizar a esa administración. El macrismo se ubica en las antípodas de esa calificación. Su gobierno ilustra cómo el poder real se ejerce fuera del ámbito electoral, mediante el manejo cotidiano de la economía, la justicia y los medios de comunicación. Los gerentes de esos dispositivos no están sujetos a ningún sufragio y son rigurosamente seleccionados entre la elite de los acaudalados.

Pero Cambiemos avasalla incluso los formalismos institucionales de esa estructura de poder. Al igual que Santos en Colombia y Peña Ñieto en México, Macri preside una plutocracia contrapuesta a la soberanía popular.

SIN SOMETIMENTO, NI CASTIGOS

La exagerada evaluación del éxito electoral del macrismo es compartida por algunos intelectuales del kirchnerismo, que fueron sorprendidos por el triunfo de su rival. Esperaban un voto castigo y atribuyen el error de esa expectativa a razonamientos economicistas. Estiman que identificaron mecánicamente el padecimiento social con el descontento político. Consideran que Cambiemos logró socavar esa conexión con un discurso que penetra en los sectores populares.

Pero ese enfoque no registra el carácter limitado de la influencia del gobierno y evita analizar lo ocurrido en el flanco opuesto del kirchnerismo. Cristina hizo una buena elección, pero no recuperó los votos perdidos en las últimas secuencias de comicios.

Ese estancamiento no obedece a fracturas en la conciencia popular. Simplemente expresa el balance crítico hacia una gestión que preservó los privilegios de los capitalistas y los cimientos del subdesarrollo. El brutal ajuste implementado en Santa Cruz rememora las carencias de la década pasada.

Para eludir el debate sobre esas falencias se magnifica el avance del PRO. Los méritos atribuidos al gobierno permiten disimular las limitaciones del cristinismo. Se supone que la derecha prospera por sus propias cualidades y no por las insuficiencias del mandato K.

El repunte de Cambiemos es frecuentemente identificado con la astucia del relato oficial. Pero en interpretaciones simétricas se explica el mismo fenómeno por la crudeza del gobierno y la pasividad del pueblo. En este caso se estima que el macrismo explicita el ajuste y logra consenso ante la resignación colectiva.

Pero esta imagen de sometimiento contrasta con la intensa resistencia social y con el doble discurso que ejercita el PRO. En lugar de recurrir al descaro derechista, el gobierno suele enmascarar sus acciones. Sin ese ejercicio del engaño Macri naufragaría en poco tiempo.

Otros pensadores del kirchnerismos rechazan acertadamente el pesimismo de sus colegas, pero recaen en un extremo opuesto de exitismo. Afirman que dos de cada tres votantes sufragó contra el gobierno.

La arbitrariedad de esa estimación salta a la vista, puesto que embolsa en un mismo bloque anti-PRO a expresiones muy contrapuestas. No es sensato equiparar los sufragios por Massa con las papeletas de la izquierda. Con el método de contraponer los votos propios con todo el espectro restante se podría afirmar que dos de cada tres ciudadanos rechazó al kirchnerismo. Esa matemática acomodaticia no lleva a ningún lado.

El principal problema del Cristinismo no fueron los números, sino la campaña que desenvolvió en las PASO. Comenzó insinuando un perfil de denuncia del ajuste y promoción de alternativas (revisión de la deuda, freno de los tarifazos, emergencia alimenticia, congelamiento de precios). Incluso denunció a los legisladores de su espacio que avalaron en el Parlamento el atropello oficial.

Pero posteriormente decidió hablar poco con el extraño argumento de transferirle la voz al pueblo. Con esa modalidad silenciosa atemperó las críticas, diluyó las propuestas e incluso emitió convocatorias a suspender acciones de resistencia.

Este giro hacia la moderación contradice la convocatoria a votar al kirchnerismo para frenar el ajuste. Es evidente que ese límite se conquistará más en la calle que en el cuarto oscuro. La contraposición del sufragio con la movilización suele desembocar en una gran frustración popular.

Nadie sabe si la estrategia de Cristina apunta a reconstruir el peronismo o a gestar una nueva fuerza de centroizquierda. Pero en ambas opciones se desvanece la batalla real contra el macrismo. Esa resistencia exige el contundente compromiso con la lucha, que demostraron los líderes de izquierda al acompañar a los trabajadores de Pepsico.

Habrá que ver si la derecha logra o no forjar su ansiada hegemonía. Ese resultado dependerá del desenlace de las batallas sociales. Los comicios de octubre incidirán pero no definirán la gran pulseada entre los capitalistas y los trabajadores.

31-8-2017

 

REFERENCIAS

-Rosso, Fernando. ¿Cambiemos: una nueva hegemonía?

http://panamarevista.com/cambiemos-una-nueva-hegemonia/

-Alemán, Jorge. Cambiemos encarna una conquista del desierto cultural

https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/70041/cambiemos-encarna-una-conquista-del-desierto-cultural

-Semán, Pablo. Cambiemos está explorando una nueva hegemonía

http://www.agenciapacourondo.com.ar/elecciones-2017/cambiemos-esta-explorando-una-nueva-hegemonia

-Natanson, José. El macrismo no es un golpe de suerte

https://www.pagina12.com.ar/56997-el-macrismo-no-es-un-golpe-de-suerte

-Granovsky, Martin ¿Derecha democrática?

https://www.pagina12.com.ar/57262-derecha-democratica

Postolski, Glenn. Elecciones sin vueltas

https://www.pagina12.com.ar/58085-elecciones-sin-vueltas

-Fidanza, Eduardo. Triunfos de verdad y de posverdad.

http://www.lanacion.com.ar/2054686-triunfos-de-verdad-y-de-posverdad

Vilas, Carlos M. Vapuleados pero no vencidos

https://www.pagina12.com.ar/57065-vapuleados-pero-no-vencidos

-López, María Pía. ¿Qué hay de nuevo, viejo?

https://www.pagina12.com.ar/57923-que-hay-de-nuevo-viejo

Horowicz, Alejandro. Tanto realismotanta aceptación de las relaciones de fuerzamuestra la voluntad de no transformarla.

http://www.herramienta.com.ar/content/elecciones-primarias-y-algunos-debates-estrategicos-urgentes-para-una-izquierda-sin-brujula

 

Claudio Katz es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

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BOLIVIA: UN ESTADO, UNA NACIÓN Y UNA DEMOCRACIA:¿POSCOLONIAL O ANTICOLONIAL? Por Juan Carlos Gómez Leyton

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5967292669724917“…de vez en cuando la historia

se revela inexorable y errática,

atemorizadora y fascinante”.

Octavio Innani, 2003.

 

            El presente texto que entregamos de manera exclusiva a las y lectores latinoamericanos constituye la presentación escrita para el libro Bolivia Hoy: ¿Una democracia poscolonial o anticolonial? Seis estudios y una bibliografía seleccionada, 1990-2016. Ediciones Escaparte, Santiago de Chile, 2017.

 

Uno de los procesos sociales, políticos e históricos más relevante e intensos de las últimas décadas en América Latina y el Caribe lo constituyen, sin lugar a dudas, la construcción histórica, política y, tal vez, teórica de una nueva forma de Estado, de Nación y de Democracia en la región. Estas nuevas construcciones históricas, jurídicas y políticas se levantan como alternativas a las matrices eurocéntricas impuestas y heredadas durante los últimos dos siglos. Las formas que emergen han sido pensadas e imaginadas por las fuerzas sociales y políticas vinculadas a los sectores subalternos y populares que se identifican, de manera amplia y plural, con los movimientos, organizaciones sociales y políticas, partidos políticos progresistas y/o de izquierdas como, también, con el pensamiento social y político elaborado por los pueblos, organizaciones e intelectuales que participan del movimiento indígena originario latinoamericano.

Este es un proceso político en marcha y en construcción cuyas expresiones más adelantadas se encuentran en las sociedades venezolana, boliviana y ecuatoriana. Se trata, al mismo tiempo, de un proceso conflictivo y complejo de carácter subversivo y revolucionario que integra simultáneamente la praxis teórica y la praxis histórica-política contingente. Una praxis dual signada tanto por la deconstrucción crítica y la creación y construcción innovadora y transformadora. En una dialéctica constante y continua a lo largo del tiempo, durante el cual las agujas tanto del velocímetro como del reloj se agitan nerviosamente marcando con distintas velocidades, ritmos y tiempos de la existencia social e histórica de hombres, mujeres, niños y niñas como también de las estructuras. Estructuras y sujetos se han imbricados en un complejo proceso de cambios donde lo nuevo se confunde con lo ancestral y lo ancestral se confunde con lo viejo y con lo nuevo. El cruce de las temporalidades es total. La historia esta revuelta, agitada y convulsionada, tal como lo anuncia el epígrafe que abre esta presentación, es fascinante.

Hace un poco menos de dos décadas (1998-2016) que -en las nombradas sociedades- el cambio social, político y la transformación cultural y contra-hegemónica, en clave emancipadora, domina la acción histórica, social y política de las y los sujetos comunes como de los actores sociales y políticos estratégicos. Se trata sociedades en movimiento. Cuyo norte sería la construcción de una nueva realidad social, política, económica y cultural, o sea, se trata de levantar y establecer una nueva sociedad integrando lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Ese el desafío político e histórico mayor. Teniendo como ejes centrales del cambio renovadas concepciones políticas e ideológicas de las formas de Estado, de Nación como de la Democracia. Estas nuevas concepciones políticas son producto de la reflexión epistemológica e histórica de las y los de “abajo”, o sea, de las y los excluidos, de las y los marginados, de las y los explotados, de las y los que siempre fueron vistos y nombrados, pero nunca incluidos y, permanentemente, negados; en otras palabras, de aquellos que, desde la llegada de los europeos, en el siglo XVI, fueron condenados en su propia tierra. Dominados, subalternos, marginados y excluidos, desde finales de la década de los años ochenta del siglo XX, se pusieron de pie y gritaron con toda su fuerza histórica acumulada en 500 años de dominación: ¡Basta! Ha llegado el tiempo y el momento para cambiar, el presente y el futuro. A la rebelión de los de los eternos excluidos, los pueblos originarios, se unieron los diversos grupos sociales subalternos y marginados por el nuevo padrón de acumulación y de dominación capitalista neoliberal, inaugurando en la década de los noventa del siglo XX, una nueva fase de lucha en contra del capital y por la democracia social. Iniciando un nuevo ciclo de luchas sociales en la región. Los tres procesos de cambio histórico-político más notables de este ciclo que lo constituyen la revolución bolivariana, en Venezuela; la revolución democrático-cultural en Bolivia; y la revolución ciudadana en el Ecuador, luego de 18, 16 y 14 años respectivamente, las tres se mantienen en “proceso”. Ninguna, de ellas ha sido, a pesar de múltiples intentos por parte del capital, desestabilizadas o frenado su curso histórico.

Los acontecimientos políticos y los procesos sociales que siguieron a la conmemoración de los 500 años (1492-1992) de la invasión y conquista europea del continente americano abrieron una nueva fase en la historia política y social de la región. Esta fase estará definida por el protagonismo central de los pueblos y naciones originarias y de los sectores populares.  Los más pobres entre los pobres, los pueblos y naciones originarios convergieron con las nuevas luchas sociales populares, campesinas, mineras, estudiantiles, poblacionales, de los trabajadores ocupados y desocupados que provocó la instalación, extensión y profundización del capitalismo mercantil-financiero-extractivista, o sea, el patrón de acumulación neoliberal, en las distintas sociedades latinoamericanas y caribeñas.               El “Caracazo ”, en 1989, y el intento del golpe de Estado por parte del Movimiento Bolivariano Revolucionario en 1992, en Venezuela; los levantamientos indígenas, de mayo de 1990 y junio de 1994, en el Ecuador; la Marcha por la Vida de 1986;  la Marcha por el Territorio y la Dignidad de la Central de Pueblos Indígenas de agosto 1990, y la Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional en 1994, todas en Bolivia;  las diversas “puebladas” argentinas (Santiago del Estero, por ejemplo) entre 1993 y 1997; el levantamiento insurgente del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México, en enero de 1994; entre otras múltiples y variadas movilizaciones y explosiones sociales de los “de abajo, son expresiones de ese amplio “basta” indígena y popular y, sobre todo, expresa la convergencia social, política y cultural de las resistencias, rechazos e impugnaciones tanto a la dominación histórica como a las nuevas formas de dominación capitalista que las clases dirigentes nacionales e internacionales imponían a las sociedades latinoamericanas desde inicios de la década de los años ochenta.

Los tempranos años ochenta del siglo XX están marcados en toda Nuestra América por la crisis económica, social y política. La “crisis de la deuda”, desde 1982, no solo arruina y desmantela el padrón de acumulación productivo industrial extractivista dominante en la región desde los años treinta y cuarenta del siglo XX, sino que también favorece el derrocamiento y el fin de las diversas dictaduras cívico-militares, entronizadas en la región desde década anterior. El término de los regímenes autoritarios en Argentina (1983), Brasil (1985), Bolivia (1982), Uruguay (1985), Perú (1980), como en algunos países centroamericanos (Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala) y, previamente, en Ecuador (1979), abre una nueva etapa en la lucha por la democrática en América Latina y el Caribe.

Los nuevos gobiernos electos por sufragio popular-ciudadano ponen en marcha un proceso político, social y económico que se va caracterizar por una doble transición. Por un lado, una transición político-estatal, se pasa desde regímenes políticos autoritarios de distintas facturas y colores a regímenes democráticos representativos en la mayoría de los casos limitados o defectuosos; y, por otro, una transición socio-económica, se transita desde una forma de acumulación capitalista a otra. Esta última, en breve, se pasa de la forma de acumulación productiva industrial-extractivista a una acumulación mercantil-financiera-extractivista, es decir, a la forma neoliberal de acumulación capitalista. Forma que supone, entre otras cosas, ampliar y extender, a todas las estructuras de la sociedad, la acción del mercado.

La fórmula ochentera para relegitimar el capitalismo en crisis consistió en instalar de manera conjunta la democracia más mercado. Mercado más Democracia, una formula hasta esa década escasamente ensayada en América Latina y el Caribe durante el siglo XX. Tanto la democracia liberal como el libre mercado habían sido constantemente limitadas por la acción del Estado. La nueva forma estatal que emergió, el Estado neoliberal, rompió con la tradición histórica y política de la región. Soltó las amarras que ataban las “manos invisibles del mercado”, en otras palabras: mercantilizando amplia y extensamente a la sociedad. Lo cual no significo que haya democratizado a la sociedad con igual amplitud. La democracia liberal continúo limitada y constreñida. Si bien, la democracia representativa, como régimen político, está presente en la mayoría de los países de Latinoamérica, se trata de un régimen político, para decirlo con palabras de la politología de la época, de muy “baja calidad institucional”. Se trata de “democracias con adjetivos”, los cuales calificaban y destacaban sus defectos.

La combinación impulsada por el Estado neoliberal fue ampliamente favorable para el mercado y totalmente perjudicial para la democracia. Al finalizar la década, el balance realizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue negativo. Para este organismo regional la década los años ochenta fue una “década perdida”. No obstante, a un cuarto de siglo de su cierre, tengo la impresión que dicha afirmación debe ser matizada.

Si bien, se trata de una década muy compleja dada la profunda transformación estructural del orden capitalista que sufrieron las sociedades latinoamericanas y caribeñas. De ninguna manera fue una década pérdida para el capital tanto nacional como internacional. Todo lo contrario. En un breve lapso temporal, con gran rapidez y con mayor legitimidad política y social de la que se supone, algunos de los recientes gobiernos democráticos de la región, impulsaron y posibilitaron la instalación de la forma neoliberal de acumulación capitalista. Otros, sostuvieron, corrigieron, ampliaron y profundizaron la reestructuración capitalista pro-mercado impulsada por las dictaduras cívico-militares.

Para los sectores dirigentes del capital, la década más que una “década pérdida” fue una década de triunfos políticos, económicos e ideológicos que permitió afianzar su dominación y hegemonía.  Los más beneficiados fueron aquellos sectores vinculados ya sea al capital mercantil, financiero y extractivista nacional como para el capital internacional o transnacional.

En cambio, los grandes perdedores de la década fueron los grupos capitalistas productivistas manufactureros nacionales, los sectores medios estatales y, de manera sustancial, la clase obrera industrial, las y los trabajadoras y las masas populares. O sea, el proletariado urbano y rural. Para ellos la doble transición fue dramática y fatal. No solo fue negativa para los sujetos dominados, sino que la agresiva nueva forma de acumulación capitalista (acumulación por desposesión) profundizara la histórica devastación de los bienes comunes naturales de la región.

Para mediados de la década de los años noventa todas las formaciones socioeconómicas latinoamericanas se habían transformado en sociedades capitalistas neoliberales. Unas más avanzadas que otras; sin embargo, en todas ellas se combinaban las formas políticas-institucionales de una democracia eminentemente electoral y procedimental con políticas gubernamentales y públicas orientadas a extender, profundizar y consolidar la forma de acumulación mercantil-financiera extractivista y, sobre todo, integrar las economías nacionales al mercado global. Entre 1982-1995, la reestructuración capitalista como las diversas reformas y procesos de modernización institucional del aparato público, o sea, del Estado, pusieron fin del capitalismo industrial dominante entre 1930-1982. Emergió en toda la región una nueva forma societal: la sociedad neoliberal o sociedad de mercado.

Sin embargo, desde la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado, comenzaron sentirse los crujidos de las primeras grietas que anunciaban la crisis política y social de la dominación capitalista neoliberal. Los movimientos de resistencias y oposición estallaron en diversos y diferentes lugares del continente. Ya hemos citado el más paradigmático de todos: el 1° de enero de 1994 en la Selva de Lacandona en el Estado de Chiapas, en la suroeste de México, estalló el levantamiento insurgente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Un ejército de indígenas y campesinos pobres y mal armados bajo la dirección de varios comandantes indígenas y un subcomandante no indígena todos encapuchados, declararon no solo la guerra al Estado y al Gobierno mexicano, sino que también se presentaron ante el mundo como un movimiento indígena insurrecto/armado de resistencia y en oposición a la dominación global del neoliberalismo.

Las cosas comenzaron a cambiar en la región. Nuevas formas de lucha social y política emergían por doquier, la izquierda y el progresismo se instalaban en las diversas sociedades de la región a cuestionar y resistir las formas de dominación neoliberales.

Una de esas sociedades fue la boliviana. Tal como lo había sido la venezolana. El descontento contra las formas neoliberales se manifestó con fuerza, en los últimos años del siglo XX, en Cochabamba, Bolivia. Allí los y las ciudadanas, se levantaron en una singular y particular guerra: la “guerra del agua”. La cual fue seguida, un año más tarde, por otra, no menos espectacular y fascinante, la “guerra del gas”. Estas “guerras” ciudadanas bolivianas, coincidieron con las poderosas rebeliones ciudadanas argentinas y ecuatorianas de fines del 2001 y de 2003, respectivamente. Movilizaciones sociales que fueron antecedidas por las rebeliones indígenas de Chiapas, en 1994, y ecuatorianas, de 1999, como también del “caracazo” venezolano de 1988 y las distintas resistencias populares a las formas democráticas neoliberales que las elites dominantes instalaron en la región, durante los años ochenta. Diríamos que son numerosos los acontecimientos aislados, dispersos y silenciosos que marcan continuidades como discontinuidades, rupturas y reorientaciones, progresos y decadencias de las luchas sociales emancipadoras de los pueblos latinoamericanos que se hilvanan con los acontecimientos aquí señalados.

Estos acontecimientos fueron expresiones de procesos históricos profundos, de acumulados políticos y sociales de larga duración que tienen la particularidad de hacerse presentes en momentos específicos y singulares de la historia de una sociedad. Ellos son la expresión manifiesta de las resistencias y oposiciones como también de las contradicciones políticas y sociales como también económicas y culturales que experimentan los grupos sociales subalternos ante la instalación e imposición de nuevas formas de dominación y hegemonía por parte de las elites del poder y en el poder.

Por esa razón, estos acontecimientos marcan nítidamente un antes y un después, o sea, ponen fin o inician un nuevo proceso histórico. Son acontecimientos fundantes, más allá si son exitosos o no, dan inicio algo desconocido. A procesos históricos que pueden ser no solo sorprendente, sino también atemorizante y entusiasma. Es lo que probablemente ocurrió con el levantamiento zapatista de enero de 1994, con las guerras del agua y del gas boliviana, con la rebelión de las y los ciudadanos argentinos y su consigna que se “vayan todos”.

Lo que quiero sostener aquí es lo siguiente: hay acontecimientos que adquieren significados y connotaciones excepcionales y reveladoras. Son eventos heurísticos por sus implicaciones históricas, políticas y teóricas. Los acontecimientos señalados más arriba son heurísticos, pues señalan aspectos fundamentales de un nuevo ciclo de la lucha histórica de los pueblos latinoamericanos por la democracia y, sobre todo, por el buen vivir. Son acontecimientos que replantean nuevas y necesarias lecturas de viejas polémicas políticas al interior del pensamiento crítico, por ejemplo, entre reforma/ revolución o entre vía insurreccional/vía institucional, etcétera. En esa dirección son acontecimientos que requieren su tratamiento cuidadoso y un meticuloso esclarecimiento epistemológico por parte de las ciencias sociales críticas, pues develan, probablemente, el futuro.

II.-

Los pueblos originarios que habitan el territorio de Bolivia fueron los primeros en plantear, a siete años del inicio de la “democracia pactada” (1982) y a un lustro de la Ley 21.060 que impuso el neoliberalismo en el país en 1985, la necesidad de impulsar la realización de cambios radicales en la estructura de dominación hegemónica que los “q’aras” sostenían desde tiempos coloniales. Para esos efectos, los pueblos indígenas de los Llanos del Mojo del departamento del Beni (Mojeño, Yuracatés, Movimas, Chimanes, Sirionós y otros 11 pueblos más) plantearon la realización de una Asamblea Nacional Constituyente democrática, incluyente y revolucionaria con el objeto de refundar el Estado, la Nación y la Democracia. Para los organizadores de la Marcha, debía emerger desde la Asamblea Constituyente, fundamentalmente, una nueva forma estatal: el Estado plurinacional, es decir, un Estado conformado por muchas naciones y no con una sola nación. Serían las diversas y variadas naciones las que fundarían ese nuevo Estado.

Plantearse la posibilidad política e histórica de ejercer el poder constituyente directo para instituir y fundar no solo un nuevo Estado, sino, fundamentalmente, para hacer desaparecer la unicidad de la Nación existente y establecer la “pluri-nación”, constituía, por cierto, una gran osadía política y al mismo tiempo, una poderosa demanda revolucionaria. La más “revolucionaria” de todas las demandas sociales, políticas y culturales planteadas por los sectores subalternos y dominados desde la revolución francesa de 1789 a la fecha.

La demanda por ejercer el poder constituyente directo de parte de los pueblos originarios de las tierras bajas con el objeto de poner fin a siglos de explotación y exclusión, resulto ser una exigencia política que no solo interpelaría aquellos que ejercían o tenían el control de las fuentes del poder social; sino, también, a todos los demás pueblos originarios que habitan en el país y una reclamación para que los otros grupos y sectores sociales subalternos y dominados que conformaban la abigarrada sociedad boliviana, asumieran y se plantearan la posibilidad histórica y política de ejercer desde y para sí mismos, el poder constituyente.

Apelar y demandar, por cierto, el ejercicio soberano del poder constituyente, de ninguna manera era nuevo, en la historia política del Estado boliviano. Esta registra desde 1825 hasta el año 2006, o sea, en 181 años de existencia como república independiente, 20 coyunturas constituyentes. Ello significa que en igual número de oportunidades las y los bolivianos buscaron “organizar políticamente a la nación” en un Estado moderno e instituir un régimen político democrático. Sin embargo, fueron 20 fracasos políticos, fundamentalmente, porque ninguna de las Constituciones Políticas del Estado boliviano que se promulgaron resolvieron de manera óptima las tres fundamentales y esenciales contradicciones históricas, o sea, que han estado presentes desde el momento mismo de fundarse, el país, en 1825, a saber: la presencia de los pueblos originarios, el regionalismo y los antagonismos de clase. De estas tres contradicciones, la primera, por cierto, constituye la principal o la contradicción primordial de Bolivia.

Ahora bien, estas tres contradicciones están enmarcadas gruesamente en dos grandes visiones o concepciones de mundo que ordenan la conflictividad de la formación social boliviana: la metropolitana, “eurocéntrica”, y la local, “subalterna”. Todas las Constituciones elaboradas ya sea por Asambleas Constituyentes o en Convenciones que se realizaron ya sea en el siglo XIX como en el XX, lo hicieron desde la visión eurocéntrica y excluyendo de manera sistemática la visión de los grupos subalternos, específicamente, de los pueblos originarios, o sea, de los indígenas. Los indios, a diferencia de las clases dominadas (campesinos, mineros, artesanos, obreros y trabajadores urbanos y rurales) como de los sectores medios y, por cierto, de las clases dirigentes y las elites de poder, nunca tuvieron existencia constitucional.

En las distintas constituciones políticas, los indios nunca tuvieron el reconocimiento de ser sujetos integrantes de la Nación boliviana que se constituía y reconstituía en cada coyuntura constituyente. Tampoco se les reconocía la condición de ciudadanos políticos con derechos a participar en los asuntos públicos del país, ni merecían tener ni de gozar de los mismos derechos que disponían los otros integrantes de la Nación boliviana. En verdad, los indios, estaban y habitaban el territorio donde el Estado ejercía soberanía, pero, de ninguna manera, eran parte activa de la Nación.

Para serlo debían, los indios, renunciar a su condición de indio, es decir, despojarse de su cultura, religión, lengua, historia y borrar su memoria colectiva y comunitaria. En otras, palabras dejar de ser lo que eran, y asumir, la cultura eurocéntrica, para ser bolivianos/nas.  Sin embargo, a pesar de los cinco siglos de dominación eurocéntrica los pueblos y naciones originarios han resistido de múltiples modos y han sobrevivido a su acción devastadora. Su presencia al interior del territorio de aquel país inventado por Simón Bolívar en 1825, durante los 181 años de existencia del Estado-Nación boliviano, era un permanente recordatorio y advertencia de que ellos estaban allí y que esa forma de Estado-Nación, era, por un lado, un “estado fallido” y, por otro, sobre todo, una “Nación ficticia”. Se trataba un “Estado sin Nación”.

III.-

El proceso político y social abierto en Bolivia tras la rebelión de la “plebe”, a inicios del siglo XXI, que expulso del poder político del Estado a las elites de poder que habían dominado y hegemonizado la dirección histórica de la sociedad boliviana desde su constitución como República a comienzos del siglo XIX. Abrió una nueva etapa en la convulsionada historia política del país altiplánico.

La rebelión de la “plebe” iniciada en Cochabamba con la denominada Guerra del Agua, provoco entre 2000 y 2005, una álgida lucha de clases y una acrecentada disputa por el poder político del Estado, especialmente, por el poder ejecutivo. Dos presidentes fueron destituidos por la acción de los sectores sociales y actores políticos subalternos y dominados en rebeldía. En octubre de 2003 tuvo que abandonar el gobierno el presidente Sánchez de Lozada, ampliamente conocido como Goni, y en junio de 2005, lo hizo Carlos Mesa, quien había reemplazado a Goni. Ante el intento de los sectores dominantes del oriente de imponer en la presidencia a los presidentes del Senado, Vaca Díez y de la cámara de Diputados Mario Cossío, una nueva, activa y masiva movilización social en Sucre obligo e impuso la convocatoria a elecciones presidenciales extraordinarias.                                                                      En diciembre de 2005 la “plebe” en rebeldía eligió como presidente de la República de Bolivia, al líder cocalero e indígena Evo Morales. Desde ese momento el proceso político boliviano tomo una clara tendencia subversiva dirigida a la transformación revolucionaria no solo de las estructuras político-institucionales de la “democracia pactada” establecida en 1982, sino de la modificación radical de las estructuras del poder social y político que dominaban el curso histórico de la sociedad boliviana desde el siglo XIX hasta la actualidad. Un nuevo proceso revolucionario se ponía en marcha en la sociedad boliviana. La ruptura histórica que se proponía el nuevo bloque político en el poder apuntaba a transformar radicalmente el Estado y la Nación, por un lado, y, por otro, establecer un nuevo tipo de régimen político democrático. Para los movimientos sociales triunfantes en 2005, la elección del líder cocalero e indígena Evo Morales como presidente de Bolivia, constituía el comienzo del fin de las formas de dominación política establecida no solo desde 1825 hasta el presente, sino también el fin de la histórica dominación colonial-europea instala con la llegada de los españoles al continente.

El triunfo de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, MAS, no puede ser leído ni interpretado como el triunfo de una coalición política en un torneo electoral representativo de las democracias liberales-representativas. No, la elección misma constituye un hito disruptivo, subversivo, pues se gana el gobierno del Estado, a través del régimen electoral democrático liberal, con el objeto de poner fin democráticamente tanto al Estado como al régimen político existentes. Para tal efecto, el instrumento político elegido, será la convocatoria a la realización de una Asamblea Constituyente, la deberá y tendrá la responsabilidad histórica y política de constituir el nuevo Estado, redefinir la Nación y establecer una nueva Democracia.

Tanto la Asamblea Constituyente como el nuevo Estado, la Nación y la Democracia debían ser radicalmente distintas a lo que existió en Bolivia, durante 181 años La tarea política propuesta, por cierto, de ninguna manera era fácil. Todo lo contrario. Entre el año 2006, momento de inició de la constituyente y su cierre en el año 2009, la sociedad boliviana fue un “volcán a punto de estallar”, dada la alta presión social y conflictividad política que implicaba que todo lo existente se pusiera en discusión; en otras palabras, todo lo sólidamente establecido, por las elites de poder que durante años mantuvieron el control de las principales fuentes sociales del poder, estaba siendo trastocado por la acción social y política de la “plebe” organizada. Incluso, luego de aprobada la nueva organización política de la Nación, del Estado y del régimen político, o sea, de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la conflictividad y la lucha de clases no se redujo ni aminoro su intensidad. En efecto, la reacción de las elites de poder, especialmente, de aquellos sectores y grupos sociales que se localizan y habitan los departamentos de la denominada “Media Luna” boliviana, fue de total rechazo y oposición a las nuevas autoridades gubernamentales y se declararon en abierta rebeldía en contra del nuevo orden político-institucional establecido en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. El “golpe estado civil” que esos sectores y actores sociales y políticos propiciaron e impulsaron en contra del gobierno de Evo Morales en el 2009, no solo fue rechazado y resistido mayoritariamente por la “plebe”, sino que también careció de apoyo institucional y de otros sectores sociales, como por ejemplo, los sectores medios bolivianos y de las Fuerzas Armadas bolivianas (dos actores políticos centrales y, sobre todo, estratégicos para que cualquier intentona de golpe de estado, logre triunfar). Por primera vez, en toda la historia republicana de Bolivia, las elites de poder, los sectores dominantes, no contaron con el apoyo de esos dos actores estratégicos. Sin lugar a dudas que el hecho principal y relevante estuvo en que las Fuerzas Armadas, -especialmente, el Ejército, de larga tradición golpista-, no apoyaron la insurrección cívico-política de las elites del poder y de las clases dominantes y apoyaron abiertamente al gobierno constitucional de Evo Morales. Con dicha acción y posición, las Fuerzas Armadas, respaldaron a la nueva organización política que emergió de la Asamblea Constituyente. Asumieron y adhirieron tanto al nuevo Estado, a la nueva la Nación como al nuevo régimen democrático.

El intento de golpe de estado civil fracaso no solo por tener respaldo social y militar interno, sino también por la acción política de los países de la región latinoamericana que se movilizaron en contra de dicha intentona. Todos los gobiernos de la región expresaron su rechazo y abogaron por la mantención de las formas democráticas y la continuidad del proceso histórico y político que mayoritariamente la ciudadanía boliviana impulsaba desde los inicios del nuevo siglo. Insistieron en la defensa de la constitucionalidad del gobierno de Evo Morales y el necesario respeto a los derechos humanos como también de la autodeterminación política del pueblo y ciudadanía boliviana para dirimir en forma democrática, independiente y autónoma sus conflictos políticos, sociales y culturales.

La resuelta acción del gobierno de Evo Morales, de la ciudadanía y de la plebe, de las fuerzas armadas, de los sectores medios en contender y resistir la desesperada acción política de las elites de poder de la Media Luna como la concertada acción política y diplomática de los gobiernos de los países de la región detuvo el “golpe estado civil”. Vencidas las elites de poder, pero no derrotadas, aceptaron el nuevo orden político producido por “los de abajo”, por los excluidos sociales e históricos, por los postergados de toda una vida, en otras palabras, la “plebe” ha triunfado.

Podríamos sostener que hacia el año 2010, la rebelión de la plebe había concluido. Desde ese momento el proceso histórico y político boliviano inició una nueva etapa histórica y política, la etapa de consolidar, institucionalizar, instalar y poner en práctica todo aquello que se pensó, se reflexionó, se discutió y se elaboró a lo largo de una década. La etapa abierta en la segunda década del siglo XXI, ya no eran los tiempos de “revolucionar” lo existente, sino, se trataba de gobernar la revolución.

IV.-

Gobernar la revolución. Una revolución que, a diferencia de sus congéneres del siglo XVIII, XIX y XX, no había sido una “revolución armada”. Ni tampoco era una revolución social, o sea, de aquellas que trastocan radicalmente las estructuras de poder devenidas y constituidas desde la forma de acumulación. Sin lugar a dudas, lo acontecido en Bolivia, desde 2000 en adelante, la rebelión de la plebe, era y es una revolución. Pero, es, esencialmente, una revolución política.

La elección de Evo Morales confirma la profunda vocación democrática de la “plebe” insurrecta. Desde el levantamiento insurreccional de la “guerra del agua”, en Cochabamba, con su reportorio diverso y plural de acciones colectivas, en ningún momento estuvo presente la idea de que para triunfar políticamente había que suspender ni abolir la democracia. La insurrección plebeya fue eminentemente política y electoral. No aposto por la lucha ni la insurrección armada. Pero, no significa que haya sido una insurrección social y política carente de violencia política. Todo lo contrario, fue violenta, pero no armada. Morales y su gente llegaron al Palacio Quemado, gracias a los millones de votos que ciudadanos y ciudadanas bolivianas emitieron en un proceso electoral convocado y regido por las instituciones políticas y electorales establecidas en la “democracia pactada” en 1982.

El triunfo de Morales y el MAS en el año 2005 es, también, el triunfo de la democracia. La lucha política y social insurreccional democrática de la plebe no es la lucha de un lustro, sino de un acumulado histórico. Ampliar, profundizar y democratizar “la democracia de los dominadores” ha sido de una tortuosa y larga lucha social y política. En cierta forma, la rebelión de la plebe actual, se remonta, por ejemplo, a las tareas inconclusas de la Revolución boliviana de 1952. Son luchas ancestrales.

La democracia para la “plebe” boliviana, al igual que en el resto de América Latina y el Caribe, ha sido negada y postergada por las clases dominantes. Durante todo el siglo XIX, durante décadas en el siglo XX, la plebe fue excluida de la participación no solo de la democracia, sino también de los distintos procesos de modernización impulsados en la sociedad boliviana como latinoamericana. Las lógicas de inclusión y exclusión practicadas por elites políticas abrían y cerraban las compuertas del sistema político. El objetivo de estas lógicas estaba en producir el ingreso ordenado, controlado y subordinado de determinados grupos sociales subalternos. En distintas coyunturas críticas de la historia social y política de Bolivia, durante el siglo XX, es posible observar la implementación de esa dinámica. Sin embargo, para las dos últimas décadas del siglo, dicha dinámica estaba agotada.

Tenemos la impresión que las luchas por la democracia y, ciertamente, la extensión de la ciudadanía política que dejo de ser clandestina o imaginaria o formal entre los distintos grupos sociales que conforman la abigarrada sociedad boliviana impulso a estos a pensar que la democracia no era cuestión de las elites o de los partidos políticos, sino un asunto de todos y todas. Un asunto que competía también a los condenados históricos, los pueblos originarios, los indígenas, o sea, los indios.

Otra democracia emergió luego de más de un lustro de luchas políticas. Una nueva forma de Estado, el plurinacional y un nuevo país, Bolivia como una identidad plurinacional. Una sociedad que se arma y se construye desde sus bases mismas. Emergen junto con esa rica y compleja realidad nuevos problemas, nuevos conflictos, nuevas contradicciones, nuevos desafíos. Nada de lo que está establecido es sólido. La lucha continúa.

Gobernar las revoluciones no es un asunto fácil. El gobierno de Evo Morales así lo testimonia. Esa es la Bolivia de Hoy, una Bolivia plurinacional que aún no logra definirse entre ser: anti o poscolonial. Los diversos estudios aquí compilados en este libro dan cuenta, justamente, no del periodo de las luchas políticas revolucionarias abiertas con la, ahora mítica, “guerra del agua”, sino dimensiones de la realidad política y social pos-constituyente, o sea, cuando las ideas formuladas e imaginadas por el poder constituyente tienen que iniciar el histórico y controvertido proceso de institucionalización. Y, como todo sabemos, esos procesos son, por lo general, conservadores. Las revoluciones siempre se institucionalizan, de ahí que histórica y políticamente adquieren un “aire” conservador. No hay revoluciones permanentes ni continuas en el tiempo. El proceso revolucionario conducido políticamente por el MAS, los movimientos sociales, García Linera y Evo Morales desde 2009 hasta la fecha ha pasado por distintas etapas. Están en una etapa de consolidar, ampliar y profundizar lo conquistado. Bolivia hoy es otra Bolivia. De esa nueva Bolivia saldrán las nuevas fuerzas sociales y políticas que se planteen nuevas luchas revolucionarias que conduzcan a la sociedad plurinacional boliviana hacia nuevos derroteros históricos. El futuro es una construcción abierta e impredecible que no anula ni descarta la “involución histórica”.

V.

Bolivia Hoy: ¿Una democracia poscolonial o anticolonial? Seis estudios y una bibliografía seleccionada, 1990-2016 libro -con el cual inauguramos la Colección Pensar Nuestra América de Ediciones Escaparate- se analiza el proceso político, social y cultural que siguió a la aprobación de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. A través del estudio del conflicto del TIPNIS, de la cuestión agraria, del movimiento feminista, del carácter de la nueva democracia y el rol de los intelectuales se develan los nuevos problemas, contradicciones y las diversas conflictividades que emergen en la renovada sociedad y plurinación boliviana.

La Colección Pensar Nuestra América, analizará en perspectiva interdisciplinaria, crítica, sincrónica y diacrónica los diversos procesos que se desenvuelven en las abigarradas sociedades latinoamericanas.

Santiago/Valparaíso, junio 2017.

©JCGL/jcgl

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EL DESARROLLISMO EN SU ENCRUCIJADA: MORENO vs CORREA. Por Francisco Hidalgo

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La noticia del decreto presidencial por el cual el presidente Lenin Moreno quita las funciones al vicepresidente Jorge Glas [1] es un  acontecimiento político  importante en el Ecuador que abre una fractura fuerte en un proceso desarrollista hegemónico de algo más de una década, marca una encrucijada  y  pone  en cuestión los destinos del mismo.

Importante porque abre fracciones a lo interno de la dirección misma del movimiento Alianza País, sector político gobernante que había ganado consecutivamente cuatro elecciones presidenciales (2006 – 2017) y mayoría parlamentaria por tres períodos (2009 – 2013, 2013 – 2017, 2017 – 2021).

Durante toda esta etapa aparecía como consolidado un proceso  que logró combinar modernización económica  con estabilidad política, algo poco frecuente en la historia del Ecuador.

La pugna a lo interno del gobierno de Alianza País, entre el Presidente y Vicepresidente, que en el fondo es la disputa de liderazgo entre lo que representa Rafael Correa y Lenin Moreno, evidencia que los pilares sobre los cuales se construyó este proceso eran  de arena: caudillismo y extractivismo.

El movimiento Alianza País se constituyó como una amalgama de varias tendencias inicialmente alrededor de procesos electorales y luego para sostener un gobierno. Partido político que se construye desde el poder  y  la amalgama que los une a las tendencias es un liderazgo caudillista acentuadamente vertical.

A nivel político se conforma en el año 2006 para dar paso a la candidatura presidencial de Rafael Correa y una vez ganada las elecciones  para afirmar una línea desarrollista con un rol protagónico del Estado que coopta o reprime a los movimientos sociales.

A nivel económico es un proyecto desarrollista que se sustenta en el auge de los commodities, lo que lleva de la mano una orientación extractivista, alianza con el agronegocio y continuidad del patrón de acumulación primario – exportador. Hay una redistribución del ingreso por la vía de subsidios estatales que se nutren del aumento de la cuota estatal en la renta petrolera y el incremento de los impuestos.

A nivel internacional apunta a consolidar una multipolaridad geopolítica, para lo cual respalda los Brics, y establece una alianza fuerte, económica y política, con China.

En épocas de auge las diferencias se aquietan, pero en épocas de crisis las diferencias se agudizan.

¿Qué genera esta crisis?, por un lado el descenso del precio del petróleo que coloca como eje de la economía la recaudación tributaria y el endeudamiento externo, por otro lado la necesidad política del recambio en el liderazgo y la salida del caudillo, y finalmente la variación en el escenario internacional con el debilitamiento del ciclo progresista.

Correa y Moreno representan dos estrategias distintas para enfrentar la crisis, pero Moreno, durante la campaña electoral lo supo ocultar hábilmente.

Correa plantea una continuidad de un desarrollismo bajo direccionamiento del estado y la renegociación en el nuevo contexto internacional, ejemplo de ello es la firma hace pocos meses del acuerdo comercial con la Unión Europea, manteniéndose él como el poder tras el trono.

Moreno plantea un desarrollismo que amplía la estrategia de alianzas público – privadas, para ello retornar protagonismo a los medios de comunicación privados y a la banca nacional, desplazar a Correa y disputar el liderazgo dentro del movimiento Alianza País

Correa actuaba tras la figura del vicepresidente Glas y para Moreno era fundamental aislar a su binomio, para ello el tema  de la corrupción ligado a Odebrecht aparece como el caballo de batalla.

Las alianzas que cada uno pone en movimiento se mueven tanto por la derecha (las fracciones empresariales) como por la izquierda (las fracciones gremiales).

En la hora presente el escenario es de incertidumbre, la disputa inmediata se cierne alrededor del destino del bloque parlamentario de Alianza País, que es mayoritario dentro del poder legislativo, y también alrededor de probables medidas económicas para enfrentar desbalance en el comercio internacional (asunto clave en el marco de una economía dolarizada) y déficit presupuestario.

Será fundamental la participación activa o no de las bases populares del partido de gobierno, si salen a las calles o se quedan en caso, si pliegan a favor del caudillo (lamentablemente radicado ahora en Bélgica) o del nuevo presidente.

Aquello que aparecía solido se muestra endeble.

Es hora de evaluar críticamente el conjunto del proceso y pensar en alternativas que impliquen transformación estructural.

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[1] http://www.eltelegrafo.com.ec/images/cms/politica/2017/Agosto/04-08-17/decreto_100_nuevo_mandato.pdf

TRUMP SE DEFINE SOBRE CUBA: DE MALO CONOCIDO A PEOR POR CONOCER. Por Aurelio Alonso

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La Jungla de Wifredo LamCasi la mitad de este año hemos esperado por una definición del nuevo ocupante de la Casa Blanca que ya era del todo previsible. La prudencia de no precipitar vaticinios que pasaran por alto el supuesto pragmatismo del empresario capitalista exitoso y lo inesperado y hasta excéntrico del temperamento del nuevo presidente, no pueden confundirse con muestras de ingenuidad. En los manejos del tiempo en política no se debe subestimar la  necesidad del “tiempo de espera” que a menudo impone la coyuntura.

Uno de los biógrafos de John F. Kennedy afirmó que su muerte demostraba que los Estados Unidos podían ser gobernados por presidentes mediocres, incapaces y hasta sin presidente pero que no resistían tener un jefe de estado con inteligencia. A solo  un año de que decretara el “embargo” a Cuba, se podía percibir que fracasaba en el propósito de eliminar el “régimen”, y que sostenerlo era convertirlo en una acción de asfixia genocida. Se sabe que lo asesinaron cuando daba señales de estar dispuesto a un diálogo entre ambos gobiernos, aunque su mandato corre con el crédito  del patrocinio a los invasores en 1961 y la formación de las bandas del Escambray, el inicio del cerco económico y el amenazador despliegue naval alrededor de la Isla en la crisis de octubre en 1962. Paradojas de la Historia.

Decía un viejo amigo que el bruto es peor que el sinvergüenza, porque con este se puede discutir, llegar a arreglos o tomar distancia, pero los daños que puede hacer el primero son incontrolables. La mayor complejidad tiene lugar cuando coinciden las dos cualidades. Se han visto casos en la Oficina Oval.

Es cierto que la lista de los presidentes electos en los Estados Unidos no ha sobresalido por la constancia de virtudes tan necesarias como la honestidad, la sabiduría política, la prudencia y otras que debieran estar presentes en un sistema de gobierno representativo. No faltan estudios que han hurgado en la singular correspondencia entre la sucesión presidencial y la presión de la lógica del capital en la correlación que define el poder de Washington. De modo que, aunque el ingenioso comentario del biógrafo de Kennedy no deja de ser acertado, resulta del todo insuficiente para revelar los circuitos de mando que explican cómo funciona  el sistema estadunidense.

La historia del siglo XX revela la ruptura progresiva y creciente con los valores proclamados por los padres fundadores, cuyo declive y deformación nació y se manifestó con intermitencia mucho antes en la conducción de la Unión. Desde los mismos tiempos fundacionales, como puede constatarse.

Desde 1823 la consigna clave de la doctrina Monroe, «América para los americanos» ocultaba una ambivalencia entre el sujeto, que denotaba (y denota) la extensión del hemisferio, y el predicado, americans, que ya comenzaba usarse incluso en documentos oficiales, con exclusividad, para a los habitantes de los estados nacidos de las trece colonias. Un secuestro semántico en una connotación donde no figuraba (ni figura) el latinoamericano; y ni el canadiense: se es canadian o american. Pocos años tuvieron que pasar para que México, el país más rico y más extenso de Hispanoamérica, viera a sus vecinos del Norte arrebatarle por la fuerza la mitad de su territorio sin poder hacer nada por recuperarlo.

Bolívar advirtió sin rodeos de ese potencial peligro de recolonización, desde que nacía como un simple enunciado de política, y Martí lo pudo ver ya convertido en amenaza real y concebir la importancia de una nación cubana soberana no sólo para su pueblo sino para la América que llamó «nuestra». España se empeñó con saña en impedirlo y el imperio naciente esperó a su empecinado desgaste para aprovecharse, como había temido el Apóstol que sucediera. El imperio supo manejar el tiempo para que la usurpación colonial se produjera sin costos, y con saldos excepcionales.

Curioso destino de Cuba haber sufrido como pionera el yugo colonial español, para terminar estrenando, cuatro siglos después, el esquema de dominación con créditos formales de independencia ingeniado por el capitalismo, en una nueva etapa. Centrado en el “Nuevo Mundo” mismo, desplazando rivalidades europeas en la recolonización de la America Latina.

Hubiera sido un signo de candidez creer que el poder imperial iba a reconocer en 1959 la soberanía efectiva – que había logrado impedir en el resto del continente – en la tierra donde emplazó su primer ensayo neocolonizador. Fidel lo percibió desde la Sierra Maestra y preparó a su pueblo para enfrentar el cambio. Y la soberanía fue la primera y más preciada conquista de la victoria de 1959. Obligados a defenderla con las armas frente a la  invasión en Girón y a lo largo de cinco años de guerra con la contra-revolución organizada en más de ciento cincuenta bandas sostenidas por la CIA. Sería ahora el destino de Cuba, también, el de proveer al Continente el ejemplo de asegurar la soberanía frente al imperio: la libertad que, más allá de una expresión escrita, nace y se sostiene en la resistencia, como afirmara con acierto Cintio Vitier en un ensayo de fin de siglo.

Durante casi seis décadas, aquellas disposiciones presidenciales de 1962 fueron convertidas en una infranqueable estrategia de asfixia contra la sociedad cubana, intensificadas con continuos remiendos y convertidas en ley en 1996, para que ningún presidente sensato hallara facilidad en cambiar las cosas por sí mismo. Desde 1959 el objetivo estratégico de la política de Washington hacia Cuba ha sido el rescate de su dominación, en lo cual han fracasado hasta ahora once presidentes. Es una constante que Fidel nos enseñó a no pasar por alto.

Solo Barack Obama ha sido capaz de admitir públicamente el fracaso del bloqueo comercial, económico y financiero, un cuarto de siglo después de que el proyecto social  cubano se mostrara capaz de mantenerse  en pie, con sus logros sociales, tras los efectos devastadores de la desaparición del sistema socialista soviético. Cuba ha sufrido mucho desde entonces, pero ni siquiera llevando el cerco a su máxima expresión han logrado desestabilizarla. Fracasaron en enajenar su soberanía, aun abusando de la soledad y el desamparo material con que afrontó los noventa. William Clinton hubiera podido percatarse de ello dos décadas antes de Obama, de haber tenido la talla de estadista que a aquel sistema le cuesta tanto producir para dirigirlo.

Kennedy no fue el primer presidente norteamericano asesinado durante su mandato. Pero en su caso la conspiración de las fuerzas que realizaron el crimen se hizo escandalosa, y más escandalosa aun su impunidad. Sin embargo, dudo que en su tiempo un capo mafioso pudiera increparle con golpes en su mesa de la Oficina Oval, como cuentan Leogrande y Kornbluch que hizo Más Canosa con Clinton, por no cumplir supuestos compromisos. El llamativo blindaje de las limosinas armadas de Obama indica que quedó atrás la época del descapotable presidencial; este ha dejado de ser aconsejable ¿Será que le increpe con golpes en la mesa lo que trata Trump de evitar que le haga Marco Rubio si no le muestra gratitud por su apoyo? ¿O podría ser algo aún peor?

Más que la influencia efectiva de la ultraderecha cubanoamericana,  que ya ha dado suficientes signos de decadencia, como muestran las propias encuestas estadunidenses, el nuevo mandatario, incorporó el 16 de junio otro episodio a sus primeros desatinos en la Casa Blanca. Veo difícil que pueda limpiarse ya del lastre de revolcarse con aquella escoria política sin futuro en el sistema norteamericano.

Cuba no es, sin embargo, ni el primero ni el más importante de sus desatinos. Más graves me parecen el muro de México y su brutal política migratoria, que Peña Nieto, impotente y lacayuno, trata de disimular. Más grave su actitud prepotente con la Unión Europea en un momento en que, iniciada su crisis terminal desde el Mediterráneo, comienza el calendario de la desconexión  británica. Más grave sus primeros pasos en el Oriente Medio, donde supera las arbitrariedades de sus precursores añadiendo un peligroso acuerdo billonario de armamentos con Arabia Saudí – justo después de visitar al papa Francisco y fingirse sensible a su llamado de paz. Más grave la inflamación del presupuesto de guerra de este año en los Estados Unidos, para plácemes de complejo militar-financiero-industrial.  Más grave es su abandono del compromiso de los Estados Unidos con el acuerdo de París sobre el cambio climático, de cuyos efectos tampoco los quinientos personajes más ricos que contabiliza anualmente la revista Fortune van a escapar.

Y aunque no haya llegado el momento del pronunciamiento trumpiano decisivo contra Venezuela, es evidente que otro de los retortijones más graves del imperio –abonado, en este caso, por la política de su antecesor– se advierte en el respaldo a la oposición de la derecha venezolana hacia una salida golpista.

¿Qué otra cosa podía esperarse de ese anuncio del 16 de junio, concebido para satisfacer peticiones más que para definir una proyección coherente con los intereses del país que dirige? No deja espacio a dudas, además, que el lugar de enunciación de su política hacia Cuba sea precisamente el teatro que lleva el nombre del traidor Manuel Artime, en la ciudad de Miami. Como afirman no pocos analistas, los escasos avances puntuales de la política iniciada por Obama no fueron tocados en su estridente discurso. Tampoco es posible inferir, no obstante, que no se constate un retroceso, especialmente cuando ha anunciado, con énfasis “¡Reforzaremos el embargo!”. En tanto el giro de Obama en su año final se sostuvo a partir del reconocimiento de que aquella había sido una política equivocada, y de una explícita disposición a sacar a su país de ella. Creo que es lo primero a anotar, aunque el demócrata Obama no haya acompañado aquel anuncio de cambio con avances prácticos en resortes esenciales que estaba a su alcance tocar, e incluso se perciba desde 2015 un aumento de frecuencia en las sanciones financieras impuestas por la OFAC dentro y fuera de los Estados Unidos a entidades bancarias y aseguradoras, por amparar transacciones con Cuba. Por supuesto que esta persecución financiera se ha mantenido bajo el relevo republicano: ya son cuatro las multas impuestas en los meses transcurridos de 2017.

El resto del show de Miami, invectivas incluidas, repite manidas exigencias sobre los derechos humanos, concebidos como sombrilla para una oposición costeada desde allí, y allí representada,  invitada a codearse con terroristas jubilados y el resto de un cenáculo que ahora se declara trumpista.  Mantuvo la prohibición del turismo estadunidense y le puso una traba a las categorías autorizadas a viajar eliminando  visitas individuales.  En el fondo atenta principalmente contra las libertades de los ciudadanos de los Estados Unidos.

Proscribió también cualquier conexión con instalaciones pertenecientes al complejo de empresas del Ministerio de las Fuerzas Armadas. En los análisis que he podido leer se destaca la superficialidad de esta medida porque bastaría con devolver la corporación CIMEX al Consejo de Estado y/o cualquier otro enroque institucional. El magnate investido de poderes seguramente sea más ducho que los funcionarios cubanos en el camuflaje empresarial, tan rico en variantes para la evasión fiscal en el mundo del capital. Pero el ataque verbal contra GAESA no pasa de  una alharaca para el teatro miamense. Las empresas militares responden solamente por el 21% del PIB cubano y el 61% corresponde al sector estatal civil, en tanto el 18% restante es del sector no estatal, según datos ofrecidos por el politólogo Emilio Morales en un artículo reciente, frente a la imagen de militarización de la economía. Pero aun si no fuera así, no es el ejercito empresario lo que en el fondo molesta a Washington sino el Estado empresario, y si las empresas militares dejaran de serlo el problema seguiría ahí. Obama era más preciso (franco, directo) cuando anunciaba una apertura que privilegiara a los “emprendedores”, con algunos de los cuales pudo relacionarse en su visita a Cuba.

Se ha puesto de moda decir “emprendedores”, porque el concepto no sólo incluye a los trabajadores por cuenta propia sino también a los trabajadores por “cuenta ajena”, para hacer referencia al empresariado privado emergente.

Dudo que ningún Estado que se respete permita a otro, potencia o no, que excluya relacionarse con su sector estatal. Es una propuesta altamente discriminatoria que revela, en rigor, condicionamientos inaceptables para levantar el bloqueo. ¿Es que la condición termina en volver al estado de cosas precedente a 1959 para mantener las relaciones? Ese tipo de “normalización” no figuró a principios de los noventa entre las variantes posibles para los cubanos, y no hay motivos para que figure ahora.

Es previsible que limitar  del “contacto de pueblo a pueblo” a viajes en grupos se traduzca en una reducción, que  incidirá principalmente en este sector emergente (los “emprendedores”) más directamente que en las instalaciones de las empresas estatales. Estas últimas acogen principalmente al turismo de países que tienen relaciones normales con Cuba, donde las agencias de viajes ofrecen paquetes completos. En tanto la mayoría los viajeros estadunidenses se alojan en habitaciones rentadas y hacen sus comidas en los “paladares”, entre los cuales la escala recorre ya todos los niveles de exigencia y de precios.

El economista Pedro Monreal ha calculado que, debido a esta medida, en el segundo semestre de 2017 la perdida en ganancias para los “emprendedores” cubanos puede llegar a los veintiún millones de dólares. Se pregunta, con buena razón, si se trata de un “daño colateral”, o una acción  intencional: un modo de sabotear el proceso de descentralización estructural inscrita en la actualización en marcha del modelo socialista cubano.

No quiero terminar sin recordar que, a fines de noviembre pasado, el presidente electo, sin ser aun investido, no se limitó en hacer comentarios grotescos y calumniosos con motivo del fallecimiento de Fidel Castro. Todavía no había llegado a la Oficina Oval, pero quiso dar desde entonces una señal de sintonía con el cenáculo retrógrado que su miopía identifica con Cuba. En consecuencia, lo que acaba de suceder, aunque nos disguste que sea así, no debe sorprender a nadie. Además debe prepararnos para un cuatrienio de trumpismo, que significa, en el mejor de los casos, inmovilidad en los temas de relaciones bilaterales, desencuentros diplomáticos y endurecimiento de la retórica presidencial.

Ojalá me equivocara pero estoy convencido de que la ecuación se ha demostrado ahora de malo conocido a peor por conocer.

Donald Trump no es en el fondo impredictible, porque existen elementos para predecir también su impredictibilidad. Incluida la posibilidad de que en la práctica deje de ser coherente en sus anuncios, con todos o algunos, y Cuba – es decir, el “régimen” – estaría preparada para eso. Pero sin olvidar el pasado, ni el lejano ni el más próximo, y sin concesiones que impliquen renuncia de soberanía.

De todos modos, tengo la impresión de no haber visto nunca un caso presidencial en Washington que haya logrado unificar un consenso mayor en su contra, en tan corto tiempo, dentro y fuera de los Estados Unidos.

 

La Habana, 29 de junio de 2017

Roberto Chile

 

 

 

URUGUAY: MISTERIOS ECONÓMICOS…CRECE EL PBI Y NO AUMENTA EL “ESPACIO FISCAL”. Por Antonio Elías*

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mytology_Roberto_Matta_A_o_1980A partir del 13 de junio el equipo económico ha realizado múltiples reuniones para informar a la dirección y a los legisladores del Frente Amplio, así como a los sindicatos públicos,   cuales son los lineamientos – resoluciones del Concejo de Ministros – para la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal que se puede presentar no más allá del 30 de junio.

Cabe recordar dos aspectos muy relevantes que condicionan y califican esta instancia: en primer lugar, que no hubo presupuesto quinquenal, el cual fue sustituido – en forma inédita – por un presupuesto bianual y que en esta instancia – algo mucho más extraño aun – solo será anual; en segundo lugar, porque en 2018, año preelectoral,  rigen restricciones constitucionales muy precisas (Art. 229): “El Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias…”.

Quiere decir, entonces, que para que se puedan evitar esas restricciones constitucionales la Rendición de Cuentas del año próximo deberá ser votada antes del 26 de octubre, de lo contrario no se crearan nuevos cargos, ni existirán mejoras salariales. Como el desafío de cumplir con esos plazos no es nada menor, tomando en cuenta que  la fuerza de gobierno no tiene asegurada las mayorías parlamentarias está Rendición de Cuentas podría ser la última de este período de gobierno para lograr mejoras salariales y más recursos humanos para atender las crecientes necesidades de servicios públicos fundamentales.

1.- Fijando límites a las necesidades sociales

En los “Lineamientos para la Rendición de Cuentas 2016” el Poder Ejecutivo hace un muy breve análisis del  contexto económico internacional (se ha consolidado un escenario más adverso para nuestro país) y de la evolución de algunas variables de la economía nacional (la economía crece, pero el empleo sigue cayendo), en particular de las cuentas públicas (las principales preocupaciones son el déficit fiscal, que se mantiene elevado en términos estructurales y el aumento de la deuda neta del sector público consolidado).

En ese escenario reafirmando sus conocidos criterios de “prudencia y responsabilidad fiscal” realiza la revisión del escenario macroeconómico (considerando los elevados riesgos que se enfrentan) y ajusta la proyección de ingresos (algunos que implican aumento, como el crecimiento del producto y las transferencias de las Empresas Públicas, otros que implican reducciones, tales como las utilidades vertidas por el BROU) y de egresos  (importantes aumentos de gastos que no dependen de la voluntad del gobierno, tales como las transferencias a la seguridad social).

Como consecuencia de esas revisiones y ajustes el equipo económico llega a la conclusión de que existe escaso espacio fiscal para incrementar gastos y emite sus lineamientos/resoluciones: otorgar 50 millones de dólares para la ANEP, 12 para la Universidad y 10 para los Judiciales; no aumentar los gastos para 2019 y 2020; reducir el déficit fiscal financiado los egresos con incrementos tributarios a los juegos de azar y el aumento de la tasa consular a las importaciones.

Cabe agregar que los egresos aprobados en la Ley de Presupuesto de 2015 para ejecutarse en 2017 – los que fueron postergados como parte del ajuste fiscal del año pasado-  ya tienen financiamiento y serán ejecutados en 2018. En total suman cien millones de dólares que, entre otros,  recibirán: ANEP (26,3); Participación Público Privada (14,4); ASSE (11,4); Infraestructura Área Metropolitana (9,9); Nuevo Código del Proceso (6,4); Plan Ceibal (5,2); Cargos Escalafón Civil Penitenciario (5,2); Universidad de la República (4, 8).

2.- Cuando el producto crece más que las proyecciones

Debe destacarse que la piedra angular del llamado “espacio fiscal” es la estimación del crecimiento del producto y, consecuentemente, el aumento de la recaudación que eso implica. En sus lineamientos el gobierno estima que en 2017, el producto crecerá dos por ciento, un uno por ciento más de lo que había previsto, y que eso le dará un aumento de la recaudación de 130 millones de dólares; estima, a su vez, que en 2018 el producto crecerá 2,5 por ciento, medio punto porcentual más que lo previsto, eso implicaría recaudar 70 millones de dólares adicionales; en total aumentaría 200 millones de dólares.

Según el Informe Trimestral de Cuentas Nacionales del Banco Central del Uruguay (BCU), la actividad de la economía uruguaya creció 4,3 por ciento en el primer trimestre de 2017 con respecto a igual periodo del año anterior (aunque debe recordarse que fue un trimestre especialmente malo por la pérdida de cosechas y la caída del turismo).  Debe destacarse que el PBI tuvo una expansión de 1,5 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2016, que a su vez había aumentado 1,4 por ciento respecto al tercer trimestre, superando así un periodo de estancamiento de dos años.

A partir de las estimaciones del BCU es de prever que el PBI crezca este año por encima del tres por ciento, lo que implicaría un crecimiento de la recaudación de, al menos, 260 millones de dólares en 2017, lo que ampliarían en forma significativa las posibilidades de avanzar en el cumplimiento de los compromisos programáticos del gobierno, atender las necesidades sociales y aumentar los salarios.

Múltiples analistas coinciden en la estimación del crecimiento del producto y de la recaudación, pero difieren en lo que respecta al uso de esos recursos que, a su criterio, deberían utilizarse para reducir el déficit fiscal y/o para bajar el costo país y mejorar la competitividad.

En cualquier caso, el uso de estos recursos excedentes debería ser parte de las discusiones previas a la presentación de la Rendición de Cuentas.

3.- El gobierno pateó el tablero

En momentos en que estábamos terminando esta nota nos enteramos que el Poder Ejecutivo estaba presentando el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al parlamento, abortando así la posibilidad de negociar y mejorar una propuesta totalmente insuficiente para las necesidades del país que es rechazada por los trabajadores y diversas organizaciones sociales y políticas.

El Poder Ejecutivo abusa de su poder y a través de un acto intempestivo incumple nuevamente  la Ley de Negociación colectiva y bloquea todos los justos reclamos de los trabajadores y de sectores del propio Frente Amplio. Esta medida se toma unas pocas horas antes de que comience un paro general del PIT-CNT en rechazo a los lineamientos de una Rendición de Cuentas que no contempla incrementos adecuados para la salud, la educación, la vivienda, la atención de niños y adolescentes, ni el Plan Nacional de Cuidados. A la vez que,  tampoco incluye aumentos de salarios para los funcionarios de los servicios descentralizados. ¡Lamentable e incalificable!

*Antonio Elías es Master en Economía, Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.

Artículo publicado originalmente en el semanario “Voces”, Montevideo, el 22 de junio de 2017.

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