Tiempo electoral en Haití

Tiempo electoral en Haití

En este momento los haitianos son un electorado de refugiados que hace más de un año duerme en campamentos, entre muros de plástico, sin electricidad y sin agua, rodeados de toneladas de escombros y cuerpos entre los escombros. Las elecciones del 20 de marzo se realizan no sólo ante el paisaje descorazonador de un país azotado por el terremoto de enero de 2010; sino en medio de un panorama político plagado de errores e intereses que inspira arcadas al sentido común.

Haití, un país con un pasado colonial de cruel expolio, víctima de la ocupación militar de Estados Unidos y de brutales dictaduras, tiene como gran reto su reconstrucción pero no sólo en términos físicos sino de reparación y búsqueda de su horizonte de país, independiente de injerencias y soberano en sus decisiones. Lejos de la realidad maniquea que los países cooperantes y sus organizaciones financiadoras y militares sustentan, bajo la lógica de que los haitianos no son capaces de administrar su propio país, ni de encabezar la reconstrucción, ni de poder llevar adelante un nuevo gobierno.

En Haití se debe reconstruir un Estado y un país desde las ruinas. Más allá del sentido figurado, el sismo destruyó 28 de los 29 edificios ministeriales y el mismo Palacio de Gobierno; la población vive entre diez millones de metros cúbicos de escombros en las tres ciudades más afectadas, Puerto Príncipe, Jacmel y Leogane, ruinas de las que apenas se ha removido el cinco por ciento; 1.5 millones de personas se quedaron sin casas y según la Organización Internacional de la Migración (OIM), 800 mil viven en campamentos, calles o refugios; cuatro meses de epidemia de cólera ha costado la vida de casi cinco mil personas, en una relación de mil muertos por mes frente a los más de 300 mil muertos contabilizados luego del terremoto y a los 350 mil heridos que sobrevivieron a este sismo.

El terremoto político

Protestas contra la ocupación militar de la ONU

Protestas contra la ocupación militar de la ONU

René Preval, actual presidente, deberá dejar su lugar a Myrlande Manigat (ex senadora y esposa del ex-presidente Leslie Manigat) o Joseph Michel Martelly (un cantante popular) en esta segunda ronda de votación. Pero para los haitianos no fue fácil llegar a esta segunda vuelta. Los partidos opositores todavía amenazan con boicotear el conflictivo proceso electoral, que se vio afectado por el cínico retorno del ex dictador Jean Claude Duvalier, acusado de crímenes de lesa humanidad contra ciento cincuenta mil haitianos y por el desvío de más de 100 millones de dólares.

En medio de esto, el candidato oficialista Jude Celestin fue retirado del segundo puesto luego que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmara fraude a su favor; el Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití tuvo que aceptar las “recomendaciones” del informe de la OEA, que contaba con el apoyo de Estados Unidos y Francia, ex potencia colonial. La filtración de este informe a los medios provocó conflictos y disturbios callejeros entre noviembre y diciembre. En un arranque de sinceridad, el CEP reconoció que “ciertos socios extranjeros” tuvieron reacciones “con fuerte tono neocolonialista”.

Y posiciones neocolonialistas sobre Haití hay muchas, todas acentuadas luego del terremoto y que se sustentan en la misma lógica: considerar a Haití un país incapaz de gobernarse. Incluso sectores conservadores y moderados de Estados Unidos han hablado abiertamente de la posibilidad de instauración de un “protectorado” sobre el país. Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), días después del terremoto, habló de instaurar “una especie de Plan Marshall”.

La soberanía haitiana ¿qué es eso?

No sólo la cooperación internacional, a la cabeza de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino los mismos países cooperantes como Estados Unidos, y la clase política nacional, han demostrado que reconstruir el país está subordinado a sus ambiciones y que sólo por las formas se quiere apoyar a un nuevo gobierno, que no modifique las actuales reglas del juego de sus financiadores.

En uno de los pocos muros que no cayeron en Puerto Príncipe se lee un grafiti: “El gobierno de Préval ha vendido el país a las organizaciones internacionales”. Y la verdad no está tan lejos. Hace un año, la comunidad internacional comprometió al Gobierno cinco mil millones de dólares para la reconstrucción, este monto debía ser desembolsado en dos años. El primer año (2010) se debía invertir en la reconstrucción 2.100 millones, pero según el Banco Mundial apenas se entregaron 1.280 millones de dólares (63,6%). Otros fondos son los administrados por las más de 12 mil Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que tienen base en Haití, de las que apenas 150 rinden informes de sus actividades al Estado.

Frente a esto está el unánime sentimiento de frustración de los haitianos: los niños que pueden ir a la escuela no tienen lápices ni libros, dice el periodista Andrés Schipani; por el mismo camino, hasta hoy es posible leer carteles en los campamentos que dicen: “aquí se necesita agua, alimentos y medicamentos”. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) fue en parte franca cuando sostuvo que la ayuda humanitaria “no solucionará los problemas estructurales de Haití a largo plazo”. Pero si se piensa en la cantidad de dinero y la maraña de países cooperantes que intervienen en la isla, versus los magros resultados, queda en evidencia la incapacidad de la cooperación para resolver las cuestiones humanitarias incluso en el corto plazo.

Entonces ¿qué hacen en Haití? La razón sólo se explica a partir de los propios intereses que persigue cada cooperante, dentro de esto, su necesidad de neutralizar las propias capacidades de los haitianos para recobrar el poder y el control de su territorio y de sus vidas. La imposición de la intervención de la cooperación internacional en los procesos políticos, sociales, de seguridad y de la reconstrucción ha significado para los haitianos rentar su soberanía a favor de otros y postergar la miseria propia.

La lógica de la “operación militar humanitaria”

Esperando la distribución de alimentos

Esperando la distribución de alimentos

Aunque la sola posibilidad de un protectorado sobre Haití produce náuseas, en los hechos el país ya vivía en un régimen de semi protectorado desde 2004, con el ingreso de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) que contaba con 9 mil soldados desplegados en la zona. Luego de ocurrido el sismo, Estados Unidos anunció el envío de unos 20 mil uniformados; la Minustah se comprometió a aumentar 3.500 militares y Brasil anunció tener 1.200 efectivos; lo mismo con países de la Unión Europea, como la operación militar “Hispaniola” de España. Con la pobreza como argumento, Haití se convirtió en un año en uno de los países de América Latina y El Caribe con más presencia militar internacional sin estar en situación de guerra.

Pero la ONU no acepta críticas al respecto ni fuera ni dentro de la organización. Sólo hay que recordar el caso de Ricardo Seitenfus que denunció que la Minustah impone tropas en un Estado que no está en guerra civil, ni representa amenaza internacional: “Se trata, para la ONU, de congelar el poder y de transformar a los haitianos en prisioneros de su propia isla”, dijo Seitenfus en diciembre de 2010 y 24 horas más tarde fue despedido. Ricardo Seitenfus era el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Haití.

La instrucción de los militares en la zona ya no es la de colaborar en operaciones de rescate o reconstrucción, es la de imponer orden a través del miedo. La asesora de derechos humanos de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), Leandra Perpétuo, denunció que todo Puerto Príncipe cuenta con presencia militar armada con tanques de guerra y armas con mira láser. Los haitianos no sólo son víctimas de la intimidación militar extranjera en su tierra, también son víctimas de sus abusos: hay que recordar que en 2007 fueron expulsados 100 soldados de Sri Lanka, acusados de pedir sexo a niñas a cambio de un dólar, y que el pasado noviembre los cascos azules fueron enfrentados por grupos callejeros que exigían su salida del país: “Minustah vete de aquí”, “la ONU quiere matarnos”, gritaban los haitianos.

Este último disturbio se debió a la denuncia contra los cascos azules por haber importado la bacteria del cólera y contaminado el río en el delta del Artibonite. Las violentas manifestaciones contra su presencia –sobre todo contra el destacamento de Nepal- dejaron al menos seis muertos en Cabo Haitiano, al norte del país. Aunque nuevamente la ONU no aceptó la culpa, estudios concluyeron que una cepa asiática originó el contagio y que ésta fue “importada”. La pasada semana la ONU se vio nuevamente en conflictos con civiles, cuando se desató otra violenta manifestación contra el Programa Mundial de Alimentos (PMA), sin olvidar los conflictos luego de las elecciones de noviembre, azuzadas por las presiones políticas de la OEA.

El negocio de la reconstrucción

En medio de todo esto está el gran negocio de la reconstrucción y de las corporaciones internacionales. Antes de ninguna reparación ya se han vulnerado dos principios fundamentales para Haití: contratar mano de obra nacional y contratar los servicios empresariales con sede en el país. Un reciente informe de la Agencia Estadounidense de Ayuda Humanitaria a Países Extranjeros (USAID) delató que sólo 20 de sus contratos beneficiaron a empresas de propietarios haitianos, de los 1.583 contratos concedidos por USAID por un total de 267 millones de dólares. En otras palabras, de cada 100 dólares que Estados Unidos gasta para la reconstrucción, las empresas de la isla ganan 1,60 dólares.

Incluso se ha acusado a funcionarios de USAID de usar sus influencias para beneficiar a empresas como la multinacional Haiti Recovery Group Ltd. con capitales estadounidenses y británicos, también –y esto ha sido reconocido por USAID- otorgar contratos sin licitación a empresas contratistas de EE. UU. como Development Alternatives Inc., Bethesda, Maryland y Chemonics Internacional. El periódico Current afirmó que la isla se ha convertido en un motor de lavado de fondos públicos hacia las empresas privadas extranjeras.

A fines de febrero, la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), encabezada por Bill Clinton -enviado especial de la ONU-, trabajaba en proyectos por un monto de 225 millones de dólares, con futuras contribuciones de 30 millones de España y de Japón y el compromiso del BID de una donación anual de 200 millones de dólares durante diez años. Pero pese a que los cooperantes se llenan a boca de desarrollo de la mano de la reconstrucción, a los haitianos no se les permite ser parte de este proceso.

No sólo porque se ha llegado a evidenciar que de los 25 mil trabajadores locales que las empresas debían contratar apenas se cumplen con el 30%; sino que mientras las multinacionales merodean las ruinas de Haití como carroña, los empresarios haitianos no logran ni siquiera participar de las licitaciones internacionales de la cooperación. El propietario de la compañía haitiana Chabuma SA explica a un periodista -mientras muestra los materiales de construcción de su empresa (puertas, clavos, cemento)-: “puede que no tengamos la amplia capacidad de una compañía de Estados Unidos, pero somos respetables”, pero decencia es una palabra ajena en la diplomacia del negocio de la reconstrucción: la ONG Plan ya ha advertido sobre la precariedad en los diseños y materiales utilizados en las estructuras de las escuelas. A quién le sirve un país hecho de cartón, frente a la llegada de la temporada de huracanes de El Caribe.

Lo urgente y lo necesario

La lenta y esperada reconstrucción

La lenta y esperada reconstrucción

Cuáles son los temas urgentes para encarar con seriedad la reconstrucción. Amnistía Internacional (AI) denunció en enero violaciones masivas a mujeres en los campamentos: 250 casos de violación durante los 150 días posteriores al sismo. Aunque parezca una broma perversa, la respuesta humanitaria de la ONU fue facilitar 17 mil linternas para usarlas en los campamentos. Pero los haitianos necesitan viviendas reales y no muros de plástico ni linternas para iluminarlas: “nosotros necesitamos casas, como establece la Constitución haitiana”, lloraba un activista para frenar las expulsiones forzadas de los campamentos de desplazados. Unicef reveló que unos 400 mil niños viven hacinados bajo carpas, muchos no van a la escuela y la desnutrición crónica afecta a dos de cada tres menores de cinco años.

Será necesario escuchar a los haitianos, a las víctimas, a los trabajadores y sus iniciativas. La Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) y a la Confederación Sindical Internacional (CSI) tal vez son los únicos que confían en la capacidad de organización civil en Haití; ellos concertaron donaciones vía sindicatos en la isla y apoyan la formación de mano de obra para la reconstrucción. Pero el hecho se repite y la Confederación de Trabajadores Haitianos (CTH) y la Coordinación Sindical Haitiana (CSH) lamentablemente están al margen de la reconstrucción de su país.

Haití debe recuperar a los suyos y la dignidad de su gente ¿cómo resolver la diáspora? ¿cómo frenar el desempleo masivo, la huida y el sálvese quién pueda? ¿cómo recuperar a los aproximadamente cuatro millones de haitianos que viven repartidos entre Estados Unidos, República Dominicana, Cuba y Francia? Finalmente, cómo decirles que sus remesas –que representaban el 15,4 por ciento del producto interior bruto (PIB) haitiano- son un depósito de confianza para el futuro de la isla.

La imagen de una haitiana renegrida sentada en la vereda, frente a la nada, cansada por cargar una bandeja de agua limpia, que espanta con una mano el polvo que deja a su paso una vagoneta con el logotipo “ayuda humanitaria”, nos recuerda que la lucha es de nosotros como las penas son de nosotros y que -por el momento- las vaquitas son ajenas.

* “Las penas y las vaquitas”, frase de la canción “El arriero” de Atahualpa Yupanqui

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