Este año, denominado por algún medio de comunicación como el ‘año verde‘, en alusión al color de los pañuelos y banderas que enarbolan militantes por la legalización y despenalización del aborto, puede convertirse en un año clave en la vida de las mujeres argentinas (1).

El 8 de abril pasado en importantes medios de comunicación de Argentina, la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” que congrega a unas 280 organizaciones, publicó una solicitada (2) firmada por 50 diputadas y diputados y cientos de ciudadanas y ciudadanos que coinciden en reconocer a esta demanda como un derecho de las mujeres. A favor de la legalización y despenalización del aborto se pronunciaron también siete universidades nacionales. Esta actividad responde a un plan de lucha que desde hace años viene desarrollando quienes militan a favor de la causa y que se refuerza en este 2011.

Paralelamente, mientras las organizaciones de mujeres exigen que el Congreso Nacional debata y sancione el proyecto Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ha promulgado al 2011 como el “Año de la vida”, profundizando su conocida posición que aboga por “el derecho a la vida desde la concepción”.

En este sentido, no es casual que la institución eclesial se organice para generar actividades varias y contraponer mensajes en lo que se supone será un año de conflicto con los sectores que buscan instalar el debate de dicha ley en el parlamento.

Es probable que la reciente aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario acontecida a mediados de 2010, haya acrecentado los temores de los sectores conservadores acerca de los avances de quienes proponen importantes reformas jurídicas y legales. Incluso se espera en breve poder debatir también un proyecto de Ley de Identidad de Género para Personas Trans y la Ley de Atención Integral de la Salud para Personas Trans, sumando esta última una demanda más al sector de salud nacional, que no está actuando coordinadamente, ni siquiera para el cumplimiento de la ley en los casos abortos considerados no punibles. Las intervenciones de grupos pro vida que interponen amparos judiciales genera el entorpecimiento del derecho a interrumpir  legalmente esos embarazos.

Recordemos que la demanda por la legalización implica la posibilidad de que la mujer se realice un aborto en el sistema de salud, mientras la despenalización implica que la mujer no debe ir presa por haberse realizado un aborto. Dada la diferencia en términos conceptuales y a nivel de la práctica social, existen interesantes relevamientos de opinión pública que dan cuenta del apoyo que reciben estas variables, de manera diferenciada en las encuestas (3).

Es preciso detenernos en la distinción, dado que la opinión social no se manifiesta en un sólo sentido como podría pensarse, sino que tiene variantes interesantes, que deben ser interpretadas a la luz de las dinámicas sociales estimuladas por las instituciones pero también por los medios de comunicación masivos.

Analizando detenidamente los datos de las encuestas especializadas, se observan segmentos poblacionales (diferenciados por sexo, edad y fundamentalmente nivel educativo, entre otros) donde despenalización y legalización tienen apoyos diferenciales. A la vez, el aborto considerado no punible por el Código Penal de la Nación (4) congrega un mayoritario apoyo social. La sociedad local está mostrando importante cambios respecto a su opinión sobre el aborto y el apoyo a la medida no ha parado de crecer, alcanzando niveles de alrededor del 70% de acuerdo en el caso de aborto no punible (5).

Por otra parte, en un año de elecciones el tema del aborto parece ser evitado por los candidatos, evitando involucrarse en debate alguno. Incluso no es apoyado por la actual presidenta de la Nación y posible candidata por un nuevo período, Cristina Fernández.

Como viene aconteciendo en otras instancias de elecciones presidenciales y de gobernadores, el tema no es discutido a no ser por aquellas candidatas que específicamente se hallan involucradas en la militancia con organizaciones de mujeres o el movimiento feminista. Diputadas como Cecilia Merchán (Libres del Sur) o María Luisa Storani (UCR) han impulsado durante su mandato el más pretencioso proyecto de legalización y despenalización del aborto discutido a fines de 2010 en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Senadores de la Nación.  Fue la primera vez que el tema se discutió en ese ámbito.

Lo esperable en estos próximos meses es que el argumento de la salud de las mujeres como un derecho humano sea uno de los más sostenidos, vinculado intrínsecamente al argumento del aborto inseguro como un problema de salud pública. En Argentina, como en la región, las complicaciones relacionadas con el aborto figuran como la primera causa de muerte materna en 14 de las 24 provincias argentinas (6), donde además según estimaciones recientes y aproximativas, se calcula que se realizan alrededor de 485.000 abortos al año (7).

Pero la demanda es incompleta si no advertimos que este proyecto es más amplio que la especificidad que plantea la legalización y despenalización del aborto. Si el foco se centra en estos aspectos es porque allí la legislación es difusa o prácticamente inexistente. Sin embargo la demanda incluye también garantías de contar con educación sexual y el acceso a métodos para prevenir embarazos. Estas son también deudas de la democracia con las mujeres argentinas.

Notas

(1) Artículo en Suplemento Las12 de Pagina12 del 31/12/2010.

(2) Disponible en http://www.abortolegal.com.ar y http://abortolegalseguroygratuito.blogspot.com/.

(3) Remito a la investigación realizada por investigadores e investigadoras especialistas, en el marco de un Estudio Colaborativo Multicéntrico en 2007, entre ellos Ana Andía, Josefina Brown y Mario Pecheny.

(4) El Código Penal Nacional indica en su Art. 86, inciso 1 y 2, que el aborto no es punible sólo “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

(5) Ver a modo de ejemplo los relevamientos que cita Mónica Petracci en Hoja Informativa Nº 1, abril de 2007, disponible en http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/Hojas_Informativas/01_Petracci.pdf y los realizados por la consultoras Ibarómetro http://www.ibarometro.com/informes-publicados-ampliado.php?id=60.

(6) “Estructura de causas de la muerte materna, quinquenio 2004-2008”. Fuente Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, en Hoja Informativa OSSyR N° 1, abril de 2010, pp. 4-6.

(7) Pantelides Edith. A y Silvia Mario 2007. “Morbilidad materna severa en la Argentina. Módulo de Estimación de la magnitud del aborto inducido”. Buenos Aires; CEDES, CENEP, 2007. Resumen Ejecutivo. En http://www.cedes.org/informacion/ci/publicaciones/index.html Acceso 03/2009.

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