El sábado 22 de abril, cuando se conmemoró el día Mundial por la Tierra, cumplieron 39 días en huelga de hambre los comuneros Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche, condenados a 25 y 20 años de cárcel, como forma de protesta por el proceso judicial en su contra, en el marco del denominado “conflicto mapuche” en el Sur de Chile.

Esta nueva huelga de hambre de los presos políticos mapuche no ha logrado tener cabida en los medios nacionales y probablemente tampoco a nivel internacional, a diferencia de la huelga llevada a cabo por 34 comuneros desde diversas cárceles del sur de Chile, durante el 2010, donde superaron los 84 días sin ingerir alimentos.

Esta situación permitió como nunca antes visualizar la situación de las comunidades mapuche en conflicto con latifundistas locales y empresas trasnacionales, además de la persecución y militarización de las comunidades, la aplicación de leyes antiterroristas y el doble enjuiciamiento tanto en tribunales militares como en tribunales civiles de los imputados mapuche. La mediación de la Iglesia Católica, a través del Monseñor Ezatti y el trabajo en terreno de los propios ministros de Piñera, llegaron cuando la huelga ya había tomado ribetes críticos, con un deteriorado y riesgoso estado de salud de los comuneros, cotidianas manifestaciones y actos de solidaridad a lo largo de todo el país, y un cerco comunicacional de silencio que habían impuesto los grandes medios, que se vieron finalmente sobrepasados y debieron dar extensa, aunque muy sesgada, cobertura al conflicto.

Esta huelga logró hacer visible una situación ampliamente denunciada por diversos observadores y organismos de derechos humanos internacionales y locales: la aplicación de una ley absolutamente impropia de sociedades democráticas, como la Ley Antiterrorista de Pinochet, que permite la vulneración de las garantías básicas de los imputados, como la detención y prisión preventiva durante meses (años en algunos casos esperando juicio) con su sola invocación por la fiscalía, la utilización de testigos sin rostro y pagados por la fiscalía; además de los dobles procesamientos y el juicio de civiles ante tribunales militares, entre otras de las situaciones visibilizadas por este conflicto.  Producto de esta huelga se generan mesas de negociación con los voceros y familiares de los presos mapuche, y finalmente la huelga es depuesta luego del compromiso del gobierno de modificar la ley antiterrorista y no volver a invocarla frente al “conflicto mapuche”, terminar con los dobles procesamientos y trasladar los juicios desde los tribunales militares a tribunales civiles.

No obstante lo anterior, nos encontramos hoy frente a una nueva huelga de hambre de 4 presos mapuche, condenados en primera instancia a 20 y 25 años de prisión, que cumplen al día de hoy 44 días sin ingerir alimentos y han bajado entre 14 y 16 kilos de peso.  ¿Qué sucedió finalmente con los acuerdos que permitieron deponer la huelga del 2010?

Los presos mapuche, sus familiares y su principal vocera, la joven estudiante de derecho, Natividad Llanquileo, han manifestado su profunda disconformidad con el proceso del juicio de Cañete, considerado como irregular, sin pruebas válidas y sometido a fuertes presiones políticas.  Por este motivo han solicitado la nulidad del juicio, solicitud que ha sido acogida.

De los 34 presos políticos en huelga de hambre el 2010 (cabe sumar la situación de 3 menores de edad, recluidos en un centro del Servicio Nacional de Menores, también acusados de terrorismo por la fiscalía, vulnerando brutalmente la Convención de Derechos del Niño, que también se sumaron a dicha huelga), 30 cumplen condenas en libertad o fueron sobreseídos, al reconocerse que los ilícitos que se les imputaban no constituirían actos “terroristas” ni nada parecido y que al eliminar los medios de prueba propios de la ley antiterrorista y la justicia militar que no son admisibles en un juicio civil (declaraciones sin abogado defensor y bajo apremios ilegítimos, formas de tortura física y psicológica según los presos mapuche), no quedaba nada en su contra.  Es decir, todas las supuestas pruebas que permitían mantener en la cárcel y buscar condenas por más de 100 años en algunos casos perseguidas por la Fiscalía, no eran admisibles en un juicio sin ley antiterrorista y en el marco de leyes con garantías básicas de igualdad y proceso justo.  El reclamo de las comunidades, familiares, observadores internacionales y organismos de derechos humanos de que se trataba de montajes y juicios arbitrarios se hizo evidente.

A pesar de todo quedaba un evento que no siguió este mismo camino. La corte de Apelaciones de Concepción revocó todas las medidas a favor de los comuneros Mapuche en el denominado caso de la emboscada al fiscal Elgueta, ocurrido en el sector de Lleu Lleu, comuna de Tirúa, permitiendo en uso de testigos sin rostro y nombre, y validando medios de prueba obtenidos bajo situaciones de apremio ilegítimo e incompatibles con la justicia civil.  Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche, líderes de la Coordinadora de comunidades en conflicto Arauko-Malleko, son condenados a 25 y 20 años de cárcel.  La percepción generalizada es que se trata de una condena que busca dejar un “ejemplo”, un castigo, luego de que se derrumbaran todos los casos llevados a la justicia por el Ministerio Publico en contra de mapuches acusados de “terrorismo”.  No hay que olvidar que el delirio de la Fiscalía llegó a límites incluso irrisorios para el Departamento de Estado de EEUU, pues gracias a los archivos desclasificados por Wikileaks, hoy se sabe que el FBI consideró inexistentes los vínculos de la Coordinadora Arauko-Malleco con las FARC y con ETA, que era el paraguas de fondo de la fiscalía para situar un corte de camino rural, una toma de fundo o la quema de un camión de una empresa forestal en el sur de Chile, como “actos terroristas” de mapuches aliados con redes internacionales de “terrorismo”.

En este caso, pese a que el Estado retira la invocación a la ley antiterrorista, a través de la Corte de Apelaciones de Concepción se permite incorporar al juicio el uso de los testigos sin rostro y nombre, y las pruebas objetadas por la defensoría.  La defensa y los observadores internacionales hablan de un burdo montaje entre la policía y fiscalía, para transformar una situación de allanamiento policial masivo (más de 200 efectivos policiales con armamento de guerra, vehículos especiales, gases, etc. ingresando a las comunidades por una simple orden de detención), y la mínima resistencia de las comunidades (con piedras, palos y una escopeta a perdigones) en una “emboscada” para dar muerte al fiscal Elgueta, planificada por la Coordinadora Arauko-Malleko.

El recurso de nulidad presentado por la defensa de los comuneros mapuche cuenta con un enorme respaldo de los distintos territorios Mapuche, de movimientos ciudadanos, organismos de derechos humanos y observadores internacionales.

Un llamado internacional de numerosos artistas, personalidades públicas, académicos, organizaciones indígenas, organizaciones ciudadanas, de las más diversas nacionalidades se han pronunciado por la anulación del juicio de Cañete, por la Libertad de los Presos Políticos Mapuche y Juicios Justos sin Ley Antiterrorista.  Entre los firmantes destacan dos premios Nobel de la Paz; Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú; escritores como Eduardo Galeano y Pedro Lemebel, artistas como Manu Chau y el grupo Aterciopelados, académicos e intelectuales como Immanuel Wallerstein, Boaventura de Sousa Santos, Emir Sader, Michael Lowy, Pablo González Casanova, Theodonio Dos Santos, Francisco Fernández Buey, Ana Esther Ceceña, Raúl Zibechi, John Holloway, Maristella Svampa, Carlos Aguirre Rojas, entre otros, además de organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Jóvenes en Resistencia Alternativa, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costera de Chiapas, Movimiento por la Justicia del Barrio, Colectivo de Mujeres Tejiendo Resistencias, entre muchos otros.

El titulo de esta breve columna hace referencia al Día Mundial por la Tierra y la huelga de hambre de los presos políticos Mapuche.  ¿Qué tienen que ver? La lucha y resistencia de las comunidades Mapuche es principalmente por la tierra, por la tierra en el sentido amplio de la palabra, territorio, recursos, ecosistemas, por desmercantilizar la naturaleza y por un modelo de desarrollo alternativo o más bien una alternativa al desarrollo, por disputarle al neoliberalismo el destino de los territorios y oponerse al ejercicio del poder vertical y a distancia que promueve la globalización en su versión hegemónica o desde arriba.

El mal denominado “conflicto mapuche”, tiene que ver, entre muchas otras cosas, también con la resistencia de las comunidades a los sectores más dinámicos del capital neoliberal y sus proyectos de inversión en el sur de Chile: el entramado forestal y la producción de celulosa, los proyectos energéticos hidroeléctricos y las estaciones a carbón, la acuicultura intensiva y la pesca industrial, la minería y la empresa agroexportadora.  Los ejemplos son evidentes: en la Zona del lago Lleu Lleu donde está situado el conflicto del juicio en cuestión, hay enormes proyectos de inversión minera, por el descubrimiento de importantes recursos en el lago y sectores aledaños, existiendo enormes solicitudes de concesiones a empresas mineras bajo los pies de las propias comunidades.  Pero es también uno de los focos de mayor resistencia histórica del pueblo mapuche, desde los tiempos de guerra contra los españoles hasta el día de hoy.

Desactivar esta resistencia, doblegarla, fraccionarla, quebrarla, parece ser un objetivo previo fundamental a lograr para llevar a cabo estos proyectos transnacionales de extracción.

La enorme expansión forestal en los territorios del sur de Chile la ha transformado en una de las actividades económicas más poderosas del país, fuertemente incentivada por el Estado, encontrando la resistencia de las comunidades mapuche ahogadas por las enormes extensiones de monocultivo de pino y eucalipto, la degradación, erosión y la perdida de fuentes de agua, además de los nefastos efectos sociales de dicha actividad.  Las comunidades que se han resuelto frenar esta expansión, recuperar territorios para la vida, son catalogadas de “conflictivas”, presionadas policial y judicialmente, complementando con diversas medidas “compensatorias” para dejar la resistencia y promover la migración.  El procesamiento de la materia forestal para producir celulosa también ha generado enormes conflictos ambientales, contaminación de ríos y crisis ecológicas de enorme impacto, por ejemplo en el caso de CELCO que luego de devastar el santuario de la naturaleza del Río Cruces, propone verter sus desechos tóxicos directamente al mar a través de un ducto en la zona de Mehuín.

Nuevamente son las comunidades Lafkenche (mapuche del mar) el principal obstáculo a este proyecto, por su fuerte resistencia y defensa del mar, que ha logrado a duras penas contener por varios años este proyecto, pese a los sobornos, el matonaje, influencias políticas y otras oscuras jugadas de la empresa, dependiente de algunas de las familias y grupos económicos más poderosos del país.  En materia energética siguen los ejemplos, a través de la oposición de las comunidades a diversos proyectos hidroeléctricos o a carbón por su impacto en los ecosistemas locales, en un contexto donde la producción de energía nada tiene que ver las necesidades de las personas, sino con los requerimientos de estas mismas iniciativas privadas, sobre todo los nuevos proyectos mineros, que demandarán enormes recursos energéticos para llevar a cabo sus objetivos.  Y así suma y sigue.

El denominado “conflicto mapuche” poco tiene que ver con el fundamentalismo étnico y menos con redes de terrorismo internacional, como han querido representarlo los grupos poderosos utilizando todos sus recursos y espacios de influencia: sistema político, medios de comunicación, sistema judicial-policial.  Más bien es una lucha por la dignidad y autonomía como pueblo, por defender la vida, los derechos fundamentales de las personas y comunidades, y por posicionar una forma diferente de entender el territorio, sus recursos y su desarrollo, que promueva la gestión común por sobre el aprovechamiento privado, el beneficio local por sobre la ganancia a distancia, el control político local y participativo frente a la decisión autoritaria, vertical y remota.

Lo que suceda con los 4 presos políticos mapuche condenados en Cañete; la imposición de los intereses y la condena promovida y elaborada desde los espacios de poder, o la consideración de los argumentos de las comunidades, observadores internacionales, movimientos ciudadanos y organismos de derechos humanos, marcarán sin duda el rumbo en el futuro cercano de la situación en el sur de Chile.

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