En estos dieciséis meses del gobierno de Juan Manuel Santos hemos asistido a una profunda redefinición en el andamiaje jurídico e institucional en Colombia. En efecto, las cinco reformas constitucionales, aunadas a las que se encuentran en curso, y las múltiples leyes que en materia rural, económica, política y de la administración del estado se han producido, dan cuenta de dicha redefinición.

Esta prolífica producción normativa que ha caracterizado a esta administración, debe leerse de cara a dos dimensiones. Por una parte, una estrategia de reestructuración y relegitimación de un régimen político fragmentado y polarizado bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Y por la otra, una estrategia de reprimarización económica, que busca posicionar al país en la división territorial del trabajo como clúster minero energético (especialmente carbón, oro y petróleo) y agroindustrial (palma, caucho y plantaciones forestales)

Podríamos decir entonces, que estas dimensiones se constituyen en los ejes estructurales que definen el horizonte de sentido del actual gobierno, y que en consecuencia de cara a estas, deben leerse los desarrollos legislativos del 2011. Teniendo como marco de referencia estos presupuestos, este artículo busca mostrar un balance general de las principales leyes y reformas constitucionales que se desarrollaron durante el 2011 y problematizarlas de cara a los desafíos que éstas le plantean a la superación de los conflictos territoriales que se viven en diversas regiones del país.

Reestructuración institucional . Dos de las reformas más importantes que se han dado y se están dando bajo este gobierno,  asociadas con el desarrollo institucional y en consecuencia con uno de los soportes transversales de la política de prosperidad democrática como es el del buen gobierno, son la reforma del Estado y de la administración de justicia.   La ley 1444 sobre la Escisión de Ministerios desvela una importante reestructuración institucional del estado a nivel nacional. A través de esta el país vuelve a tener 16 carteras ministeriales y asiste a la creación de unos nuevos sectores administrativos para la regulación de los asuntos del accionar del estado.

Entre los cambios se destacan la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Estos dos ministerios son fundamentales para impulsar el objetivo central del Plan Nacional de Desarrollo como es el de la convergencia regional. En efecto, estas instituciones concentraran sus esfuerzos en la definición de una nueva espacialidad urbana-rural que se ajuste a la nueva geografía de la acumulación capitalista que se requiere en el escenario contemporáneo. Entre los puntos más importantes se destacan la transformación de los centros urbanos de las ciudades capitales y el despliegue de una estrategia reprimarizadora con unos márgenes mínimos de sostenibilidad ambiental.

Otro de los reajustes ministeriales significativos es el que se da con el Ministerio de Minas y Energía, al cual se le quitan funciones operativas y se le asigna como única y exclusiva responsabilidad la formulación y reglamentación de políticas de minería; y a la par se crea la Agencia Nacional Minera, encargada de los procesos de contratación y titulación, del seguimiento, el control y la seguridad minera, y de los temas de promoción y fomento. Esta adecuación institucional es fundamental para dar sostenibilidad a la locomotora minera de Juan Manuel Santos, que hoy es responsable de buena parte de los conflictos socioterritoriales que se viven en el país por las afectaciones que en términos ambientales, culturales y de seguridad y soberanía alimentaria, de estos se desprenden; los casos de Santurbán, la Colosa, Marmato, el Catatumbo, el César, Sárez Cauca, entre otros son representativos de esta cuestión.

En este apartado de reforma institucional también podríamos ubicar la ley estatutaria 1475 sobre reforma política, la cual puede ser una eventual amenaza para avanzar en la muerte política de partidos de la oposición a los que desde el régimen regularmente tiende a realizarles imputaciones de vínculos con grupos insurgentes.

Desarrollo rural y legalización de los derechos de propiedad. La ley 1448 conocida como las ley de victimas del conflicto armado interno en Colombia y de restitución de tierras, y el borrador de proyecto de ley de desarrollo rural, se constituyen en herramientas jurídicas sobre las que se pretende apoyar la actual administración para impulsar su estrategia de una nueva ruralidad minera y agroindustrial. En efecto estas dos iniciativas, abren el escenario para avanzar en políticas de ordenamiento productivo del territorio rural que subordinan proyectos agrícolas campesinados sustentados en el minifundio, hacia estrategias agroindustriales de corte latifundistas y ampliamente tecnificadas.

En efecto, esta ley termina limitándose a aclarar los derechos de propiedad rural, elemento estratégico para el sostenimiento del modelo desarrollo primario exportador hacia el que hoy se orienta la economía del país. La ley no permite avanzar en escenarios reales de reparación, al no garantizar entre otras cosas a las victimas: el acceso a bienes muebles como semovientes, enseres, entre otros; al excluir de la reparación a los tenedores “porque no ejercían derechos o expectativas de derechos susceptibles de ser restituidos”; al no reconocer como víctimas del conflicto a los dirigentes de la oposición asesinados al margen de los combates y que están tendiendo a catalogarse como delitos comunes; y al no dar medidas de protección que garanticen condiciones de seguridad y respeto de vida para las personas que retornen a sus tierras. Esto en aras de evitar procesos de revictimización.

Sostenibilidad fiscal, regalías y seguridad ciudadana. Acorde con el ideario neoliberal que enarbola el gobierno de Juan Manuel Santos se presentaron al Congreso de la República dos reformas al título XII de la Constitución política sobre el régimen económico y de la hacienda hacienda pública, que terminaron materializados en los actos legislativos 5 y 3 de 2011. A través de estas reformas constitucionales fue posible establecer el principio de sostenibilidad fiscal (modifica los artículos 334, 339, 346) y el Sistema General de Regalías (modifica los artículos 360 y 361). Estas dos reformas garantizan tanto el saneamiento de las finanzas públicas a costa del gasto social, como el pago de la deuda externa; componentes centrales de cara a los compromisos adquiridos con los organismos financieros internacionales y el capital mundial.

En efecto, bajo el reconocimiento de que la sostenibilidad fiscal es un derecho colectivo se limita el ejercicio de derechos individuales fundamentales, como el derecho a la vida, so pena pueda poner en riesgo las finanzas del Estado. De la misma manera, con la creación del sistema general de regalías se logra por una parte garantizar el pago de la deuda a través de los recursos que recibiría el fondo de ahorro y estabilización administrado por el Banco de la República, y se desprotege las coberturas mínimas en salud, educación, mortalidad infantil, agua y alcantarillado, garantizadas por el régimen anterior.

Finalmente, podemos mencionar la ley 1453 de seguridad ciudadana que reforma el código penal y que se constituye en un serio revés a los derechos de la protesta social al criminalizar entre otras cosas manifestaciones en la vía pública que puedan obstaculizar la infraestructura de transporte; en este sentido protestas que impidan normal movilización del transporte público urbano e intermunicipal, pueden ser objeto de importantes penal. Y la propuesta de reforma liderada por Roy Barreras de crear un marco jurídico para la paz, a través de las reforma al artículo 66 transitorio en la constitución política de Colombia..

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