El Código Sanitario chileno contemplaba desde 1931 el aborto por razones de salud de la mujer. En 1989, meses antes del término de la dictadura, Pinochet lo derogó tras una fuerte presión del cardenal Jorge Medina y el almirante José Toribio Merino. Desde aquel entonces el aborto fue prohibido en el país de manera absoluta, sin ninguna excepción, manteniéndose dicha prohibición hasta la fecha. Sólo cinco países de América Latina y El Caribe comparten este marco jurídico de penalización absoluta: República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Haití y Honduras.

Luego de 23 años de absoluta prohibición y silenciamiento del debate, se ha comenzado a discutir en el Senado la posibilidad de despenalizar el aborto bajo ciertas causales específicas. Tres son los proyectos que están en tabla: uno que lo despenaliza sólo cuando hay riesgo vital de la madre o inviabilidad del feto; otro que además de esas dos causales agrega el aborto por casos de violación; y un tercero que indica que se podrá interrumpir el embarazo, sólo con fines terapéuticos, previa documentación de dos médicos cirujanos.

Muchos son los argumentos que han circulado estos días a favor y en contra de la despenalización del aborto, por lo que creo necesario revisar algunos que me parecen relevantes a la hora de formarse una opinión.

Uno de los argumentos que esgrimen los opositores a la despenalización del aborto, y que ha circulado bastante estos días, es el que indica que a pesar de la prohibición que impera en Chile, ante casos de embarazos que ponen en riesgo la vida de la mujer los médicos suelen llevar a cabo interrupciones de los embarazos de acuerdo con la ética médica, por lo que no habría necesidad de despenalizar el aborto por causa de peligro vital. Este era probablemente el razonamiento que estaba detrás de las palabras del Ministro de Salud cuando mencionó esta semana que en Chile existe en realidad aborto terapéutico, opinión secundada por la senadora Soledad Alvear. Profundicemos un poco.

Como destacan los defensores de este argumento, los médicos en Chile se rigen por lo que denominan “lex artis”, que refiere a la debida práctica de la profesión médica de acuerdo con los principios éticos que la rigen. Según ésta, los facultativos deben siempre buscar salvar la vida de la mujer, aun si como consecuencia indirecta de esto se causara la muerte del feto. Esto les permite interrumpir los embarazos de riesgo vital, como ocurre con los denominados embarazos ectópicos (donde el feto se desarrolla fuera del útero), cuya indicación médica es la inmediata extracción del feto a fin de salvar la vida de la mujer. Si bien la lex artis no es ninguna ley, por lo que los médicos no están obligados a seguirla, no hay casos documentados de mujeres que hayan muerto en Chile porque un médico se haya negado a interrumpir su embarazo ante una situación de riesgo vital. Todo parecería muy bien hasta acá.

Sin embargo, hay al menos dos graves problemas con invocar la lex artis para oponerse a despenalizar el aborto en casos de riesgo de vida de la madre. El primero tiene relación con que no es tan real, como algunos suelen decir sin mayor evidencia empírica, que los médicos en Chile se rijan siempre por la lex artis y busquen salvar en todos los casos la vida de la madre. Al estar prohibido el aborto y no existir una reglamentación sanitaria explícita de cómo actuar ante embarazos de riesgo, muchos médicos dudan antes de interrumpir un embarazo (por convicciones religiosas, por temor a ser criminalizados, u otros motivos). Esto constituye una obstrucción al derecho a la salud de las mujeres, muchas de las cuales tienen que buscar equipos médicos que no vacilen en aplicarles el debido tratamiento que requieren, o esperar un “fallo” del Comité de Bioética del hospital donde se atienden que habilite al personal médico a interrumpir el embarazo. Esto no es ficción. Muy por el contrario, fue evidenciado en una investigación coordinada por la socióloga y académica Paulina Vidal, donde se entrevistó a profesionales de la salud, profesionales del área jurídica y a mujeres que solicitaron en Chile abortar por razones de salud.

Esto no quiere decir que en Chile se deje morir necesariamente a las mujeres embarazadas en caso de estar en peligro sus vidas, sino que su acceso al derecho a la salud se ve obstruido en múltiples ocasiones debido a que la decisión de interrumpir el embarazo para salvar su vida recae en profesionales médicos que deciden según sus propias convicciones (morales, religiosas o ético-profesionales), y no se rige por un marco legal claro y unívoco. De este modo, si bien las mujeres terminan accediendo al tratamiento necesario para garantizar su vida, muchas tardan más de lo debido en lograr este acceso, poniendo en peligro su salud, con lo cual muchas veces terminan con complicaciones que son irreversibles en sus cuerpos, pero que podrían haber sido perfectamente evitadas. La lex artis, en estos casos, vulnera el derecho a la salud de la mujer, que no cuenta con herramientas legales suficientes como para exigir a los médicos que lleven a cabo el aborto a tiempo.

El segundo gran problema de la lex artis, relacionado con el anterior, es que cuando es necesario intervenir para salvar la vida de la mujer, muchas veces los médicos esperan estar al límite de la situación de riesgo vital para interrumpir el embarazo, con la esperanza de salvar tanto al feto como a la mujer. Tal como la misma investigación mencionada arriba evidenció, en ciertas ocasiones esto termina trayendo como consecuencia diversos problemas de salud para la mujer que podrían haber sido evitados, como la pérdida del útero. Esto no es menor, porque estos mismos problemas de salud pueden terminar, finalmente, en la muerte de las mujeres en el período de puerperio, esto es, en el período compuesto por las seis semanas posteriores al parto. De hecho, tal como indican las estadísticas de mortalidad materna del Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de Chile, entre el 2000 y el 2009 murieron en Chile 50 mujeres por complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio. Sume a eso las 14 mujeres que murieron en el mismo período por problemas del feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto. Evidentemente, es probable que no todas estas muertes se deban necesariamente a que no se interrumpió el embarazo, pero ¿cuántas se podrían haber evitado de haberse llevado a cabo un aborto a tiempo?

Si incorporamos al debate la salud mental de la mujer, la lex artis tiene aun menos que decir, ya que muchas veces la salud psicológica ni siquiera es considerada como “salud” por los detractores de la despenalización del aborto. Esto a pesar de que desde 1946 la Organización Mundial de la Salud la considera una dimensión básica de la salud en general. Varias investigaciones han demostrado la existencia de relaciones directas entre un embarazo no deseado (como aquellos que se producen luego de una violación) llevado a término y secuelas psicológicas negativas para la madre. Una investigación publicada en 2002 en la revista “Social Science & Medicine”, por ejemplo, llegó a esta conclusión luego de entrevistar a 8.556 madres, mostrando que la tasa de mujeres con traumas psicológicos es mayor entre aquellas que llevan a términos un embarazo no deseado, que entre aquellas que desean su embarazo. Esto no quiere decir que todas y cada una de las mujeres que tienen hijos no deseados llegan a tener problemas de salud mental, pero sí que su posibilidad de ocurrencia está bien documentada.

Del mismo modo, no parece justo obligar a las mujeres a sufrir eventuales daños psicológicos por no poder evitar llevar a término un embarazo cuando el feto no tiene posibilidad de sobrevivir fuera del útero. Entiéndase, no quiero decir con esto que se deba obligar a toda mujer a abortar si es que el feto no tiene probabilidad de sobrevivencia (esa será una decisión personal de cada mujer), sino que el Estado no debiese obligar a todas las mujeres a someterse a ese doloroso proceso.

En definitiva, la lex artis parece insuficiente para oponerse a despenalizar el aborto por causales de vida y salud materna, ya que deja en absoluta desprotección la salud de las mujeres, un derecho que es tan fundamental como el derecho a la vida. Y es que supeditar el derecho a la salud de las mujeres a médicos o Comités de Bioética que basan sus decisiones en sus propias creencias valóricas, religiosas o ético-profesionales, por sobre las creencias o convicciones de la propia mujer, no parece legítimo.

Dado esto, muchas mujeres en Chile deciden interrumpir su embarazo de manera clandestina. No existen cifras actualizadas de la magnitud de abortos que se practican clandestinamente en el país, ya que la ilegalidad de la práctica no permite relevar datos al respecto. La información más conocida sobre este tema la provee un estudio publicado en 1999 en la revista científica International Family Planning Perspectives, donde se estimaba, con datos válidos sólo para 1990, que la cantidad de abortos anuales en Chile oscilaría entre 128.000 y 224.000 (con un promedio de 160.000 abortos por año). Pero más allá de las magnitudes, lo cierto es que los abortos clandestinos son una realidad en el país. De hecho, una encuesta publicada por FLACSO en 2011 relevó información representativa de la población nacional utilizando una metodología similar a la que usa la Encuesta CEP, indicando que el 34% de la población conoce al menos a una mujer que ha abortado.

La situación de absoluta penalización del aborto, y la consecuente clandestinidad con que éstos se llevan a cabo, tiene consecuencias diferenciadas según clase social. Las mujeres que tienen dinero suficiente, acceden a prácticas de abortos seguros, esto es, abortos realizados en condiciones sanitarias óptimas, mientras que las mujeres que no tienen recursos suelen acceder a abortos inseguros, poniendo en riesgo su salud y vida. Parece que la criminalización del aborto es, en definitiva, una forma de criminalización de la pobreza. Claramente, esto hace que la decisión de someterse a un aborto clandestino se distribuya diferencialmente según la clase social. De hecho, la misma encuesta de FLACSO señala que mientras el 22,5% de las personas de estrato socioeconómico bajo conoce a alguien que ha abortado, esta cifra aumenta al 45,9% en el estrato alto. Saque sus conclusiones.

El “detalle” que se olvidan de mencionar los detractores de la despenalización del aborto que traen a colación el argumento de la lex artis, es que si bien no existen registros oficiales de muertes maternas durante el embarazo por causa de médicos que no hayan interrumpido el mismo, sí existen muertes por abortos realizados en condiciones sanitarias inseguras. Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Chile, entre el 2000 y el 2009 murieron 59 mujeres por embarazos terminados en aborto. Súmele a ese número todas las muertes por aborto que no fueron registradas como tal, siendo ocultadas bajo otra causal de fallecimiento dada la clandestinidad de la práctica. Lamentablemente, tal como indica la Organización Mundial de la Salud, la prohibición del aborto hace que la verdadera magnitud de estas muertes sea desconocida.

No por nada los comités de derechos humanos internacionales han llamado la atención al Estado de Chile en reiteradas oportunidades por criminalizar el aborto en toda circunstancia. Precisamente, desde 1999 y hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité contra la Tortura, han instado a Chile a revisar su legislación y permitir ciertas causales de aborto.

Estar a favor de la vida implica reconocer el derecho a la salud y a la vida de las mujeres, dos derechos que parecen estar siendo vulnerados por un marco legal que en definitiva avala prácticas inseguras que están atentando contra las mujeres, y en especial contra las más pobres

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