Prologo de Juan Marco Vaggione al libro: El debate sobre el Matrimonio igualitario en Córdoba. Actores, estrategias y discursos. María Candelaria Sgró Ruata, Hugo H. Rabbia, Tomás Iosa, Mariana Manzo, Maximiliano Campana, José Manuel Morán Faúndes.  Colección: Religión, Género y Sexualidad. Córdoba: Ferreyra Editor y Católicas por el Derecho a Decidir, 2011. Descargar

El reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo es uno de los cambios importantes del derecho contemporáneo que sólo lleva un par de décadas de efectivización. Aunque existen disputas sobre la existencia de bodas entre parejas del mismo sexo a lo largo de la historia, el requisito de la diferencia de sexos es una constante en las legislaciones modernas sobre el matrimonio. Estos cambios legales han sido el resultado de la politización lograda por el movimiento por la diversidad sexual que incorporó en las agendas públicas la demanda por ampliar las concepciones legales de familia.

En un primer momento se otorgó este reconocimiento por medio de instituciones y registros especiales que otorgaban derechos a las parejas del mismo sexo pero reforzaban al matrimonio como una institución heterosexual. Hace sólo diez años, en los Países Bajos, se sancionó por primera vez una legislación que permitía el matrimonio a las parejas del mismo sexo, existiendo hasta la fecha diez países con una legislación similar.

Por ello, el cambio legal del año 2010 en Argentina autorizando el matrimonio a las parejas del mismo sexo constituye un hito en la forma de regular el orden sexual. El matrimonio como un contrato generador de relaciones de parentesco y de sociedad económica ha pasado en el país por distintas reformas desde que se sancionó el Código Civil de 1871. La redacción original del Código argentino dejaba en manos de la Iglesia Católica la celebración del matrimonio, adjudicándole efectos civiles al matrimonio religioso. Pocos años después, en 1888, una reforma legal distinguió la celebración religiosa de la civil, iniciando el proceso de secularización de la institución matrimonial. El divorcio fue otro hito importante y, aunque existían proyectos que lo incluían desde fines del siglo XIX o aunque fuera legalizado en 1954 por un par de años[1], fue recién en 1987 cuando se sancionó de manera definitiva permitiéndose la disolubilidad del vínculo en Argentina.

La reforma del año 2010 vuelve a definir al matrimonio, alejándolo aún más de las concepciones tradicionales, mediante la crítica de la heterosexualidad como otro de sus componentes. Esta reforma, aunque no desarma al matrimonio como la institución privilegiada para el reconocimiento de derechos, hasta podría decirse que lo potencia, amplía su definición, desmantelando el requisito de la «complementariedad y diferencia de los sexos» que se suponía esencial e inevitable.

La reforma del régimen matrimonial condensa distintas dinámicas sociopolíticas tanto globales como locales. Entre ellas es posible pensar en dos que, además de estar presente en los diferentes artículos compilados en esta publicación, son cruciales para comprender la política sexual en las sociedades contemporáneas.

Una primera dinámica es el impacto que los derechos sexuales y reproductivos (DDSSyRR) tienen no sólo en Argentina sino también en la región. Esta agenda viene precedida por décadas de activismo de distintos sectores de la sociedad, en particular los movimientos feministas y por la diversidad sexual que lograron incorporar a la sexualidad como dimensión política de las democracias contemporáneas.

Las demandas de estos movimientos, codificadas en lenguaje legal, han ido ganando espacio tanto en los debates públicos como en las reformas legales. En este proceso han sido determinantes las circunstancias nacionales, por ejemplo la profundización democrática, y transnacionales, por ejemplo el papel de las conferencias internacionales de El Cairo y Beijing. Derechos como a decidir si se quiere tener o no hijos/as y cuantos/as, derecho al placer, a la educación sexual, a elegir la identidad de género, a interrumpir un embarazo no deseado, entre otros, han ido ampliando no sólo la base de legitimidad sino que incluso están siendo receptados en los sistemas legales.

El reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo que se está dando en Latinoamérica es parte de este avance de los derechos sexuales y reproductivos en la región. Este tipo de parejas, que eran invisibilizadas por el derecho y marginadas por amplios sectores de la población, han comenzado a recibir un creciente reconocimiento legal.

Así sentencias judiciales y reformas legales han comenzado a legitimar la diversidad sexual desde el derecho. Diversas sentencias judiciales en la región han ido otorgan do derechos económicos (obra social), sexuales (visitas «íntimas » para presos) o migratorios (visados de permanencia) a las parejas del mismo sexo[2]. Pero también los órganos legislativos han ido abriendo, en distintos países, los derechos a las parejas del mismo sexo.

El primer antecedente de este tipo se dio en la ciudad de Buenos Aires en el año 2002; seguido en el mismo año por la provincia de Río Negro y por Villa Carlos Paz en el 2007. Pero también un proceso similar se presentó en otros países: en el Distrito Federal de México (2006) y en Coahuila (2007); en Uruguay (2008); Ecuador (2008) y Estado Brasilero de Río Grande do Sul (2004)[3].

Los casos previamente mencionados, si bien reconocían derechos a las parejas del mismo sexo no lo hacían modificando el régimen matrimonial. Se sancionaba una figura legal alternativa para su reconocimiento legal mientras que el matrimonio continuaba siendo definido como una institución exclusivamente heterosexual.

Pero, como se mencionó previamente, al comenzar el siglo XXI el movimiento por la diversidad sexual comenzó a demandar el derecho al matrimonio. En Latinoamérica, previo a la reforma en Argentina, este derecho existía sólo en una jurisdicción. En México, el Distrito Federal modificó el régimen matrimonial a fines del año 2009 autorizando el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Cabe aclarar que por el sistema federal de gobierno, estas reformas en México pueden darse a nivel estatal (provincias) sin que tengan vigencia a nivel federal.

La otra dinámica sociopolítica que se manifiesta en esta reforma es una serie de cambios respecto al vínculo entre lo religioso y lo político. La regulación de la sexualidad en Latinoamérica ha estado fuertemente condicionada por  la Iglesia Católica. Sin embargo, las formas en que la Iglesia ha influido sobre el Estado y sobre la construcción del derecho ha ido cambiando y adaptándose a diferentes momentos históricos. Los más de cien años que separan la sanción del Código Civil argentino, en el cual se delegaba a la Iglesia la regulación del matrimonio excluyendo a los no católicos, de la aprobación del «matrimonio igualitario» que legitima las parejas del mismo sexo y rompe con el requisito de la «complementariedad de los sexos», marcan también un cambio importante en las formas de vinculación entre la Iglesia Católica y el Estado Argentino.

En Argentina desde el proceso de recuperación democrática iniciado en los ochentas, se fue fortaleciendo, no sin contramarchas, un Estado más autónomo a las influencias de la Iglesia Católica. Luego de décadas de delegación, de orden tutelar[4] por el cual el Estado resguardaba la doctrina católica respecto a la familia y a la sexualidad, se dieron importantes cambios que desmontan la influencia religiosa del sistema legal.

La sanción del divorcio previamente referida es un ejemplo de un proceso que interrumpido en los noventas se profundiza en la última década por medio de programas de salud reproductiva, leyes a favor de la educación sexual o un creciente reconocimiento de la diversidad sexual. A pesar que la Constitución Nacional reformada en el año 1994 sigue afirmando que el gobierno sostiene el culto Católico, la brecha entre la postura oficial de la Iglesia y la regulación legal del orden sexual se ha ampliado. Si bien la laicidad o secularización del derecho es aún un proceso incompleto, sobre todo por los privilegios de la Iglesia Católica, el «matrimonio igualitario» pone de manifiesto que la sociedad política y el gobierno, al menos parcialmente, aumentan su independencia de la jerarquía católica.

Sin embargo, como lo profundizan algunos de los artículos de la compilación, esta democratización del orden sexual no implica que la religión haya retrocedido como fuerza política relevante. Al contrario, lo que puso de manifiesto el proceso de reforma del matrimonio es la complejidad con que lo religioso y lo político se articulan en las sociedades contemporáneas. La jerarquía religiosa activa distintos discursos y estrategias para influir los debates públicos. Por ejemplo, son cada vez mayor las argumentaciones científicas, legales o bioéticas por las cuales la jerarquía basa su defensa de un orden sexual único y jerárquico. Más allá de que lo defendido sea una postura religiosa, las declaraciones de la jerarquía católica parecen cumplir, al menos estratégicamente, con los postulados de una democracia «liberal» que exige razones y argumentaciones seculares para el debate público.

En alianza con la jerarquía católica ha crecido la participación de líderes evangélicos que se manifestaron y convocaron a rechazar la reforma legal. Otro cambio importante es la cada vez mayor visibilidad de organizaciones de la sociedad civil que, con distintos tipos de vínculos con las instituciones religiosas se movilizan activamente para defender una concepción de familia basada en la doctrina católica oficial. Estos aspectos, junto a otros, ponen en evidencia la complejidad política de lo religioso al momento de debatir los derechos sexuales y reproductivos. Sin desconocer que el lobby y la presión de la jerarquía hacia los gobernantes y políticos continúan siendo una forma de evitar la profundización de estos derechos, es también necesario afirmar que las influencias políticas de las religiones se dan de maneras más novedosas y sofisticadas.

El debate del 2010 sobre matrimonio en Argentina también mostró otra forma de articulación entre lo religioso y la política sexual que suele invisibilizarse. El mundo religioso es heterogéneo y si bien los sectores que defienden una concepción restrictiva y única suelen considerarse mayoritarios, existen diferentes tipos de manifestaciones religiosas favorables a la pluralidad y la diversidad sexual. Por un lado, las encuestas poblacionales realizadas en Latinoamérica evidencian modificaciones en las formas de identificación católica en relación con la sexualidad. Para un sector de la población, el considerarse católicos no implica el rechazo a los derechos sexuales y reproductivos; al contrario, los y las católicas apoyan la educación sexual, los anticonceptivos, la despenalización del aborto o el reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo.[5]

Por otro lado, el campo católico se caracteriza por la existencia de debates teológicos que rompen con la postura única u homogénea de su jerarquía. Teologías feministas y queer reconstruyen y deconstruyen la doctrina oficial, ofreciendo una postura favorable a los derechos sexuales y reproductivos basadas en la tradición católica.[6]

El campo evangélico también es heterogéneo respecto a la sexualidad y, si bien uno de sus polos se articula con la jerarquía católica más conservadora, otros sectores, por el contrario, se alinean con el movimiento por la diversidad sexual.

El debate del 2010 ofrece, entonces, un escenario privilegiado para observar las políticas sexuales y las políticas de lo religioso en las sociedades contemporáneas. Por ello, los artículos de la presente compilación tienen como objetivo común entender los principales actores, discursos y estrategias que se visibilizaron durante el debate del matrimonio en Argentina en el año 2010. El ingreso en la esfera pública de la demanda del «matrimonio igualitario» implicó la activación de sectores con agendas opuestas que buscaron influir, con distintos discursos y estrategias, el debate público y legal. Aunque eldebate sobre  el matrimonio es una política nacional, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, ya que exige una reforma parlamentaria del Código Civil también puede abordarse desde los impactos y reacciones que genera en distintos contextos.

Precisamente, el propósito general de esta publicación es proveer al análisis de este cambio legal considerando los actores, discursos y estrategias que se visibilizaron en la ciudad de Córdoba. De este modo, los artículos ponen en evidencia tanto las continuidades como las dimensiones específicas emergentes cuando la política sexual se analiza desde fuera de Buenos Aires.


[1] En el año 1954 durante la presidencia de Perón se sancionó el divorcio lo que, junto a otras medidas, generó un fuerte enfrentamiento con la Iglesia Católica. Una vez en el poder la Revolución Libertadora, 1955, suprimió distintas reformas realizadas por el gobierno anterior, entre ellas la ley del divorcio como forma de remediar «con el gravoso apoyo eclesiástico su déficit de legitimidad» (DI STEFANO, Roberto y ZANATTA, Loris, 2000: 473).

[2] Ver VAGGIONE, Juan Marco (2008).

[3] Para más información ver HILLER, Renata (2009).

[4] Este concepto para explicar la forma de vínculo entre Estado e Iglesia lo

desarrolla Guillermo NUGENT (2010).

[5] MALLIMACI, Fortunato; ESQUIVEL, Juan Cruz e IRRAZÁBAL, Gabriela (2008).

[6] Se pueden consultar los primeros volúmenes de la Colección Religión, Género y Sexualidad : VAGGIONE (2008); PEÑAS DEFAGÓ y SGRÓ RUATA (2009).

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