La destitución antidemocrática e inconstitucional del presidente paraguayo Fernando Lugo el pasado 22 de Junio, evidencia una vez más los mecanismos autoritarios utilizados por las clases dominantes para poner frenos a los procesos de configuración de unas sociedades incluyentes y realmente democráticas en el sub continente Latinoamericano. En efecto, el mal llamado Golpe Constitucional del que fue objeto Lugo, no es otra cosa que una estrategia desplegada por la clase conservadora y terrateniente paraguaya, en especial aquella representada por el tradicional partido colorado para poner fin a cuatro años de políticas sociales y económicas de corte anti-neoliberal, inspiradas en el principio de la no exclusión ni la discriminación social.

Esta situación acaecida en Paraguay hace apenas unas semanas y que ha convulsionado el escenario político latinoamericano, no es una cuestión particular y aislada de este país del Sur de nuestra América. Por el contrario, se configura como uno de los episodios de contención y contra reforma, que ha desplegado la derecha latinoamericana –en consonancia con elites y gobiernos internacionales-, para poner fin al movimiento democrático y anti neoliberal que se ha venido gestando y consolidando en el subcontinente desde finales del siglo XX.

Recordemos que la situación que viven hoy los paraguayos, fue vivida hace tres años por los Hondureños con el golpe dado al gobierno democrático del presidente Manuel Zelaya[1],  quien se había configurado como uno de los más duros críticos de las políticas imperiales desplegadas por el gobierno de los Estados Unidos en territorio centroamericano. Y aunque estas dos han sido las únicas situaciones que han terminado con el derrocamiento de presidentes democráticamente electos, también existen otros mecanismos de desestabilización y contrareforma que se han venido desplegando en el subcontinente. Entre otros queremos destacar el golpe de Estado en Venezuela el 11 de Abril de 2002 que pretendía el derrocamiento del gobierno democrático del presidente Hugo Chávez[2]; la sublevación de la policía nacional del Ecuador y la retención del presidente Rafael Correa en manos de los uniformados el 30 de Septiembre de 2010; y recientemente la denuncia del presidente indígena Evo Morales del intento golpista de la derecha boliviana que ha incitado el motín policial que inició el pasado 20 de Junio.

Aunado a estos acontecimientos que involucran directamente derrocamientos presidenciales; o intentos de estos como en el caso Venezolano, Ecuatoriano y Boliviano (los gobiernos del llamado eje del mal por los gobiernos de los Estados Unidos), encontramos otro tipo de estrategias que también intentan poner freno a la posibilidad de avanzar en la consolidación de alternativas gubernamentales de carácter realmente democrático. Aquí particularmente queremos destacar los procesos de fraude que se han vivido en México bajo los dos últimos procesos electorales para la Presidencia de la República. Son amplias y conocidas las denuncias de la campaña presidencial del 2006 en la que competían el candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador y el michoacano Felipe Calderón quien resultó electo. En efecto, se ha señalado que no solo se presentó una intervención indebida del presidente de ese entonces Vicente Fox para desfavorecer el programa de la izquierda democrática del Partido Revolucionario Democrático PRD, sino que se dio un manoseo doloso de la voluntad democrática –como ha sido caracterizado por un investigador de la UNAM-, pues las anomalías numéricas desvelan que es imposible que con los datos proporcionados por el Instituto Federal Electoral IFE se tenga certeza que en realidad el verdadero ganador fue Calderón, razón por la cual se exigía por parte del movimiento ciudadano mexicano un conteo voto por voto.

Una situación similar se vive en la actual coyuntura, pues el pasado 1 de Julio resultó electo el candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI Enrique Peña Nieto con una apretada votación del 38%, frente al 32% de López Obrador, quien en esta ocasión representaba no solo al PRD sino a una alianza de la izquierda democrática bajo lo que se conoce como MORENA –movimiento regeneración nacional-. No solo hay sospechas frente al conteo; sino que han sido múltiples las denuncias por la compra de votos, en especial a través de tarjetas con dinero para ser utilizadas en la cadena de supermercados Soriana; los pagos a la cadena de televisión más grande de México, TELEVISA, para hacer una “cobertura favorable” a favor del exgobernador del Estado de México, la cual fue documentada por el diario británico The Guardian; por el rebase en los topes financieros de la campaña y el apoyo de una de las dirigentes sindicales clientelares con mayor poder en el país como lo es Alba Esther Gordillo.

Y finalmente, quisiéramos destacar la estrategia de militarización territorial que se viene dado con fuerza desde finales del siglo XX, a través de planes militares como el Plan Colombia, el Plan Patriota, el Plan Dignidad y el reciente Plan México. Y aunque estos planes son presentados como programas de lucha antinarcóticos y contrainsurgente, es claro que tienen un propósito mucho más amplio, el cual tiene que ver con garantizar el control geopolítico del territorio y contener amenazas anticapitalistas en un territorio que se configura como estratégico para el sostenimiento de la hegemonía –económica, política, militar y cultural- imperial e imperialista de los Estados Unidos.

Tenemos entonces que son diversas las estrategias –golpes de estado, sublevaciones militares, fraudes electorales, programas de militarización- desplegadas por las clases dominantes para garantizar su supervivencia como bloque hegemónico, y en consecuencia para contener o poner fin a las amenazas socialistas, anticapitalistas o simplemente anti-neoliberales que hoy se gestan en el subcontinente latinoamericano.  Es necesario resaltar, que pese a que cada uno de estos procesos tenga sus propias especificidades, explicadas a partir de las dinámicas de fuerza, las correlaciones de poder, la configuración de sus elites, la historicidad del movimiento social y popular nacional, entre otros elementos que definen los regímenes políticos y las culturas políticas de cada uno de estos estados nacionales. Es posible encontrar elementos comunes y construir lecturas que permitan ver en su integralidad la arremetida conservadora de la que hoy son objeto las iniciativas políticas alternativas que se tejen en todo el territorio latinoamericano.

Todos los elementos anteriormente descritos, ponen de presente un nuevo escenario de la conflictividad y la lucha social y política en nuestra América. Es claro, que en el escenario contemporáneo se evidencian las múltiples y significativas dificultades que afrontan las clases dominantes para mantener como hegemónica su visión del mundo. Esto es, y parafraseando a Gramsci, el bloque en el poder cada vez tiene que apelar más al uso de la fuerza que al consenso para garantizar su supervivencia, y esto claro está, pone en cuestión su capacidad de dirección social, de asegurar la apropiación simbólica y material de la su concepción del mundo, en últimas de dirigir moral e intelectualmente a la sociedad.

Y es precisamente, el entendimiento amplio y complejo de este situación, uno de los desafíos centrales del movimiento social popular latinoamericano. Es decir, las luchas sociales deben tener en su horizonte de sentido que su lucha política está ligada indisolublemente a la lucha hegemónica.  Que la resistencia popular de los estudiantes mexicanos en lo que se llamó Yo soy 132; de los pobladores de Atenco; del Frente Guasú –la coalición de partidos y organizaciones sociales que apoyan al depuesto presidente Fernando Lugo-; del Frente Nacional de Resistencia Popular que defendió incansablemente el retorno de Zelaya a la presidencia de Honduras; de las organizaciones campesinas e indígenas que respaldan y defienden el proceso de cambio adelantado en Bolivia; del naciente y esperanzador movimiento político de la Marcha Patriótica en Colombia, al igual que del Congreso de los Pueblos; entre otras; son luchas y resistencias por la emancipación humana, por la alternatividad social, por la posibilidad real de un buen vivir y no un vivir mejor como dirían las valiosas reflexiones de nuestras comunidades indígenas[3].


Este artículo apareció en Revista Izquierda Nº 25. agosto/2012 – Colombia. Disponible en  http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/izqrd/n0025/izq0025_a07.pdf

[1] Es necesario destacar que los dos procedimientos se desarrollaron de distinta manera. El presidente democrático Manuel Zelaya fue acusado de traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del Estado de Honduras, razón por la cual fue dictada orden de captura el 28 de Junio de 2009, y expulsado por los militares al vecino país de Costa Rica. En este suceso las fuerzas armadas hondureñas jugaron un papel protagónico para garantizar el nombramiento de facto a Roberto Micheletti. Por su parte, la destitución de Lugo se desarrolló como consecuencia de un juicio político express que le hizo el parlamento, en donde se le acusó de incumplir sus funciones al dejar que creciera la conflictividad social en el país.

[2] Ese día Chávez fue detenido y encarcelado en Fuerte Tiuna y tomó posesión Pedro Carmona como presidente interino. El 14 de Abril el presidente bolivariano fue liberado y restituido en su cargo.

[3] “El Vivir Bien no es lo mismo que el vivir mejor, el vivir mejor es a costa del otro. Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo, sólo pensar en el lucro. Porque para vivir mejor al prójimo se hace necesario explotar, se produce una profunda competencia, se concentra la riqueza en pocas manos. En algunos países del Norte, en las grandes metrópolis, hay personas que compran un traje, lo usan una vez y lo arrojan a la basura. Esa falta de interés por los demás genera oligarquías, noblezas, aristocracias, elites que siempre pretenden vivir mejor a costillas de los demás. Si no hay interés por la vida de los demás, sólo queda el interés por la vida de la persona individual, a lo sumo de su familia. El Vivir Bien está reñido con el lujo, la opulencia y el derroche; está reñido con el consumismo. No trabajar, mentir, robar, someter y explotar al prójimo y atentar contra la naturaleza posiblemente nos permita vivir mejor, pero eso no es Vivir Bien, no es una vida armónica entre el hombre y la naturaleza. En nuestras comunidades no queremos que nadie viva mejor, ya que eso es aceptar que unos estén mejor a cambio de que los otros, las mayorías, vivamos mal. Estar

mejor nosotros y ver a otros que están peor no es Vivir Bien. Queremos que todos podamos vivir bien, queremos lograr relaciones armónicas entre todos los pueblos” (Buen vivir, Vivir bien. CAOI- Fernando Huanacuni Mamani, 2010).

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