La necesidad de analizar los movimientos sociales se produjo desde el momento en que muchas de las certezas acerca de las identidades colectivas se desmoronaron al ritmo de las transformaciones políticas y económicas. En “las nuevas sociedades reflexivas”  mientras el conflicto se diseminaba por el espacio social, el movimiento obrero ya no era el único sujeto político que encarnaba el conflicto societal.

De esta forma, a mediados del siglo XX la tendencia se caracterizaba por la formación de grandes actores colectivos asociados al mundo del trabajo. El cierre de esta etapa mundial tuvo como principales procesos: en el Oeste, la crisis del Estado de Bienestar y la disminución de la importancia política y económica de la clase obrera industrial; en el Este, los colapsos de los socialismos reales; en el Sur las transiciones a la democracia. La etapa neoliberal transformó rápidamente la relación Sociedad-Estado con el predominio de una forma de concebir el orden económico y político que generó pobreza, concentración y grandes injusticias sociales.

La definitiva instauración del neoliberalismo en nuestro país mostró progresivamente mostró sus efectos negativos. A mediados de los `90, a partir de la emergencia de movimientos de trabajadores desocupados y el creciente descontento de ciertas organizaciones sindicales empezó a conformarse un cuestionamiento de ese orden socio-económico. Este artículo realiza un repaso por las principales interpretaciones de este proceso, enfatizando en la etapa abierta en 2003 y la “novedosa” inclusión de estos movimientos en los gobiernos kirchneristas.

Surgimiento del campo de estudios sobre organizaciones piqueteras

Los primeros estudios en Argentina centraron sus análisis en los movimientos sociales y las nuevas formas de acción colectiva en el contexto post dictatorial. La discusión se orientaba a repensar la relación entre estado y sociedad, la democratización no debía quedar circunscripta al primero, sino que la vida cotidiana debía politizarse. En este sentido, se le dedicó especial atención a las organizaciones de derechos humanos, vecinales, territoriales, etc. Tal como puede apreciarse la noción de movimiento social servía para nominar a toda organización que no fuera sindical ni partidaria.

En los `90, la mirada se desplazó hacia la intervención estatal de la cuestión social dados los cambios estructurales que afectaron a los sectores que gozaban de ciertas protecciones sociales. Una de las consecuencias de este proceso fue la heterogeneización de los sectores populares, por lo que la explicación de sus mutaciones no podía reducirse focalizarse netamente al movimiento obrero. En este contexto, se produjo un auge de estudios que intentaban comprender “el milagro argentino”, es decir la constitución de organizaciones de trabajadores desocupados que pese a encontrarse “fuera” de la estructura o del sistema lograron encontrar modos colectivos de resolución de sus demandas. En ese contexto, se publicaron varios trabajos que explicaban las transformaciones políticas y las nuevas formas de protesta del mundo popular combinando una mirada panorámica con la subjetividad de los actores. Esta perspectiva consideraba que si bien las transformaciones económicas –en especial los altos niveles de desocupación– incidían en la emergencia de formas de acción colectiva, éstas no se desarrollaban sólo como reflejo de esas condiciones, sino que se articulaban sobre tradiciones, identidades aprendidas por los actores que significaban los márgenes de la acción política. Sin dudas, el libro de Maristella Svampa y Sebastián Pereyra “Entre la ruta y el barrio” (2004) sistematizó discusiones anteriores inaugurando una perspectiva analítica cuya comprensión del movimiento de desocupados en la Argentina no sólo considerara las transformaciones estructurales, sino también las tradiciones organizativas de los sectores populares y en especial del movimiento obrero. Svampa y Pereyra además suturaron una discusión sostenida en términos de si podía considerarse al movimiento piquetero un movimiento social. Su posición se inclinó a pensarlo como “un movimiento de movimientos” constituido por dos afluentes: por un lado, las acciones disruptivas de los piquetes y puebladas del interior del país resultado de una nueva experiencia comunitaria vinculada al colapso de las economías regionales y a la privatización acelerada de las empresas estatales; por otro lado, la acción territorial gestada en el conurbano bonaerense y ligada a las lentas y profundas transformaciones del mundo popular, producto del proceso de desindustrialización iniciado en la década del `70.

La crisis de 2001, la nacionalización de las organizaciones piqueteras y emergencia de nuevas formas de acción colectiva (fábricas recuperadas, asambleas, etc.) impactaron en la producción de las ciencias sociales que buscaban maneras de comprender esos acontecimientos. Entre sus corolarios, el principal fue el creciente proceso de politización; de manera que en los meses posteriores a diciembre de 2001, se observó un profundo y abierto cuestionamiento al poder político, la consolidación de organizaciones con formas de lucha renovadas, novedosos métodos de construcción política. Sin embargo, no debe pensarse que estas expresiones eran espontáneas, sino que habían tomado forma en los últimos años de los `90. Pese a las diferencias manifestadas por las organizaciones mencionadas, tenían una cuestión común: una alta autonomía frente al estado, las patronales y los partidos políticos. Esa preocupación se enarbolaba a menudo como bandera, vinculándola con el rechazo generalizado a la dirigencia política, que en su versión más simplista se expresaba bajo la idea de “antipolítica”. La euforia de los primeros meses de 2002, la movilización permanente y signados por la radicalidad de las propuestas, dieron, no obstante, paso a una recomposición gradual de la autoridad estatal. Dicho proceso fue posible por un conjunto de factores: la estabilización económica, la asistencia social elemental pero eficaz de los planes Jefas y Jefes, la solución progresiva del conflicto con los sectores medios a partir de la devolución de los depósitos bancarios y una sostenida represión a los sectores populares movilizados cuyo punto culmine fue la conocida “masacre del Puente Pueyrredón”.

Paralelamente a ese proceso de estabilización del sistema político el espacio multiorganizacional sufrió un creciente agotamiento como consecuencia de las diferencias de construcción política e ideológica de las organizaciones. En este sentido, las elecciones de 2003 y la posterior asunción de Kirchner constituyeron un punto de inflexión en cuanto demostraron que el sistema político podía recrear una cierta normalidad. Evidentemente, esto aparejó un quiebre en la hegemonía constituida por el bloque dominante que permitieron, a su vez, la emergencia reclamos sociales colectivos en torno a dos grandes ejes de demandas: la democratización de la vida social y política y una distribución más equitativa de la riqueza generada. En definitiva a partir de aquel hito, se abrió una nueva etapa caracterizada por la reconfiguración de las fuerzas sociales y políticas acompañado por un nuevo modelo de desarrollo con centralidad del mercado interno y la recuperación de la industria.

En ese contexto, Kirchner procuró rápidamente darle a su gobierno la tónica de superación de la década larga de neoliberalismo respecto de las políticas económicas y sociales. A la simpatía inicial hacia las medidas gubernamentales se fueron sumando sectores del movimiento piquetero y otras organizaciones populares en la participación en la gestión estatal como así también en la inclusión de proyectos políticos tendientes a ampliar las bases de sustentación de la gestión presidencial. Este tratamiento que durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde había funcionado bajo la lógica del clientelismo del reparto de subsidios, con Kirchner viró hacia propuestas  de vinculación más orgánica. Mientras el flamante gobierno prestaba escasa atención a los partidos políticos, incluido el oficialista, y a otros componentes tradicionales del sistema de poder, se mostró decidido a construir alianzas con parte de los sectores movilizados a condición de que moderaran la modalidad y frecuencia de sus protestas y asumieran un grado de compromiso con la gestión pública. A los variados ejes de debate ya existentes entre las organizaciones populares, y al interior de cada una de ellas, vino a sumarse qué actitud tomar frente al gobierno y sus medidas. Incluso en las agrupaciones más radicalizadas surgieron opiniones propensas sino al apoyo franco al gobierno, al menos a una actitud de expectativa favorable frente a su trayectoria.

El estudio de la dinámica de los movimientos post 2003

A partir del nuevo gobierno surge como pregunta la naturaleza de las relaciones entre éste y las organizaciones de desocupados. ¿Cuál es el posicionamiento estratégico de las distintas vertientes del movimiento piquetero frente al gobierno en este nuevo marco de oportunidades políticas y en qué medida las estrategias planteadas por las distintas organizaciones de desocupados produjeron altos niveles de conflictividad dentro de este movimiento? Allí algunos autores han identificado dos estrategias políticas fundamentales desde los movimientos, por un lado, la de movilización y por otro, la electoral. La hipótesis es que estas dos estrategias generaron un proceso de fragmentación del espacio piquetero.

A partir de 2003, y de la nueva dinámica política de los movimientos sociales caracterizada por la mutación en sus formas de acción y la incorporación de algunas organizaciones piqueteras en lo que se denominó “la transversalidad”, se generaron nuevas preguntas mientras otros enfoques se posicionaron en el seno de las ciencias sociales. Esta “novedosa” relación entre gobierno y organizaciones fue explicada en los primeros trabajos bajo la clave de la cooptación (Campione y Rajland, 2006; Borón, 2007; Battistini, 2007). Si bien esta premisa ha sido el denominador común del proceso político abierto en 2003, concretamente, se la ha resignificado en tanto estrategia estatal de contención de la protesta, reemplazo en el nivel colectivo de la matriz clientelar, manifestación de la debilidad de los sectores populares y como la capacidad “infinita” de “volver al orden” por parte del Partido Justicialista. Desde esta óptica, la mutación en las formas de la movilización social se produjo por la estrategia de cooptación de movimientos que habría desplegado Kirchner que dejaría de lado la ambición por la autonomía con respecto al estado que era su principal rasgo. Esta explicación de la dinámica política se asienta en una mirada “desde arriba” al poner en relieve la forma de intervención estatal como variable explicativa de la acción política de los movimientos sociales.

Existe otra lectura en donde la cooptación supone una suerte de reemplazo en el nivel colectivo de la matriz clientelar con la cual el PJ habría gobernado en años anteriores. La moneda de cambio estaría dada en el manejo de determinados programas sociales con la contraprestación de apoyo político. Así se inauguraba una nueva etapa de la política estatal cuyo principal objetivo era la desmovilización de sectores del movimiento piquetero. Este proceso anteriormente descrito pudo desarrollarse a partir del éxito de la estrategia “burguesa de cooptación y gatopardismo” que se apoyó en que las clases populares que demostraron su debilidad a partir de tres fenómenos interrelacionados: la fragilidad organizativa, la inmadurez de la conciencia política y el predominio del espontaneísmo como modo normal de intervención política. Estos se conjugaron para que el proceso de crisis hegemónica que había surgido en 2001 terminara en lo que el autor denomina “el gatopardismo hábilmente concebido y ejecutado por Eduardo Duhalde y cuyo mayor beneficiario fue el presidente Néstor Kirchner” (Borón, 2007: 40). Siguiendo esta perspectiva, la emergencia del gobierno nacional era una evidencia de la impotencia de las clases subalternas para imponer sus intereses y, a su vez, visibilizaba la estrategia de los sectores dominantes de “cooptar” a cierta porción de los movimientos que habían cuestionado el orden neoliberal. En esta lectura, la cooptación es atribuida a la debilidad de las organizaciones y las clases populares que irían tras el intento de la burguesía de construir una estrategia de contención del conflicto en varios frentes entre los cuales se destaca la utilización de los medios de comunicación masiva y la integración de dirigentes populares.

En este orden, la variable explicativa del reordenamiento político en la etapa post 2003 que tienen en común estas investigaciones es la recomposición de la autoridad y del liderazgo político en un sentido coactivo a la organización popular. La dinámica del período es analizada “desde arriba”; es decir, los posicionamientos de los actores políticos se entienden a partir de la “recuperación de la autoridad” presidencial dejando de lado las construcciones que estas realizan o intentando complejizar ese vínculo entre gobierno, organizaciones, procesos identitarios, tradiciones y estrategias.

No obstante este predominio inicial de la variable de la “cooptación”, en los últimos años salieron a la luz algunos trabajos que empezaron a problematizar la dinámica de los movimientos sociales en la Argentina reciente. Algunos estudios analizaron dicho fenómeno como una decisión de las organizaciones ante el desafío de reposicionarse frente a un contexto de reflujo de la movilización y, fundamentalmente, en la redefinición de sus estrategias políticas frente a un gobierno que construyó su legitimidad de ejercicio apelando a la oposición al modelo neoliberal a través de un imaginario productivista y distributivo que recuperaba buena parte de las demandas que habían permitido la articulación de la protesta (Pérez, 2008).

En un primer trabajo Massetti (2006) reconstruyó la trayectoria del piqueterismo identificando las etapas de su proceso. Para el sociólogo, la gran novedad de 2003 fue la aparición de grupos piqueteros abiertamente peronistas y pro kirchneristas; lo cual modificó el escenario tal como era conocido hasta entonces. Este fue el primer intento por indagar sobre las transformaciones que sufrieron las organizaciones y la protesta piquetera, proponiendo que el camino para su sobrevivencia se orientaba a su institucionalización. En posteriores trabajos Gómez y Massetti (2009) se concentraron sobre ese tema, considerando tres instancias: confrontación, “ongización” e inserción en el gobierno. En la segunda –ongización– tiene lugar un cambio en la relación entre estado y movimientos a partir de la disponibilidad de ofertas de programas sociales. Su denominación se remite a que deben funcionar como ONG´s en tanto captadoras de recursos responsabilizando a algunos de sus dirigentes o militantes a la administración de esos recursos. La tercera remite a la inserción de cuadros políticos y técnicos de las organizaciones a las distintas áreas del gobierno. Ahora bien, a partir de esta descripción surge la pregunta si la institucionalización implica la desmovilización de las organizaciones y el abandono de sus reivindicaciones.

Respecto del proceso de institucionalización se reactualizó una vieja discusión que tuvo lugar durante la conformación del peronismo en los `40: la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales. Entendiendo por la primera una “forma de construcción de una estrategia independiente, de autogestión, con reticencias a participar del Estado y sus áreas […] la estrategia heterónoma organiza su intervención teniendo como horizonte la generación de dispositivos que puedan institucionalizarse” (Natalucci, 2010: 92). Partiendo desde esta última posibilidad, las organizaciones contarían con una capacidad para instalar una estrategia tendiente a generar dispositivos que puedan ratificar, instaurar o redefinir derechos; al mismo tiempo que sostener experiencias plurales que rearticulen las diferencias, sin subsumirlas en una unidad totalizadora. En definitiva, proponer un nuevo modo de institución política. Algunas investigaciones –pese a sus diferentes perspectivas teóricas– se concentraron en un mismo problema: la participación de las organizaciones kirchneristas en el gobierno. Así algunos analizaron las narrativas organizacionales por las cuales se procesó el ingreso en los ámbitos estatales con las ambigüedades y tensiones propias de dicha lógica.

Otras investigaciones se orientaron a problematizar la clave de la autonomía/heteronomía de las organizaciones no desde su participación en alguna área estatal, sino como parte de la reformulación de sus horizontes de expectativas, específicamente en lo relativo a la participación y representación en el régimen de gobierno. En esta línea, Schuttenberg (2011) investigó cómo las diferentes tradiciones e identidades políticas de un grupo de organizaciones que se insertaron en el gobierno de Kirchner como el Movimiento Evita, Libres del Sur y el Movimiento de Unidad Popular se reconfiguraron en el período post 2003.

Más allá de las diferencias en los enfoques teóricos o en los objetos empíricos, lo cierto es que las investigaciones mencionadas han puesto en el centro de la discusión la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales y correlativamente la interacción que entablan con el gobierno.

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