8d3bb82ece664318aa4ae749644d88c9La publicación del Informe de la Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus Víctimas (CHCV)[1] exhibe, al menos, dos desafíos centrales en torno a la Administración Pública en Colombia en su doble dimensión de realidad práctica y en tanto saber social actual, potencial y latente.

El primero de ellos resulta del déficit relativo sobre una reflexión acerca del rol de la administración pública colombiana en relación con la evolución del conflicto armado y sus víctimas. Desde luego, hay que registrar con justicia que este asunto no estaba contemplado dentro de los mandatos específicos del Informe encargados a la Comisión. Sin embargo, esta observación tampoco podría eximir la necesidad de problematizar este asunto en forma sistemática en vista que la dimensión estatal es uno de los ejes centrales en el tipo de reconstrucción histórica sobre el conflicto social y armado en Colombia que pretende el Informe.

El segundo desafío se deriva del primero e implica la reapropiación selectiva de los hallazgos generales y los aportes particulares fruto del Informe en tanto permiten “abrir” (y potenciar, inclusive) distintos frentes de reflexión sobre la administración pública en Colombia, en los sentidos epistemológico, metodológico, ontológico y, desde luego, axiológico y valorativo, políticamente hablando.

Saberes administrativos y poderes públicos: paradojas interpretativas sobre la persistencia del conflicto

Una de las ideas fuerza que instala el Informe: la permanencia sistémica del conflicto, plantea un reto paradójico para el pensamiento y las prácticas político-administrativas en Colombia, en tanto se advierte cierta tendencia hacia la negación sistemática del mismo tanto en los niveles formal-abstracto y en lo concreto de los discursos (y prácticas) público-administrativas vigentes.

Esta idea previene sobre la necesidad de analizar lo público-administrativo en Colombia a partir de tipos reales (y realistas aunque no excesivamente específicos ni rotundamente pragmáticos) y más allá de los tipos ideales aún prevalecientes en los enfoques convencionales, los cuales se caracterizan por ser fundamentalmente “ahistóricos” y, en ese sentido, descontextualizados que “abstraen” abusivamente dinámicas claves (en este caso: el rol del conflicto social en la construcción estatal y administrativa) así como las dialécticas institucionales y desintitucionalizadas (pensamos especialmente en la separación tácita y ficta entre política y administración, ésta última concebida como una realidad eminentemente técnica y apolítica), tal y como se registra históricamente en Colombia.

Incluso, llevando esta premisa a su realidad más intensa, la “gran variedad” de enfoques disponibles aún dominantes en el pensamiento administrativo criollo, antes que hacer uso de tipos ideales – los cuales permitirían algún tipo de aproximación (aún incompleto, subrayemos) sobre las realidades estatales y administrativas – han devenido en tipos idealizados (“esquemas estáticos”) que impiden comprender los acontecimientos con algún tipo de verosimilitud precisamente por su capacidad de des-contextualización y por su incapacidad de asumir las contradicciones reales. Se obstruye así constituir “soluciones” o vías posibles capaces para la transformación público-administrativa en los (esperados) procesos hacia la transformación social.

Justamente uno de los aportes del Informe – lo subraya por ejemplo Jairo Estrada -, sería ampliar y renovar los entendimientos sobre el conflicto y su permanencia sistémica dentro del debate público más allá de ciertas miradas históricamente instaladas. En particular: balancear el predominio de enfoques analíticos simplistas, excesivamente convencionales. La sensación para el caso público-administrativo es la tendencia a exacerbar este hecho en sus consecuencias más negativas. Existe entonces una deuda significativa del campo a la hora de sintetizar los posibles significados (históricos o futuros) de la administración pública en el marco del conflicto armado y los aportes específicos dentro de un escenario esperado de superación de sus expresiones anti-sistémicas letales.

En la práctica concreta, lo anterior ha mediado en los diseños y puestas en marcha de las organizaciones públicas y políticas de Estado. Las configuraciones y reconfiguraciones administrativas: las formas y las reformas político-administrativas como la adelantada por A. Lleras Camargo hacia la fase ulterior del Frente Nacional o, más recientemente, las oleadas administrativas que introdujeron referentes como la gobernanza, la interdependencia organizacional y la nueva gestión pública – citando sólo algunos ejemplos – resultan ilustrativos, demostrativos y paradigmáticos sobre los vínculos históricos entre política y administración en relación estrecha con los “nuevos contenidos [del] conflicto social y armado”.

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Americanización de lo público-administrativo: en sus teorías y prácticas

La circunstancia antes registrada para el campo público-administrativo se condice igualmente con la tesis expuesta principalmente por Renán Vega Cantor sobre los impactos de la injerencia permanente de los Estados Unidos dentro de la génesis y la evolución del conflicto colombiano durante los últimos 70 años.

Aunque Vega Cantor no asume detalladamente la dimensión administrativa, este hecho sí permite reflexionar sobre la permanente y progresiva americanización del campo público-administrativo.

Las consecuencias teóricas (en el plano intelectual de las ideas) y concretas (en el plano real de las prácticas) derivadas de la sobre-imposición (propone de Zubiría) o subordinación (dice Vega Cantor) americanizantes en la administración pública criolla deben articularse más allá de la dimensión estrictamente ideológica. Tal y como insiste el Informe de la Comisión esta impronta es imposible soslayar por el hecho de “la participación directa y expresa de los Estados Unidos” en las diferentes épocas de conformación del Estado Nacional y, por lo tanto, en la misma administración pública colombiana. Más contemporáneamente, los Estados Unidos no sólo es un actor bien definido e involucrado en el conflicto armado. También resulta estar claramente comprometido con el conflicto social. Su influencia entonces no puede limitarse a la mera intervención militar sino entenderse a partir de diferentes versiones de actuación como en la mal-llamada “cooperación” internacional.

Esta tesis implica diferentes materializaciones. No sólo se evidencia desde la pura dimensión ideológica, como antes lo comentábamos en relación a los enfoques administrativos, en su mayoría “transferidos” y “aplicados” acríticamente desde el Norte (global) en los sistemas de enseñanza y en los planes de “desarrollo”. Este influjo ha sido activado desde las corrientes de la Planificación y Administración para el Desarrollo y sus concreciones locales, por ejemplo: el proyecto rural PROPLAN hacia finales de la década de 1970s; o, como muy bien lo ha documentado Reveíz, a propósito de los Planes de Obras Públicas desde la década de 1920s y a partir de los cuales se pretendió la construcción estatal-nacional; también resulta evidente en el tránsito hacia el neoliberalismo y el recambio de las élites administrativas colombianas (los estudios de Serres o Estrada son ilustrativos al respecto) desde los abogados hacia los economistas que recuerda aquella imagen de Wolfang Sachs cuando proponía que, en el marco de los procesos de des/re/colonización de mediados del siglo XX, la ideología del desarrollo presentaba a los antiguos “amos” ya no como “administradores coloniales” sino en la forma de “planificadores” supuestamente neutrales[2].

Como lo sostiene también la ponencia de Fajardo Montaña en relación a uno de los factores desencadenantes del conflicto: la tierra y el territorio, la organización político-administrativa ha estado sujeta no sólo a mecanismos ideológicos foráneos (“modelos de desarrollo” globales y sectoriales) sino que muestra simultáneamente una dependencia excesiva de los mecanismos político-militares americanizados. Ambos han ejercido una influencia determinante en los diseños y ejecuciones (incluso, evaluaciones) de las políticas públicas (en este caso en la política estructural rural pero es un hecho evidente en otros sectores: las políticas económicas regulativas, fiscales, monetarias, etc. y la reorganización de estos sistemas estatales).

Post-acuerdos y Post-neoliberalismo en Colombia

Uno de los desafíos principales – si no el más urgente – en medio de la actual coyuntura política sería pensar el significado de un tránsito posible hacia un escenario de “post-acuerdos”.

Manteniendo la hipótesis sobre una futura resolución exitosa de la Mesa de Diálogos entre el gobierno colombiano y las guerrillas (hoy, puntualmente: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; faltaría concretar el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, ELN y con reductos del Ejército Popular de Liberación, EPL en zonas cruciales como El Catatumbo, subregión ubicada al noreste de Colombia en la frontera con Venezuela), el post-conflicto debería pensarse no como una etapa donde el conflicto social estaría ausente, pues éste es imposible de “eliminar”, en tanto resulta ser inherente al régimen económico político vigente y realmente existente. Sin embargo, sí existe la posibilidad de pensar el post-conflicto como una fase histórica en la cual las expresiones armadas llegan a ser inocuas por ser políticamente improductivas, abriendo paso a distintos procesos que tengan como horizonte la construcción de una nueva institucionalidad estatal-administrativa desde el punto de vista socioeconómico y político.

Los nuevos dispositivos sociopolíticos así constituidos podrían canalizar el conflicto y, desde allí, varias de las contradicciones sociales por vías diferentes a las expresiones estrictamente armadas. Este escenario implicaría, desde luego, un des-escalamiento progresivo de la conflictividad social.

Para alcanzar esta nueva etapa se precisan varias transiciones. Entre ellas: una post-neoliberal. ¿Qué significa hablar de post-neoliberalismo?

A diferencia de varios casos regionales donde se registraron algunos cambios más bien superficiales a nivel de algunas políticas económicas, incluyendo la incorporación de varias “medidas sociales” respecto al neoliberalismo (ortodoxo) de las décadas de 1980s y 1990s pero sin acceder realmente hacia una era de transformaciones, en Colombia no sería suficiente la mera desinstitucionalización del programa de políticas que se han venido desarrollando desde hace más de tres décadas. En este caso en particular resultaría necesario iniciar la destitución del proyecto político del neoliberalismo, empezando por su modelo socioeconómico y su estrategia de desarrollo, así como de los dispositivos burocrático-autoritarios hoy vigentes. De esta manera, la transición hacia el “post-conflicto” implicaría paralelamente una transición desde el neoliberalismo, lo cual supone un punto de partida cierto pero un punto de llegada incierto, a construir y constituir políticamente.

Desafortunadamente hasta el momento, las trayectorias de las políticas y el proyecto político neoliberal en Colombia se mantienen intactos y antes que corregirse, se profundizan. Lo mismo sucede con varios elementos del régimen económico político, los cuales han venido reforzando sus lógicas, dinámicas y, especialmente sus contradicciones, sosteniendo las bases para el escalonamiento de la conflictividad social en general y provocando que incluso la posibilidad de avanzar hacia el post-conflicto en su expresión armada pueda eventualmente entorpecerse.

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[1] Para una antología en relación con el Informe de la Comisión, cfr. AA.VV. Conflicto social y Rebelión Armada en Colombia. Bogotá: Gentes del Común, 2015.

[2] En el proceso de americanización, la ideología del “desarrollo” y sus modelos (el desarrollo del subdesarrollo) la administración pública criolla ha jugado un papel no abordado sistemática ni críticamente. No hay que perder de vista que esta ideología fue enunciada por Harry Truman en tiempos de la post-guerra, continuada por Roostvelt-Keneddy y consolidada a lo largo del siglo pasado por todos los ex presidentes usamericanos.

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