pcpazEl Informe de la Comisión Histórica del Conflicto Interno Armado y las Víctimas (CHCV) definido en el Comunicado Conjunto No. 40 de la Mesa de Conversaciones de la Habana el 8 agosto de 2014[1], se planteó el objetivo de contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno y de afirmar que “sin verdad no hay paz”, y proveer insumos a las delegaciones en la discusión pendiente de ‘Víctimas’ y ‘Fin del conflicto’ del Acuerdo General, suscrito por el Gobierno Santos y las FARC-EP el 26 de agosto de 2012.

Dentro del mandato de la CHCV, se señala, entre otros puntos, un informe de síntesis elaborado por los relatores asignados, quienes debían reflejar “con la mayor objetividad los consensos, los disensos y la pluralidad de visiones de los expertos”. Hay una deuda al respecto.

Igualmente, la pluralidad de miradas que implica el Informe dificulta de entrada aprehender, sobre todo, los consensos; lo cual lleva a considerar la complejidad política y social del país, y a romper con la idea de una única versión oficial sobre el conflicto interno, aún hegemónica en el país. Es una verdad histórica que tendrá que seguir socializándose. ¿Acaso esta historia plural aporte a dimensionar la relación existente entre administradores y administrados? ¿Qué patrones o regularidades de forma y de estilo, de significado, han configurado la organización social?

El presente artículo recoge claves de análisis de cuatro de los doce ensayos del Informe[2] en torno al conflicto y plantea un conjunto de preguntas sobre la administración pública postacuerdo.

Los pre-supuestos del conflicto

En G. Duncan el conflicto es un asunto de cómo gobernar comunidades periféricas a través de articular exclusión y prácticas criminales (secuestro y narcotráfico). Prácticas que perfilaron la estrategia de guerra por recursos reproductores de la triada inseguridad-protección-orden, y sostenerla indefinidamente.

Afrontar la inseguridad producida por las FARC hizo de la guerra la forma institucional de resolver cotidianamente la exclusión, redefinir relaciones de poder entre las elites centro-periferia, y legitimar paramilitarismo y narcotráfico. Así se dinamizó el sistema democrático electoral. Estas formas de acumulación de poder, que regularon el orden social territorial, constituyeron gobiernos funcionales a los mercados globales.

El Estado central no habría tenido que ver directamente con esta dinámica de guerra, pero en lo regional no ha tenido un fuerte desarrollo institucional. Duncan se pregunta por el interés del Estado en una elite regional, pues dejó todo en manos contrainsurgentes privados y toleró su connivencia con la fuerza pública.

La incapacidad estatal en la victoria militar y en la representación de la población, harían que la criminalidad exigiera inmunidad (narcotráfico), y negociación favorable (guerrillas). Pero, cuando se provee, como en las últimas décadas, los medios para que la población adopte las normas y comportamientos legales, el Estado se convierte en la institución reguladora de la vida social.

En J. Giraldo el conflicto acontece en la quiebra de los deberes del Estado con sus ciudadanos (necesidades básicas y exigencias de justicia); el detonante, las luchas por la tierra, resueltas desde los años veinte del siglo pasado reconcentrando la tierra, expulsando al campesino a la ciudad, persiguiéndolo el hacendado, o aniquiléndolo el militar. Las ‘Leyes del Llano’, el ‘Programa Agrario’ de las FARC, los ‘documentos programáticos’ del ELN, el Movimiento Quintín Lame en los ochenta, hacen del problema de la tierra el eje del conflicto, y reconocen la imposibilidad de buscar reformas o actividad política por vías legales, como lo asumió el M-19 con la vía electoral.

Conflicto intensificado con el comercio de drogas ilícitas, intervención de los Estados Unidos –ya había fomentado la mentalidad antisubversiva-, brutalidad militar y desplazamiento forzado.

La entonces respuesta de las elites fue ‘refundar el Estado’ y blindar sus intereses regional-nacionales. Lo prueban parapolítica, reelección presidencial y narcoestado. Conflicto sostenido, además, por el manejo deforme de la información; por la impunidad absoluta respecto del Estado y de poderes económico-políticos, y por la arbitrariedad judicial respecto de grandes franjas de ciudadanos del común.

La población no-combatiente ha sido la víctima; pero los impactos de odios y traumas silencian, deforman y falsean lo que está detrás de las armas; impactos éticos, salidos del dominio público y social. Aquí estaría la solución, más que en un cese al fuego, en comprender el conflicto social más que armado y en democratizar radicalmente la fuerza pública y los mass medias.

En A. Molano el conflicto comienza hace un siglo con el control por la tierra y el Estado. Su origen está en el derecho a cultivar café para pancoger, la colonización campesina de baldíos y las tensiones en haciendas. La respuesta gubernamental fue liquidar resguardos. Llegaron así las luchas agrarias que el liberalismo usaría como apoyo político, y que la oficialidad reprimiría combinando elecciones, fuerza e iglesia en alianza con empresarios y financieros, para llevar al genocidio gaitanista (nunca reconocido) con el que se cortaba de tajo la lucha pacífica. Ahora la resistencia campesina, armada por el liberalismo, lograría acuerdos, amnistías y comandantes asesinados; vendría RojasPinilla a prohibir el comunismo y a regar napalm sobre nuevas zonas colonizadas.

La Guerra Fría se inauguraba con la Toma de Marquetalia y reafirmar el anticomunismo. Pero Lleras Restrepo reconoció la raíz ‘social’ del problema agrario y formuló programas que terminaron avivando el clientelismo y una nueva ofensiva militar y hacendataria. Adviene la auténtica guerra guerrillera y la creación del paramilitarismo que fundaría una poderosa elite empresarial protegida por el Estado.

Ante el débil y corrupto Estado central las autoridades legítimas local-regionales serían las beneficiadas de la cocalización de nuevas colonizaciones. Era la total contra-reforma agraria. Y la incapacidad militar para controlar el movimiento guerrillero, convertido en poder local, llevaría a los gobiernos a buscar negociaciones de paz que fracasaron con los consiguientes exterminios. El fin del siglo XX continuó la guerra, ahora irregular con Plan Colombia y Seguridad democrática. Mientras tanto, las redes de resistencia comunitaria, con solidaridad y protección internacional han logrado hacer retornar a miles de desplazados y a reclamar sus tierras.

En este sentido, dice el autor, una paz estable será posible cuando las fuerzas involucradas renuncien a la combinación de todas las formas de lucha, a favor de la lucha civil e independiente del tutelaje militar de Estados Unidos.

En M. Wills, la causalidad del conflicto tiene que ver con lo político y la política. La autora recurre a la metáfora de los nudos para dar cuenta del tejido enredado que se planea o no por actores, y cuyas trabas solo es posible superar de manera conjunta-consciente, pues ‘tirando de un solo cabo’ no se desatan.

Un primer nudo tiene que ver con la falta de representación política del campesinado. Serían las fuertes redes multiclasistas partidistas, frente a una débil construcción estatal, las movilizadoras de los sectores campesinos y populares en votos y en armas, y que terminaron por alimentar la idea y la acción del amigo-enemigo en el orden social. Un segundo nudo, polarización social e institucionalidad fragmentada, evidencia las raíces antidemocráticas en la resolución de los conflictos. Los intersticios de pluralidad logrados con el Frente Nacional, terminan caracterizando el conflicto contemporáneo, movido por la lucha armada, la consecuente respuesta militar, y las mafias producto del narcotráfico. La guerra expandida, con fuertes fuentes de financiación, alianzas, marcos interpretativos, estrategias militates y repertorios violentos, desemboca en un autoritarismo degradante. Este es el tercer nudo, el de las articulaciones perversas entre regiones y centro, que torna dramáticas las históricas fracturas estatales en órdenes sociales regionales, y un modelo de Estado y sociedad que no fructificó, según la Constitución de 1991. Entonces, las herencias autoritarias hacen que la victimización enseñe “una guerra con pasado pero sin futuro”.

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¿Hacia una nueva administración pública?

Los ensayos abordados acuerdan en la persistente debilidad integradora, ciudadana y democrática del Estado; revelan que históricamente la lógica institucional y las dinámicas económicas y sociales se han apoyado en el ejercicio de la violencia. Si el Estado es la forma de administración política moderna por excelencia, habría que preguntarse si es posible -y necesario- imaginar una nueva estatalidad, luego de que por lo menos en cien años ha sustentado, por acción u omisión, un orden social violento.

Preguntarse, además, si la administración pública se la ve con el gobierno, con la gerencia-gestión, con las políticas públicas, con la consultoria, con la academia, es posible que ella participe en la politización social, que no es partidista; es decir, si la administración pública debería dar cuenta de la construcción de ciudadanía política y de sujetos –p.e. funcionarios- democráticamente responsables.

Y como la racionalidad instrumental no puede dar razón de nuevos sentidos de vida podría la administración pública ¿llevar a comprender ‘qué pasó’ y ‘qué hacemos con lo que pasó’? Acaso sus políticas ¿ser pensadas y ejecutadas en perspectiva de derechos humanos y de memoria? Y si su acepción ´pública’, transfigurada en lo corporativo, en lo privado, en lo agenciado, ser dimensionada en términos de lo(s) común(es)? Y ser capaz en una apuesta de post-acuerdo, como disciplina y/o saber, de convocar y conjugar otras formas de conocimiento que en su dinámica histórica ha marginado/eliminado; es decir, la administración pública ¿podría asumir la mirada de los cuerpos, de lo sentimientos, de las emociones? Porque todo esto lo aprendemos de los más de siete millones de víctimas que deja hasta hoy la forma de administrar el conflicto.

Empero, todo esto implica dilucidar la abstracta separación de política y administración –dizque, se arguye, en aras del principio de justicia. El conflicto, desde la CHCV, revela lo contrario. Si se asume la política como espacio de conflictos de todo orden, favorable a la democracia, hay que decir que nada será posible si se persiste en la forma despojadora de la construcción y reproducción del poder político en Colombia y que sería necesaria su derrota, seguramente girando hacia una administración pública donde de las fuerzas sociales, civiles y organizadas sean las protagonistas.

[1].“Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC- EP, como resultado de las cuatro reuniones  preparatorias que hemos sostenido a lo largo del último mes que culminan con la reunión sostenida entre el 3 y el 5 de agosto, hemos llegado a acuerdos adicionales en torno a: i) Medidas para llevar a buen término las visitas de las víctimas a La Habana; ii) Comisión histórica del conflicto y sus víctimas; iii) Sub-comisión relacionada con el punto 3 de la Agenda del Acuerdo General: “Fin del Conflicto”; y iv) Sub-comisión de género.”

[2] La selección de los ensayos ha sido al azar. Los ensayos seleccionados fueron: Gustavo Duncan, “Exclusión, insurrección y crimen”; Javier Giraldo S.J., “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”; Alfredo Molano, “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920–‐2010)”; María Emma Wills, “Los tres nudos de la guerra colombiana”.

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