diego-arango represion El presente ensayo discute sobre la problemática del confinamiento forzado en Colombia, como un asunto de debate urgente ante su estado de incipiente desarrollo y ante las complejidades que en términos prácticos ha representado para el accionar de las políticas públicas del Estado. En los primeros apartes de este escrito se darán algunos elementos de contexto y en los segundos se expondrá la propuesta de que el confinamiento sea entendido como un problema jurídico y político. 

  1. El problema: en contexto

El conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia se han traducido en vastas modalidades de exterminio, desaparición y afectación de la población civil. Cada vez son más amplios los alcances territoriales en el nivel nacional de la influencia y la confrontación, así como el número de personas y comunidades que se han visto involucradas directa o indirectamente en este contexto. De acuerdo con el informe anual del año 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2014: 606) “(…) Al 1 de noviembre de 2014, el número de víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) por el hecho de desplazamiento forzado era de 6.527.908 personas. Lo anterior significa que en la actualidad Colombia es el segundo país a nivel mundial con mayor número de desplazados internos, siendo sólo superado por Siria.”

De la población colombiana que ha sido desplazada por la violencia, las personas afro, seguidas de las indígenas, han sido las víctimas más frecuentes y mayormente impactadas por este fenómeno. Sin embargo, la situación humanitaria que vive la población afrocolombiana víctima del desplazamiento forzado se ve aún más agudizada porque junto a esta violación de sus derechos la población ha sido víctima de un fenómeno menos visible, como es el confinamiento forzado.

El auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional sobre la protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional de la política pública de atención a población desplazada declarado en la sentencia T-025/04, definió el confinamiento como:

Una modalidad de desplazamiento forzado interno en el que las comunidades continúan en una parte de su territorio pero perdiendo la movilidad sobre el mismo y en algunos casos la autonomía para poder decidir sobre aspectos básicos de su vida social y cultural. Atrapadas en medio del conflicto armado interno, el confinamiento es un fenómeno creciente para muchas comunidades negras en todo el país (Corte Constitucional de Colombia: 2009).

Igualmente, en el auto 005 la Corte hace explícita la dificultad que tiene el Estado colombiano para garantizar una atención integral a las personas que deciden quedarse en sus territorios “porque la política estatal no ha considerado estas situaciones atípicas en las que el deber de prevención debe anteceder a la asistencia al desplazamiento. En consecuencia, la asistencia a las comunidades se condiciona al total abandono del territorio” (ibíd.).

El fenómeno del confinamiento, si bien ha sido documentado por la Corte Constitucional en el mencionado auto, por organizaciones sociales de derechos humanos, y por académicos relacionados con el tema, aún carece de profundos y variados que permitan comprenderlo en todas sus dimensiones y con base en estas, enfocarlo como un asunto de pronta solución. En relación con estas características, el confinamiento se configura como un fenómeno complejo y de necesario estudio, frente al cual este esfuerzo presenta solo un aporte particular, y una propuesta para que sea entendido como problema político de derecho y de derechos.  

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  1. Confinamiento forzado: un problema de derecho y de derechos

La alternativa que se propone toma como puntos de partida los aprendizajes y avances que en Colombia se han dado alrededor del agudo problema del desplazamiento forzado, que entre otras, han llevado a que el país sea uno de los pocos que cuenta con una política pública específica para la prevención, atención y protección de las víctimas de esta violación de derechos. Este propósito se emprende en razón de la ausencia de estipulaciones especiales en la normatividad en Colombia para la protección de los grupos poblacionales confinados, que permita que el Estado considere sus particulares condiciones y regule las respuestas y políticas públicas de atención, como paso necesario para la solución de este problema, seguido claro está, de la implementación efectiva y eficaz de acciones tendientes a ello.

Así las cosas, la propuesta de que en Colombia se lleve a cabo un proceso de problematización que lleve al reconocimiento del confinamiento como una situación humanitaria particular se apoyará en el análisis histórico de lo que en su momento se desarrolló alrededor del desplazamiento forzado en el país; el cual pasó de ser un fenómeno invisibilizado e inexistente política y jurídicamente (similar al estado actual del confinamiento en el país) a estar hoy tipificado y tratado en la normatividad nacional como todo un complejo de agudas violaciones a los derechos de las víctimas, de los cuales el Estado claramente debe hacerse responsable.

De este modo, resulta pertinente recordar, tal y como lo plantean César y Diana Rodríguez (2010: 67-71), que pese a que el desplazamiento forzado no era un fenómeno nuevo en el contexto del conflicto armado colombiano y que desde finales de 1996 comenzaron a presentarse éxodos masivos en varias zonas del país (…) hasta mediados de los noventa, la gravedad y magnitud de esta situación “contrastaban con la posición política de los gobiernos –que atribuían el problema a razones exclusivamente económicas o a desastres naturales–, sin reconocer la contribución del conflicto en este fenómeno”.

Se entiende con ello, que la negación del problema del desplazamiento era paralela a la inexistencia de políticas públicas y de un conjunto de instituciones coordinadas para atender la crisis humanitaria originada por el desplazamiento forzado. Asunto que cambió solo hasta la expedición de la Ley 387 de 1997 para la Atención de la Población Desplazada, en la que el “Ejecutivo y el Legislativo coincidieron en los ejes que debía tener la política pública de desplazamiento, a saber: (i) la prevención del desplazamiento, (ii) la atención humanitaria de emergencia, (iii) el retorno voluntario y el reasentamiento de la población, y (iv) la estabilización socioeconómica” (Rodríguez y Rodríguez, 2010: 75).

A pesar del marco legal y de los documentos de política pública para atender a las personas en condición de desplazamiento, “durante los primeros años de la década del 2000 la problemática empeoró” y además “continuó aumentando la brecha entre la oferta de programas y acciones estatales efectivas y la demanda de programas de prevención, atención y restablecimiento a la población desplazada” (Rodríguez y Rodríguez, 2010: 78-79). Todo ello configura la problemática situación que llega a la Corte Constitucional colombiana y sobre la cual se pronuncia en la sentencia T-025 de 2004 en la que declara el estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada del país. En tal declaración “la Corte Constitucional devela o desnuda, en forma paralela, que la realidad social y política no guarda correspondencia con las proclamaciones constitucionales en materia de derechos fundamentales” (Moncayo, 2009: 128-129).

De este modo, lo que se evidencia en la sentencia es una acción de la Corte que, como guardián de los principios y garantías constitucionales, interviene de manera directa en el estado dramático de la situación del desplazamiento forzado en Colombia, contribuyendo, a partir de la emisión de órdenes precisas al Estado, para que actúe frente al tema de la transformación comprensiva y valorativa del desplazamiento forzado. Esta acción del Tribunal ha permitido, entre otras, que el desplazamiento forzado sea un tema que pasó de entenderse como un simple efecto secundario de la guerra a un problema de derechos humanos respecto del cual el Estado, hasta hoy, ha debido comprometer todo un arsenal de políticas públicas que busque reconocer tal carácter y proponer salidas que siguen siendo vigiladas juiciosamente por la Corte y por otros actores, organismos e instituciones.

Con todo ello, se pretende proponer que una aguda situación humanitaria como lo es el confinamiento, en su estado y caracterización actual, pueda ser objeto de un tratamiento similar por parte del legislativo y el ejecutivo, y en últimas, por parte de la misma Corte Constitucional. Ello, en perspectiva de constituir el piso jurídico que pueda permitir, entre otras, la exigencia de las víctimas de confinamiento de que el Estado garantice la protección y respeto de sus derechos en relación con esta situación; la justificación y regulación precisa al mismo Estado para que priorice la formulación e implementación de políticas claramente destinadas a solucionar esta problemática; y la participación de múltiples actores, instituciones y organizaciones en el proceso de seguimiento y abordaje de las relaciones causales, efectos e impactos en las poblaciones confinadas.

Al respecto, un primer paso es el seguimiento al auto 005 de 2009, en el que el Tribunal expone la situación del confinamiento forzado como expresión de las violaciones de derechos humanos que el conflicto armado colombiano ha generado, logrando con ello el primer pronunciamiento de un órgano del sistema jurídico nacional. No obstante, se considera que entre los esfuerzos próximos del Tribunal y de los órganos legislativos del país es posible realizar, a la manera del proceso deliberativo llevado en la sentencia T-025 de 2004, una labor que redunde en la visibilización, desarrollo y afrontamiento del confinamiento, como posibilidad de incidencia en su reconocimiento como problema de derecho y de derechos y de propuesta de posibles soluciones.

  1. A manera de cierre

La perspectiva señalada en el presente texto no puede dejar de mencionar que, ante todo, la situación del confinamiento forzado se ha configurado alrededor de una experiencia de resistencia de las comunidades afrocolombianas del país, a través de la cual se han negado a abandonar sus territorios, manifestando su rechazo pacífico y contundente contra aquellos que pretenden despojarlos y encontrando alternativas autónomas y colectivas para la exigencia de sus derechos, sin el apoyo estatal adecuado para ello.

Frente a este panorama, la propuesta de problematización jurídica esbozada arriba parece ser ingenua y reducida, aún más si se tiene en cuenta que “la experiencia cotidiana de las comunidades desplazadas o confinadas indica que los ajustes en el plano normativo continúan sin garantizar la restitución de los derechos” (CNOA, Afrodes y Orcone, 2008: 8).

Sin embargo, es núcleo orientador de la propuesta el hecho de que no es la única, necesaria y posible salida a la problemática, sino que representa uno entre los esfuerzos que deben emprenderse para su solución, al que pueden sumársele otros tantos como la re-orientación de las políticas públicas a partir de un enfoque diferencial étnico-afrocolombiano capaz de reconocer e integrar el carácter estructural y complejo del problema, las dimensiones étnicas alrededor del mismo y la incidencia efectiva y autónoma de las comunidades afectadas y de otros sectores de interés, en lo que debe constituirse como “un proceso participativo, de construcción colectiva” (ibid.)

Sin duda, en esta perspectiva “es fundamental adoptar como marco de referencia las propuestas que las organizaciones y comunidades afrocolombianas han ido construyendo como rutas para superar la exclusión estructural, prevenir la des-territorialización y garantizar los derechos fundamentales en las circunstancias extremas” que están viviendo como consecuencia del destierro y el confinamiento (CNOA, Afrodes y Orcone, 2008: 33).

Por supuesto, estas comunidades son las que directamente conocen y comprenden sus contextos, tanto como sabedoras de prácticas y experiencias de solución pacífica de sus conflictos y de resistencias históricas como sujetos autónomos, colectivos y políticos que son.

Bibliografía 

CIDH. 2014. Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2014. Capítulo V. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país o temáticos: Colombia. San José de Costa Rica.

CNOA, AFRODES Y ORCONE. 2008. Política pública con enfoque diferencial para la población afrocolombiana en situaciones de desplazamiento y confinamiento. Propuestas para la construcción. Bogotá.

MONCAYO, Víctor Manuel. 2009. “La superación del estado de cosas inconstitucional sobre atención al fenómeno del desplazamiento forzado: ¿imposibilidad jurídico-institucional o política?” En: Desplazamiento forzado ¿hasta cuándo un Estado de Cosas Inconstitucional. Tomo I, Bogotá, CODHES.

RODRÍGUEZ, César y Rodríguez, Diana. 2010. Cortes y cambio social. Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. Colección DeJusticia, Bogotá, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

Corte Constitucional de Colombia. Auto 005 del 26 enero de 2009. M.P.: Manuel José Cépeda Espinosa.

_____________________________. Sentencia T-025 del 22 de enero de 2004. M.P.: Manuel José Cépeda Espinosa.

Ley 387 de 1997. “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.

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