georggrosz-caosEl gobierno de Macri no comienza estrictamente el 10 de diciembre, día de la asunción, sino a partir de su victoria electoral, e incluso antes, de la mano de una serie de promesas que, como suele suceder, repercutieron en la vida económica del país, como por ejemplo que las perspectivas de devaluación que alumbraban sectores importantes de la economía con dialogo con el líder de Cambiemos, tuvieron el efecto de trasladarse a los precios aún antes de que la misma sucediera como decisión de política pública del gabinete de Macri. Esto se tradujo en una inflación cercana al 3% para Noviembre de 2015, según diferentes estimaciones, es decir, anterior a la toma de posesión del cargo por parte de Macri pero inmediatamente posterior a su victoria electoral. Si en términos formales-institucionales Macri comienza su presidencia el 10 de diciembre de 2015, en términos sociológicos y politológicos, lo hace un mes antes.

Cuando toma el cargo el 10 de diciembre, Macri lleva adelante una política de shock en lo económico, de dudosa calidad institucional en lo político a través del uso indiscriminado de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y, finalmente, que afecta en lo inmediato y exponencialmente en lo social, disparándose la inflación, la desocupación y la pobreza.

Por un lado, tenemos un aluvión de declaraciones de emergencias. En primer lugar la emergencia energética declarada el 15 de diciembre de 2015, luego vino la declaración de la Emergencia en Seguridad el 17 de diciembre y, al día siguiente, la reglamentación de la protesta social. Esta reglamentación refiere a una suerte de protocolo de acción para las fuerzas de seguridad frente a los cortes de tránsito y cualquier forma de interrupción de la circulación, que no se hizo esperar y entró en funcionamiento el 22 de diciembre con la represión y desalojo de la autopista Riccheri de las y los trabajadores de Cresta Roja, una empresa avícola que se había declarado en quiebra.

A estas se le suma el 30 de diciembre la declaración de Emergencia Estadística, lo que le permite al gobierno no publicar índices de precios, desocupación, inflación, etc. hasta dentro de seis meses, lo que resulta sorprendente en el marco de un escenario de discusión de salarios, variables macroeconómicas en permanente movimiento, etc.

Finalmente, Macri hizo un uso desmesurado del decreto sin convocar a sesiones extraordinarias del Congreso sino hasta último momento, con una intervención política en materias que rozan con la inconstitucionalidad. Por un lado, decretó en Comisión para designar dos nuevos ministros de las Corte Suprema de Justicia de la Nación el 15 de diciembre. Por otro lado, estableció un decreto que modifica el monto coparticipable a la ciudad de Buenos Aires, duplicándolo, donde el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional prohíbe al presidente hacer uso de los decretos para materia tributaria. También es de mención el decreto 254/2015 del 23 de diciembre de 2015, de revisión de los contratos de empleados estatales, que derivó en despidos masivos de trabajadores estatales (27.199 trabajadores despedidos en el sector público al 2 de febrero, 2000 en el Senado y 2000 en la ex ESMA). Los despidos en el sector estatal, que han tratado de legitimarse a través de una estigmatización del trabajador estatal como un ñoqui o como una forma de limpieza y emprolijamiento de la planta del Estado, en realidad evidencian una particular manera de concebir el rol del Estado. De la mano de los despidos viene el desmantelamiento de programas estratégicos de desarrollo en algunos casos y de protección de derechos en otros, como por ejemplo los casos de ARSAT, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, de los Programas contra la violencia contra la mujer, del Centro Cultural Kirchner, entre tantos otros.

En cuanto a política internacional, lo primero que hizo Macri fue exigir que se le aplique la clausula democrática del Mercosur a Venezuela, manifestando un claro desconocimiento del uso de dicha clausula y, como corolario, una indebida injerencia en los asuntos internos de otro Estado atentando directamente contra su soberanía. En segundo lugar, pueden mencionarse las declaraciones que realizara la canciller  Malcorra sobre la necesidad de no demonizar la Alianza del Pacífico, manifestando cierta simpatía respecto al alineamiento con los EEUU y la consecuencia debilidad  de los instrumentos de integración regional tales como el Mercosur y la CELAC.

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Un aspecto sintomático de la naturaleza del gobierno de Cambiemos son los funcionarios que conforman el mismo. Se ha caracterizado el gobierno como “CEOcracia”, el poder de los CEO, de las grandes empresas y de los grandes intereses económicos que tienen las riendas del Estado en Argentina. Ello hace que el principio que se suele utilizar para describir la situación de doble poder, “Macri al gobierno, los CEO al poder”, ya no se ajuste tanto a la realidad en la medida que los CEO, además del poder que detentan, se encuentran en el gobierno, no actúan en las sombras, asumieron la actividad política en sus propias manos. Con ello, la relación economía-política adquiere nuevos matices y una nueva naturaleza que exige pensarla con instrumentos que permitan dar cuenta de esta novedad. Entre esos funcionarios cabe mencionar[1]:

  • Alfonso Prat Gay, actual Ministro de Hacienda y Finanzas, participe de una de las más recientes estafas al pueblo argentino. Fue directivo de la banca JP Morgan, banco que llevó adelante el “Mega canje” en Argentina en 2000, facilitando operaciones millonarias de evasión impositiva y fuga de capitales, así también del “corralito”, responsables de la fuga de 26.000 millones de dólares del país. Quien fuera ministro de economía en su momento, Domingo Cavallo, designa vicepresidente del Banco Central a Prat Gay, es decir, a un directivo de la JP Morgan, facilitando el camino para fugar los dólares al exterior.
  • Luis Caputo, Secretaría de Finanzas. Trabajó en la JP Morgan entre 1994 y 1997, presidente del Deutsche Bank hasta abril de 2008 y actual conductor de la administradora de Fondos comunes de inversión AXIS. Con todos estos antecedentes, es el encargado de negociar con los fondos buitres.
  • Francisco Cabrera, Ministro de la Producción. Presidente de la Fundación Pensar, el think tank del PRO. Trabajo en Hewlett-Packard pero, tal vez, su antecedente más importante sea haber fundado la AFJP Máxima, siendo CEO de la misma. Luego continuó su carrera en el holding financiero Grupo Roberts y, posteriormente, en el HSBC.
  • Juan José Aranguren, Ministro de Energía y Minería. Trabajo en Shell cerca de 40 años y durante sus últimos 12 años fue el CEO de la petrolera en Argentina.
  • Federico Sturzenegger, Presidente del Banco Central.
  • Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte y dueño de una de las concesionarias de automóviles más importantes del país.
  • Alberto Abad, Director de la AFIP. En 2000 es vicepresidente Ejecutivo del Grupo BAPRO -holding de empresas del Banco Provincia de Buenos Aires- que nucleaba sociedades con significativa presencia en la actividad de AFJP, ART, Seguros, Bolsa, Inversiones inmobiliarias y Leasing.
  • Pablo Avelluto, Ministro de Cultura. Fue jefe de prensa de Espasa Calpe de 1993 a 1995, gerente de la editorial Planeta d 1995 a 1999, responsable de negocios en las publicaciones de Torneos y Competencias de 2000 a 2002, gerente editorial de Estrada de 2002 a 2005 y, finalmente, director editorial de la región sur del pulpo editorial Random House-Mondadori.
  • Susana Malcorra, Canciller. Directiva de IBM y Telecom Argentina, un servicio público privatizado, donde llegó a ser CEO.
  • Ricardo Buryaile, Ministro de Agricultura. Dirigente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas)
  • Isabela Constantini, presidenta de Aerolíneas Argentinas. A partir de 2012 se desempeñó como CEO de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay.

Dentro de la Jefatura de Gabinete:

  • Gustavo Lopetegui, CEO de LAN desde 2009 y fundador de la cadena de supermercados EKI, ya desaparecida.
  • Mario Quintana, CEO de PEGASUS (Farmacity, Freddo, Musimundo, las cafeterías Aroma, el Shopping Tortugas Open Mall, Core Security Technologies, las financieras Efectivo Sí, Contado Sí y la santafecina Grupo Unión).

Que el gobierno no es más que el administrador de los intereses de la clase burguesa puede ser fácilmente aceptado; ahora bien, las relaciones sociales, los vínculos, las redes de relaciones que se constituyen cuando desembarcan en las áreas más sensibles del Estado los mismos dueños del Capital, no sus administradores ni sus representantes, sino sus dueños mismos, requiere una mayor agudeza en el análisis. Si consideramos el Estado como un espacio de disputa, un espacio de construcción de hegemonía, una arena donde se expresan conflictos, se hace necesario distinguir por un lado, la política de estatización de las AFJP con, por otro lado, la llegada al Ministerio de la Producción de Cabrera que es el creador de la AFJP-Máxima. En otras palabras, es el Capital quien capturó el Estado, ya no hay disputa, ya no hay conflicto, el Capital salió victorioso de esa lucha por su hegemonía.

En síntesis, con la llegada de Cambiemos al poder, el gobierno del Estado se encuentra en manos de personas que en su gran mayoría provienen del mundo empresarial, visibilizando una disputa en torno a la virtud o el defecto del éxito privado en la función pública. Bajo la idea de “si le va bien a Macri le va bien al país” se construye una imagen de coincidencia entre intereses privados e intereses públicos. Sin embargo, a modo de ejemplo, ¿los Fondos de inversión Axis qué actitud tomarán sobre las resoluciones que, eventualmente, tome quien fuera uno de sus fundadores Luis Caputo, actual flamante secretario de Finanzas de Alfonso Prat-Gay y ex presidente del Deutsche Bank, para regular el mercado financiero? En otro caso, cuando Aranguren fije el precio del gas en boca de pozo a su antigua familia Shell, ¿cómo reaccionará la misma ante semejante agresión y, en su defecto, este nombramiento no plantea un conflicto de intereses con la nacionalizada YPF? Finalmente, para no cargar de casos ‘hipotéticos’, Miguel Braun, el flamante secretario de Comercio, es sobrino de Federico Braun, dueño de la cadena de supermercados La Anónima y uno de los mayores aportantes para la campaña del Pro, ¿qué actitud tomarán frente al control de precios? ¿Cómo regular las prácticas monopólicas de los supermercados con ese secretario de comercio, como regular el mercado de Capitales con ese equipo de finanzas, como regular el precio de los combustibles con ese ministro de energía?

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En lo económico Mauricio Macri toma la decisión de eliminar las retenciones al agro en el trigo (23%), maíz (20%), girasol (32%), carnes (15%) y redujo 5% las de la soja que se encontraban en 35%. Las retenciones tienen la capacidad de desvincular los precios internacionales de los que se manejan en el mercado interno, por lo tanto, la eliminación de las mismas equipara los precios internos con los del mercado internacional. Si un exportador de granos con las retenciones recibía el mismo monto, vendiéndolo en el mercado interno o externo (las retenciones, precisamente, retienen parte de la ganancia obtenida en el mercado internacional), su eliminación hace que los precios internos se acomoden a los internacionales, caso contrario se correrá el riesgo del desabastecimiento interno.

La devaluación de la moneda nacional y la eliminación de las retenciones ha sido una estocada a los sectores de ingresos fijos. Hacer al sector agro exportador más competitivo tiene como correlato la brutal pérdida del poder adquisitivo del salario (estimado en un 40%). Al mismo tiempo tiene como consecuencia un desfinanciamiento del Estado y, como correlato, el impacto negativo en las políticas y programas que se llevaban a cabo. Se estima que el Estado dejó de recaudar 130.000 millones de pesos que financiaban políticas redistributivas.

Otras de las medidas de gran impacto que se dieron a mediados de diciembre, es la desoberanización monetaria, lo que popularmente se llama “eliminación del cepo al dólar”, abandono de la política de control monetario y la consecuente devaluación de la moneda, pasando de $9 a $14 en un solo día.

Lo que es importante señalar en un análisis político, no son sólo los perdedores de las políticas llevadas a cabo, sino los ganadores de las misma, ya que ese poder adquisitivo del salario que se pierde no se diluye sino que se transfiere, lo mismo con esa capacidad adquisitiva del Estado estimada en 130.000 millones de pesos, no desaparecen sino que se transfieren. En síntesis, el escenario que se abres es un proceso de desigualación social y virtual estado de excepción (emergencias).

Cuando el equipo económico que gobierna, desde el Ministro de Hacienda hasta el Ministro de Trabajo, advierte la necesita de bajar salarios para hacer más competitiva la economía, se conduce por esa lógica histórica del Capital: trabajar más por menos salario. Cuando se estancan los salarios, cuando pierden su poder adquisitivo, cuando suben los precios, cuando los ricos pagan menos impuestos y los pobres pagan más, se trata de transferencia de recursos. Si el salario tiene menor poder adquisitivo, ese poder no se diluyó, se transfirió. Si los agro exportadores, los formadores de precios, las industrias concentradas han aumentado considerablemente sus ganancias (pongamos por caso un aumento de un 40% o 50%), no es porque han trabajado más y se han esforzado más, sino porque la riqueza social fue transferida a sus bolsillos. Esa transferencia se da desde la suma de todos los poderes adquisitivos de los salarios perdidos, hacia el bolsillo de este sector económico concentrado, el drenaje de riqueza es constante.

La relación entre salarios híper retrasados, devaluación de la moneda, ocultamiento de los índices del Indec, se encontraba en la secuencia de gobierno que indicaba la necesidad de desigualar a través de la transferencia de ingresos del sector de ingresos fijos a las empresas y, también, con la quita de retenciones al agro y la devaluación de la moneda. La secuencia indicaba que a esta desigualación le debía seguir la fosilización de esa desigualdad, fosilizarla, cimentarla a través de unas paritarias que no logren recomponer el poder adquisitivo del salario. La manera de cerrar este primer ciclo de desigualdad es consolidándola a través de unas paritarias que no tendrán índice de inflación desde el cual negociar, primera fase del Neoliberalismo recargado de Cambiemos.

Con estos movimientos por parte del gobierno, establecer un techo del 25% para las paritarias y responsabilizar a los propios sindicatos del pedido con la amenaza que a mayores salarios mayor destrucción de empleo, comienza a transitarse esa dinámica del gobierno de la fuerza de trabajo. El tercer elemento que debe comenzar a considerarse es que ante el avance de los despidos, tanto en el sector público como en el sector privado, las paritarias puedan comenzar a perder sentido, en tanto el desempleo se establece como herramienta de disciplinamiento social, de ajuste de los salarios y de una fuerza de trabajo que perderá más su valor en el marco de la presión que implica ese ejército reservista de mano de obra.

[1] Ver http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-289451-2016-01-03.html

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Jose Gabriel Giavedoni es Docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario e Investigador del Conicet (Argentina).

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