7119Los datos oficiales de abril pasado señalan un crecimiento de los precios al consumidor del 2,6% para la Ciudad de Buenos Aires y los partidos que integran el Gran Buenos Aires.[1]

Si bien se trata de un dato regional, que superó todo pronóstico, el mismo es utilizado para definir la situación en el ámbito nacional. El INDEC informa que la medición nacional recién estará para el próximo mes de julio.

En lo que va del año la inflación alcanza al 9,1%, muy cerca del piso del 12% imaginado desde el BCRA, y para los últimos 12 meses suma del 27,5%, muy lejos de las pretensiones patronales de actualización salarial en convenciones colectivas de trabajo en proceso. Traigamos a cuenta el 19%, aún con actualización futura, ofrecido a docentes y que explica la continuidad del conflicto educativo.

La inflación es una cuestión de poder, donde queda claro que solo unos pocos pueden incrementar los precios.

Por lo pronto, los trabajadores no tienen libertad de mercado para establecer el precio de la fuerza de trabajo. Los docentes demandan 35% de actualización, para recuperar lo perdido en 2016 y lo que imaginan será la evolución de los precios de la canasta familiar para el 2017.

No son docentes los únicos trabajadores con ese nivel de demanda de actualización salarial, y queda clara que la batalla económica es por bajar el precio de la fuerza de trabajo, como forma de reducir el costo laboral dentro de los costos de producción.

Los que sí pueden incrementar precios son los sectores de servicios, cuyos precios crecieron por encima de los bienes. En abril, los precios de los bienes se aumentaron en 2,4% y los de los servicios en 2,9%. El acumulado de enero a abril fue de 7,7% en bienes y 11% en servicios; mientras que en el acumulado anual los bienes crecieron el 24,4% y los servicios 32,2%.

En materia de bienes destacan los alimentos, con 2,2% en abril; un acumulado durante el 2017 de 8,9% y de 29,1% para los últimos 12 meses, con el agravante que la incidencia del rubro alimentos resulta fundamental en el conjunto de los precios. Los sectores de menores ingresos y por ende con menor capacidad adquisitiva destinan la mayor parte de sus recursos en la compara de alimentos.

No cualquiera puede aumentar precios, para ello hay que tener poder.

El crecimiento de los precios en general y de los servicios y alimentos en particular agudiza el problema del empobrecimiento de la población más empobrecida, que según el INDEC suman 30,3% para el conjunto social y del 45,8% para los menores de 14 años, la infancia.

Política oficial de metas de inflación

Si bien el Banco Central sostiene su pauta del 17% como máximo, desde otras esferas se piensa en más del 20%, incluso señalan que convendría hablar de precios en sentido estricto y luego adicionar el incremento de tarifas. De ese modo pueden llegar hasta 25% o más para el año, argumentando que es menos que el elevado registro del 2016.

El encargado principal de la política antiinflacionaria es el BCRA, con una estrategia ortodoxa de contraer la masa monetaria (secar la economía; retirar dinero del mercado). Por medio de altas tasas de interés empuja esta política contractiva, estimulando inversiones especulativas de grandes inversores, entre ellos, los bancos, que prefieren invertir en tasas altas pagadas por el Banco Central que en prestar para el desarrollo productivo con riesgo de impago.

La política del BCRA es onerosa, ya que para retirar dinero del mercado ofrece cuantiosos intereses a los inversores en Letras del Banco Central, LEBAC (26,25% a 35 días). Ya hay emitidas y en circulación 739.000 millones de pesos en LEBAC, algo así como 46.000 millones de dólares. Eso es deuda del Banco Central a cargo de toda la sociedad contra los tenedores privados de esas letras. La famosa socialización de las perdidas.

Es curioso como al mismo tiempo, es la propia política monetaria la que contiene el precio del dólar, ya que con altas tasas se compite contra la demanda de dólares. Como estos ingresan en cantidades importantes por mayores importaciones y menos exportaciones, como por préstamos que tienen destino en la especulación o en el pago de la deuda pública, entonces, para evitar un mayor retraso del tipo de cambio (que no baje más de la cuenta), el BCRA resulta un comprador recurrente de dólares. Para ello emite moneda y renueva el ciclo de altas tasas para retirar esos pesos puestos en circulación (emisión) por el mismo Estado.

Un círculo vicioso, donde crece la deuda y se reaviva la combinación de inflación con desaceleración de la economía, aun cuando se intenta mostrar cierta recuperación vía inversión pública y de ciertos sectores de la producción, especialmente el agro y la construcción.

En el ciclo anterior faltaban divisas y por eso las regulaciones cambiarias (cepo entre otras) y la fuga de capitales. Ahora, ingresan dólares que hacen subir las reservas internacionales por encima de los 48.000 millones de dólares y continúa la fuga de capitales, sea por el saldo negativo del balance comercial, el turismo al exterior, las remesas de utilidades al extranjero y los pagos de la deuda

¿Qué hace y hará el gobierno? ¿Existe otro rumbo posible?

Continuará con el ajuste. El presidente dice que tiene un agujero fiscal de 500.000 millones de pesos y los ministros de Finanzas y de Hacienda señalan que es una tarea a desplegar luego del “triunfo” electoral de octubre.

Buscan consenso electoral para profundizar el ajuste fiscal, contra el gasto público social y desfinanciando derechos sociales, a la alimentación, la educación, la salud, el empleo, entre muchos otros. La reforma laboral y previsional está en la agenda de temas estructurales en ese sentido, en el mismo rumbo de Brasil, Chile y otros países de la región.

¿Se podría hacer algo distinto? Claro que sí, pero es inimaginable en el marco del proyecto político e ideológico del PRO-CAMBIEMOS.

Se puede atacar la cadena de producción y distribución de alimentos y bienes y servicios esenciales, con una concepción de derechos y no de mercancías, pero iría en contra de la lógica gubernamental y de la dominación económica.

También debiera modificarse la política monetaria, cambiaria y arancelaria, algo que la ortodoxia en el BCRA, o en Hacienda y Finanzas no puede imaginar.

En el fondo es una cuestión política, como con el 2×1, con cientos de miles movilizados pudo lograrse casi unanimidad de opinión institucional y deslegitimación social de un fallo espurio de la Corte Suprema.

¿Podrá organizarse una movilización social de tal magnitud para lograr sustanciales modificaciones en la política económica y social?

Buenos Aires, 12 de mayo de 2017

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[1] INDEC, en:  http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_05_17.pdf

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
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