VENEZUELA EN SIETE CLAVES PARA ABORDAR SU CRISIS ACTUAL. Por Emiliano Terán Mantovani.

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No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.
El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueismo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.
Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto
El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.
Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.
I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea
El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.
En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.
Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.
Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.
Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.
Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.
Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.
Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.
II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano
Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.
 La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.
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El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.
El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.
Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.
El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.
Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.
Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para “combatir el hampa”, los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.
Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.
III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal
 Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.
La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.
En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA[4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.
El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.
 En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.
Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.
El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905[6].
El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.
IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)
El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?
Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.
La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.
La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis
La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.
Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.
La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.
En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.
V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo
En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.
Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.
Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado,  apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].
Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.
 Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.
Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].
 VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal
La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.
La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.
A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.
 Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.
Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’[9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.
Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela[11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.
VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social
 En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.
La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.
Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.
Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.
Caracas, abril de 2017
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Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.

LA OEA VS. VENEZUELA. SE SEPARÓ EL “TRIGO” DE LA “PAJA”:¿POR CUÁL OPTA UD.? Por Roberto Regalado

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57609be5c3618800588b45a9Comencé a escribir estas líneas al terminar de ver la sesión del Consejo Permanente de la OEA efectuada en la tarde del 3 de abril de 2017, que dio continuidad a las maniobras dirigidas a invocar la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Casi sin dormir y habiéndole dedicado solo el tiempo imprescindible a atender otros asuntos impostergables, termino de hacerlo más de 48 horas después. En la sesión mencionada se explicitó la intención de escalar la injerencia en los asuntos internos de esa hermana nación mediante la apertura de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el máximo órgano inquisidor del Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, según la precisa caracterización de la OEA hecha hace 55 años por el Canciller de la Dignidad de Cuba, Raúl Roa García.

La sesión del Consejo fue transmitida en vivo por CNN en Español, cadena transnacional que pareció asumir la función de los canales de televisión creados por las legislaturas de muchos países para dar a conocer sus debates de modo abierto y transparente. Por supuesto que el objetivo de CNNE no era rendir culto a la transparencia, sino divulgar en tiempo real, por todo el continente y por todo el mundo, un espectáculo reminiscente de los escenificados contra Cuba en las V, VII, VIII y IX Reuniones de Consulta de la OEA, de 1959, 1960, 1962 y 1964 respectivamente: en la V y la VII, Cuba fue estigmatizada y aislada; en la VIII se le expulsó de la OEA; y en la IX se les prohibió a sus miembros mantener relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con ella. En esa última reunión, alcanzó su mayor intensidad la política imperialista de agresión, bloqueo y aislamiento contra la Revolución Cubana. Entonces no había una CNN en Español que transmitiera los debates…

La sanción contra Cuba adoptada en 1962 fue levantada por la OEA en 2009, es decir, 47 años después, ante lo cual el Gobierno Revolucionario cubano ratificó su histórica posición de jamás volver a esa desprestigiada institución. Ello ocurrió en un momento en que la correlación regional de fuerzas era favorable a los gobiernos de izquierda y progresistas. Fue en una reunión efectuada en San Pedro Sula, Honduras, cuando Manuel Zelaya era presidente de ese país. Aquel mismo año se intensificó la campaña desestabilizadora dirigida a derrocar o derrotar electoralmente a esos gobiernos. Ese propio año el presidente Zelaya sufrió un golpe de Estado. Luego le seguirían el golpe contra Lugo en Paraguay, la derrota del candidato presidencial del Frente para la Victoria en Argentina, el revés en el referendo convocado para habilitar una nueva candidatura presidencial de Evo Morales en Bolivia, y el impeachment de Dilma en Brasil. Sin bajar la presión en ningún país gobernado por fuerzas de izquierda y progresistas, esa campaña hoy se enfoca con particular intensidad contra Venezuela.

La Carta Democrática Interamericana

Los antecedentes más lejanos de esa Carta Democrática Interamericana que en la actualidad se intenta aplicar contra el gobierno de Venezuela, datan de la época inicial de la Guerra Fría, en medio de la cual los países del continente suscriben en Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947) y fundan la OEA (1948). Le antecede la creación de la Junta Interamericana de Defensa (JID, 1943) y le sigue el establecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1959). Fue una etapa llena de derrocamiento de gobiernos constitucionales en nombre del combate a la “amenaza del comunismo” y la “defensa de la democracia representativa”.

La primera legitimación de una intervención militar directa del imperialismo norteamericano hecha por la OEA fue la que encubrió el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954, organización que también amparó la invasión norteamericana a la República Dominicana en 1965, y fue cómplice del golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Allende en Chile. Todo ello se hizo “en defensa de la democracia”. En esencia, los escaños que hoy ocupan en la OEA los embajadores y embajadoras que acusan al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de “ruptura del orden constitucional”, durante las décadas de 1960 a 1980 “cobijaron las posaderas” de los embajadores y embajadoras de las dictaduras militares y demás Estados de “seguridad nacional”. Sus espectros no los abandonan.

El antecedente directo de la Carta Democrática Interamericana fue la reestructuración del sistema de dominación del imperialismo norteamericano emprendida por la administración de George H. Bush (1989‑1993), sustentada en tres pilares: político, la implantación de Estados neoliberales en todos los países de la región (excepto en Cuba), sujetos a mecanismos transnacionales de imposición, verificación, control y sanción de infracciones radicados en la OEA; económico, el fracasado intento de imponer un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los tratados bilaterales y subregionales de “libre comercio” que en la actualidad el gobierno de Donald Trump se propone descartar o convertir en aún más abusivos; y militar, el incremento de la presencia directa de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la región.

Una piedra angular de ese proceso fue la aprobación, en la Asamblea General de la OEA realizada en Chile en 1991, del llamado Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano. Le siguió la legitimación ulterior de la injerencia en los asuntos internos de los Estados refrendada en el XVI Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizado en Washington D. C. en diciembre de 1992, en el cual se aprobó el Protocolo de Washington, el cual estableció que un miembro cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del derecho de participación en todas las instancias del Sistema Interamericano. Las nuevas medidas constituyeron un escalón superior con respecto al Compromiso de Santiago porque establecieron sanciones concretas contra quienes “violasen el compromiso indeclinable con la defensa y la promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región” y eliminaron la condición de que la defensa de la democracia representativa se mantuviera dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención. Como parte de ese proceso, en todos los subsiguientes foros, acuerdos y mecanismos regionales y subregionales latinoamericanos se procedió a especificar y detallar, con creciente minuciosidad, qué es lo que el Sistema Interamericano entiende por democracia representativa, y ello resultó en lo que Zemelman caracterizó como alternancia dentro del proyecto, es decir, un esquema de alternancia “democrática” entre las personas y los partidos que ocupan el gobierno, pero todos ellos sometidos a un proyecto neoliberal único, que no pueden sustituir ni modificar más allá de muy estrechos márgenes.[1]

No estaba concebido ni previsto que, con las propias reglas de la democracia representativa consagradas por el Sistema Interamericano, fuesen electos gobiernos de izquierda y progresistas. Ese fue el resultado de una combinación de factores que he abordado en trabajos anteriores, entre los que resaltan el acumulado histórico de las luchas populares, los niveles de organización y combatividad alcanzados por los movimientos sociales en la lucha contra el neoliberalismo, y el rechazo concitado en amplios sectores de la población por parte de los gobiernos de derecha que impusieron tal doctrina. En esas condiciones, fue imposible evitar que las fuerzas de izquierda y progresistas ocuparan espacios institucionales de los cuales habían sido históricamente excluidas, entre ellos, el Poder Ejecutivo. Se imponía la necesidad de encontrar las formas de volverlas a excluir.

Tras aproximadamente ocho años de estancamiento del despliegue del nuevo sistema de dominación continental, años que se corresponden con la presidencia de William Clinton (1993‑2001), apenas horas después de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Departamento de Defensa en Virginia del 11 de septiembre de 2001, la OEA aprobó en Lima la Carta Democrática Interamericana,[2] que dotó a esa organización de mayores facultades de fiscalización, injerencia y sanción, como escalón superior del entramado de acuerdos construido a partir del Compromiso de Santiago de 1991. Acto seguido, se intentó darle continuidad a la secuencia de modificaciones y especificaciones de qué clasifica y qué no clasifica como democracia representativa, para excluir de ella al entonces recién electo gobierno de Hugo Chávez Frías, pero esa maniobra fracasó. Desde entonces se busca invocar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Esta es una historia resumida de ese instrumento que, desde entonces, se usa o no, según las conveniencias del gobierno de los Estados y sus aliados.

 

 

La separación del “trigo” y la “paja”

Lo ocurrido en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 3 de abril recién pasado separó el “trigo” de la “paja”, no solo con relación a lo que está sucediendo en Venezuela, sino en toda América Latina, en particular, en lo referente a cuál es la esencia del conflicto y cuáles son los actores alineados en cada uno de las partes en disputa. Esto le permite, con mayor claridad y facilidad, a toda fuerza política, social‑política o social, y a toda persona progresista o de izquierda, reafirmar o replantearse en qué lado del conflicto se encuentra, no a partir de los parámetros y argumentos formales en torno a los cuales se desarrolla el debate público, sino respecto al tema de fondo, que en este caso no es si en Venezuela hay o no democracia, ni cuánta democracia, ni qué tipo de democracia, sino en torno a si los pueblos latinoamericanos nos quedaremos inertes ante una arremetida imperial, que no es solo contra el gobierno de la República Bolivariana y el Gran Polo Patriótico de Venezuela, sino que es una arremetida contra todos los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de la región, es decir, no solo contra aquellos que se proponen una transformación social revolucionaria, sino también contra aquellos cuyo objetivo final es realizar una reforma social progresista dentro del propio sistema social imperante. Aquejado por la agudización de sus contradicciones antagónicas, el capitalismo de nuestros días no puede permitir ni lo uno ni lo otro. A todos los gobiernos de izquierda y progresistas, sean reformadores o sean revolucionarios, les viene “llegando el turno”: ya les llegó a los gobiernos progresistas de Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil, cuyos líderes nunca pensaron una ruptura sistémica. Hoy “está en punta” Venezuela; Ecuador “se salió de la fila” por el momento; y todos los demás países gobernados por fuerzas de izquierda y progresista ocupan un lugar en ella, créanlo o no, sépanlo o no. Y dice el refrán que cuando veas las barbas de tu vecino arder pongas las tuyas en remojo.

Por supuesto que la democracia en Venezuela constituye una tema fundamental, imposible de soslayar. Está claro que el Gobierno bolivariano y el Gran Polo Patriótico deben analizar a fondo esta problemática, pues el hecho de haber perdido la mayoría en la Asamblea Nacional luego de casi veinte años de revolución política y reforma social profundas revela deficiencias en la construcción de la democracia popular que, a su vez, son las que repercutan en el cambio en la correlación de fuerzas reflejado en el ejercicio de la democracia representativa. Tanto en Venezuela como en el resto de la región urge desarrollar nuevos contenidos y nuevas formas democráticas que vayan ocupando, crecientemente, el espacio de la actual democracia representativa, hasta llegar a trascenderla y sustituirla. Pero, ese análisis y las rectificaciones que del mismo se deriven serían imposibles de hacer si las fuerzas bolivarianas se dejasen arrebatar el poder político conquistado partir de la primera elección presidencial de Hugo Chávez.

¿Es que alguien cree que esta arremetida general del imperialismo norteamericano y las oligarquías contra los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas es para proteger a la democracia?

¿Es que alguien no se da cuenta de que esa arremetida general adoptó la forma de golpes de Estado “de nuevo tipo” en Honduras, Paraguay y Brasil, mientras que en Venezuela, como parte de la estrategia multiforme de desestabilización política, económica y social en curso desde hace años, adopta la forma de supuesta defensa de la democracia?

¿Acaso el imperialismo y las oligarquías quieren que impere la democracia en nuestros países o quieren restablecer el monopolio del poder político y económico que históricamente ejercieron en ellos?

¿Son Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil más democráticos desde que sus respectivos gobiernos progresistas fueron derrocados o derrotados electoralmente, según el caso?

A esa identificación y separación entre el objetivo real de la política y los argumentos retóricos utilizados para justificarla y legitimarla es a lo que llamo separar el “trigo” de la “paja”. En la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 3 de marzo recién pasado se separó el “trigo” de la “paja”. Con otras palabras, salieron a relucir, con total crudeza, las luchas y los alineamientos políticos e ideológicos que usualmente se esconden detrás –y  se dirimen por medio– de debates normas y procedimientos. ¿Qué pasó ese día?

  • Primero, que el Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia –a quien aprovecho para felicitar de corazón, porque yo hubiese hecho lo mismo–, digno representante de la Revolución Democrática y Cultural liderada por el presidente Evo Morales, hizo uso de su condición de presidente pro‑tempore del Consejo Permanente para cancelar la reunión de ese órgano que había sido programada para cerrar aún más el cerco contra Venezuela, máxime porque ya en ese país se había producido un cambio con relación a la llamada ruptura constitucional.

¿Fue una maniobra de procedimientos del compañero Embajador? Seguro que sí: fue una maniobra legítima de procedimientos, y se la aplaudo… ¡Lástima que no hubo un diplomático corajudo, como él, en la reunión de la OEA en Punta del Este que en 1962 expulsó a Cuba!

  • Segundo, que el bloque de derecha organizado y liderado por el gobierno de los Estados Unidos, el cual, con su “paja”, logró atraer a gobiernos que NO forman parte de él, “armó un circo” para que la reunión del Consejo se realizara de todas formas. Ante la ausencia del Presidente (Bolivia) y del Vicepresidente (Haití), y también del embajador con mayor antigüedad en la OEA, por ser este el propio Representante Permanente de Bolivia, no les quedó más remedio que acudir al Embajador de Honduras (sic!), en cuyo país se ejecutó un golpe de Estado contra el presidente Zelaya con el alegato de que se proponía introducir una “cuarta urna” electoral, en la que se consultaba a la ciudadanía si apoyaría o no una reforma constitucional (¡vaya crimen!). Se acusó entonces a Zelaya de tener intenciones de reelegirse, lo cual se calificó de ilegal e inconstitucional en Honduras y, sin embargo, el actual presidente de este país, Juan Orlando Hernández, jefe máximo del Embajador hondureño en la OEA, está buscando su reelección. ¿Es “trigo” o “paja”?

Pasaron por alto también que, aunque tras el golpe de Estado contra Zelaya, Honduras resultó temporalmente separada de la OEA, esta organización no enfrentó el tema en su seno de la forma que en la actualidad lo hace contra Venezuela. Como entonces la correlación de fuerzas era favorable a los gobiernos de izquierda y progresistas, se “delegó” la solución del problema a un mediador supuestamente neutral, el expresidente de Costa Rica Oscar Arias, el mismo que, por encargo de la administración de Ronald Reagan, descarriló el proceso de negociaciones centroamericanas en la década de 1980. Arias le dio “atol con el dedo” al diálogo hasta que el mandato constitucional de Zelaya expiró.

¿Fue una maniobra de procedimientos lo que hizo el bloque proimperialista en el Consejo Permanente de la OEA? Seguro que sí, y eso es lo que siempre han hecho. Lo nuevo, y muy meritorio, es que alguien de nuestra parte, les haya tomado la delantera. Así que, de nuevo, felicidades compañero Embajador.

¿Cuál es el “trigo”?

Más allá de lo obvio, es decir, de que el imperialismo norteamericano y sus aliados buscan cerrar el cerco contra Venezuela y profundizar su injerencia en esa nación con el objetivo de aniquilar a la Revolución Bolivariana, lo ocurrido en la OEA tiene múltiples aristas. Bien pudiera ser el catalizador, o quizás un resultado, de lo que se ha dado en llamar fin del ciclo progresista. Ello me compulsa a atropellar la socialización de algunas ideas, aún inmaduras y dispersas, cuyo debate fraternal y crítica constructiva serán bienvenidos, sobre el movimiento en la correlación regional de fuerzas ocurrido en los últimos años que, en sentido general, ha sido favorable a la derecha y desfavorable a la izquierda, pero no de modo absoluto, ni uniforme en toda la región, pues esta última también defiende posiciones y cosecha victorias. Por ser el más reciente ejemplo de ello, baste mencionar la elección de Lenin Moreno como nuevo presidente de Ecuador.

Con esas ideas, una vez maduras y sistematizadas, pretendo actualizar las reflexiones plasmadas en 2012 en un libro titulado La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?[3] En las conclusiones de aquel libro, ambas posibilidades quedaban abiertas. Hoy lo siguen estando: los actuales gobiernos de izquierda pueden ser simientes de alternativas a la dominación capitalista, o pueden terminar siendo válvulas de alivio de la presión social acumulada por el neoliberalismo puro y duro de las décadas de 1980 y 1990, que desemboquen en el reciclaje de la dominación del capital monopolista transnacional. Sobre este tema, recomiendo el estudio de la obra El misterio del posneoliberalismo, tomo II, volúmenes 1 y 2, de la investigadora y profesora Beatriz Stolowicz.[4] El desenlace depende mucho de los objetivos, la estrategia, la táctica, y la unidad de las fuerzas políticas y social-políticas, y de los movimientos sociales populares.

Si fuera cierto que asistimos a la crisis terminal del llamado ciclo progresista, ello no sería debido a la supuesta causa enarbolada por los ideólogos imperialistas y proimperialistas, a saber, que la “bonanza coyuntural” derivada de los altos precios de los productos primarios exportados por América Latina abrió en algunos países espacios a la gestión de “gobiernos populistas”, y que la reversión de esa “bonanza” determina el cierre de esos espacios y la desaparición de tales gobiernos. Esto es una mera reformulación de la desacreditada tesis del fin de la historia.

La agudización de la crisis sistémica del capitalismo golpeó y golpea con fuerza a los gobiernos de izquierda y progresistas. Eso lo ha venido analizando el Foro de São Paulo en todos sus encuentros celebrados desde 2008. El Foro instó trazar y emprender el curso de acción que en cada país fuese necesario para disminuir los impactos negativos de la crisis y aprovechar sus potencialidades revolucionarias.[5] Lamentablemente, esto no ocurrió, o no se hizo en el tiempo y con la energía y la eficacia requeridas.

Si, en efecto, el “ciclo progresista” o el “progresismo” se agotó, o se estuviese agotando, sería porque ya las fuerzas políticas, social‑políticas y sociales del campo popular han llegado, o estarían llegando, al tope de lo que podían conquistar dentro de los estrechos límites de la democracia representativa, democracia liberal o democracia burguesa, como se prefiera llamarla, tal como está definida en todo el andamiaje conceptual del Sistema Interamericano, reconstruido y relanzado por la administración de George H. Bush entre 1989 y 1993, cuya expresión más acabada es precisamente la Carta Democrática Interamericana.

Si el “ciclo progresista” se cerró o se está cerrando es porque ya resulta imperativo abrir un “ciclo revolucionario”, lo que, por supuesto, no presupone un retorno a la lucha armada, pero sí la necesidad de trascender la democracia burguesa y construir una nueva democracia política, económica, social y cultural, de signo popular. Ello obedece a dos factores complementarios:

  • Uno es que, en la medida en que avanza la verdadera democratización política, social y cultural, la democracia representativa, con sus instituciones, normas, principios y valores destinados a preservar la dominación imperialista y oligárquica se ratifica como una camisa de fuerza.
  • El otro es que, por si lo anterior fuera poco, la democracia representativa no permanece inmutable mientras los pueblos construyen dentro de ella nuevas formas y contenidos democráticos. A semejanza de los anticuerpos del ser humano, la democracia representativa tiene anticuerpos que detectan, cercan, repelen e intentan destruir el “virus” de la construcción de democracia popular, comunitaria, participativa, protagónica.

Está demostrado que la democracia representativa está siendo manipulada, modificada, vulnerada y violada por el imperialismo y las oligarquías criollas con el propósito de expulsar a las fuerzas de izquierda y progresistas de los espacios que han conquistado dentro de ella. Al utilizar el término expulsar, establezco una diferencia con el concepto de alternancia. Lo que se busca no es “alternar” con la izquierda que hoy gobierna, sino expulsarla del Estado, “cerrar las puertas y las ventanas” y “botar la llave” para que nunca más puedan acceder a él.

Como todo lo que toca el Rey Midas del imperio, la democracia se vuelve fango, se corrompe, en ella prevalece la doble moral, la ley del embudo (lo ancho para mí y lo estrecho para ti). Los corifeos de la OEA gritan que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela actúa a favor del gobierno, que no hay independencia de poderes, que quebró el hilo constitucional y que ello es un pecado imperdonable e irreversible que debe ser condenado. ¿Acaso no se quebró en Honduras, en Paraguay y en Brasil? ¿Acaso los poderes legislativos y judiciales controlados por la derecha en países en que el Poder Ejecutivo lo ejerce la izquierda no manipulan, quebrantan, tuercen, violan, desnaturalizan y hacen muchas otras cosas, día a día, contra la Constitución y las leyes vigentes? Lo dicho: la ley del embudo.

Es más que importante, es esencial, vital, que todos los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina y el mundo concentren su atención en el “trigo”, y lo utilicen como brújula para ubicarse y para decidir en qué dirección se mueven y cómo lo hacen. Insisto en que no es solo al Gran Polo Patriótico de Venezuela al que el imperialismo y las oligarquías latinoamericanas están tratando de expulsar, de manera definitiva, del Estado, sino a todas y cada una de nuestras fuerzas políticas.

Dos elementos fundamentales nos compelen a unirnos y a luchar juntos: uno es la hermandad, fraternidad y solidaridad mutuas que, no sin dificultades, hemos logrado construir durante más de un cuarto de siglo en el Foro de São Paulo, en los Seminarios Internacionales “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, y en otros agrupamientos y espacios continentales de signo popular sobre la base del principio de unidad dentro de la diversidad; el otro es que la arremetida imperialista y oligárquica está dirigida contra todas las fuerzas de izquierda y progresista.

Es conocido que el tema de la democracia es objeto de un debate abierto desde hace siglos, sobre el cual hay un amplísimo abanico de posiciones dentro de la izquierda o las izquierdas –como muchos prefieren decir. Dentro de este contexto, no es igual la historia, la cultura política, la tradición de respeto a la institucionalidad y la situación concreta de Uruguay, que la de Venezuela. A ello se añade que el gobierno del Gran Polo Patriótico, como ya se señaló, ocupa el primer lugar “en la fila” para ser expulsado del Estado y que, probablemente, el gobierno del Frente Amplio ocupe el último lugar en dicha fila, y eso los coloca en circunstancias distintas. Aún más, puede que algunos de sus dirigentes y algunas de sus fuerzas políticas no se hayan percatado de que también están “en la fila” de los “expulsables”. A ninguno de esos dos gobiernos y esa fuerzas políticas hermanas, ni al conjunto de los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina, les beneficia proseguir con el distanciamiento y los choques que se vienen produciendo entre ellos a raíz de los intentos de excluir a Venezuela del MERCOSUR, de la OEA y de otros espacios internacionales.

Solo en democracia podrán los pueblos latinoamericanos construir su futuro. El debate sobre cómo, cuándo y cuánto peca cada uno de nosotros con la democracia, ya bien sea por exceso o por defecto, es bueno, pertinente y necesario, pero con dos premisas:

  • La base de ese debate ha de ser el “trigo”, es decir, la democracia misma, tal como la conciban y la edifiquen las y los latinoamericanos, y no la “paja”, es decir, no la Carta Democrática Interamericana, ni las mal llamadas clausulas democráticas del MERCOSUR y otros organismos regionales, impuestas en la década de 1990 como parte de la reestructuración, entonces realizada, del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano.
  • El escenario natural para el debate multilateral entre nosotros sobre la democracia, no es la OEA, ni el actual MERCOSUR, ni ningún otro organismo regional o mundial con “clausulas democráticas”, sino el Foro São Paulo, cuyo XXIII Encuentro se efectuará en Managua, Nicaragua, del 16 al 18 de julio de este año. Constituye un reto y una necesidad que ese debate sea alturado y constructivo, y que restaure y cimente nuestra unidad en la diversidad.

Roberto Regalado Álvarez (La Habana, 1953) es Politólogo, Doctor en Ciencias Filosóficas y Licenciado en Periodismo, miembro de la Sección de Literatura Socio‑histórica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

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[1]      Hugo Zemelman: «Enseñanzas del gobierno de la Unidad Popular en Chile», en Gobiernos de izquierda en América Latina: el desafío del cambio (Beatriz Stolowicz, coordinadora), Plaza y Valdés Editores, México D. F., 1999. pp. 35‑36.

[2]       AG/doc. 8 (XVIII‑E/01).

[3]      Roberto Regalado: La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?, Ocean Sur, México, 2012.

[4]      Véase a Beatriz Stolowicz: El misterio del posneoliberalismo, tomo II, volúmenes 1 y 2, ILSA‑Espacio Crítico Ediciones, Bogotá, 2016.

[5]      Como botón de muestra, es bueno recordar que el XIII Encuentro del Foro, efectuado en Caracas en julio de 2012, afirmó que:

El éxito de los gobiernos impulsados/integrados/apoyados por la izquierda latinoamericana agrupada en el Foro de São Paulo dependerá cada vez más de la combinación adecuada entre integración regional, soberanía nacional, fortalecimiento del Estado, desarrollo económico centrado en el mercado interno, construcción de formas de poder popular, creación de espacios crecientes de gestión popular directa de la economía, creación de nuevos modelos políticos caracterizados por la creciente participación popular en los asuntos públicos y la lucha por la paz. En estos marcos, se tornará cada vez más posible y necesario no sólo enfrentar la crisis internacional y superar el modelo neoliberal, sino también debatir alternativas al capitalismo y los caminos del socialismo.

La crisis mundial y los cambios geopolíticos en las relaciones de poder en el mundo harán más compleja la definición de una línea política para los partidos del FSP. En el caso de los partidos que están en el gobierno, la gestión económica se hará más difícil: las condiciones para acelerar el crecimiento serán más estrechas; en tal sentido debe debatirse también la relación entre crecimiento económico y mejoría en las condiciones de vida para la mayor parte del pueblo. Por ello debemos insistir en la urgencia de que se implementen políticas alternativas tanto a nivel nacional como a nivel multinacional, particularmente entre los países de América Latina. Mantener y lograr el éxito de tales políticas alternativas es la mejor manera de hacer frente a las arremetidas de la derecha en cada país, que generan tensiones políticas internas y externas que intentan constreñir, cooptar y derrotar los gobiernos progresistas y de izquierda.

DE LA DICTADURA GENOCIDA A LA CONCENTRACIÓN Y MISERABILIZACIÓN ACTUAL. Por Julio C. Gambina

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A 41 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976 hay que hacer memoria y recuperar los objetivos entonces propuestos por las clases dominantes para considerar cuanto lograron y como los profundizan en nuestra cotidianidad.

Con el terror de Estado se ejerció la “necesaria” violencia para reestructurar la economía, el estado y la sociedad, por eso, la cultura del miedo, represión explícita mediante, para obtener una férrea disciplina social. Por eso no debe sorprender la argumentación ideológica en el presente contra la movilización social en defensa de los derechos de los de abajo. Es la cultura represora de la dominación que defiende el derecho a circular junto a los de propiedad, contra los de las/os trabajadoras/res, sus salarios y las condiciones de empleo.

Hay matices en 41 años, sí, no es lo mismo la dictadura que los gobiernos constitucionales, no necesariamente “democráticos”; pero existen algunas regularidades institucionales que atraviesan todo el periodo.

La más importante es la ofensiva del capital sobre el trabajo y la flexibilización y precariedad laboral constituye una constante en el periodo. El tercio de irregularidad en el empleo es menos que la máxima hacia 2001/02, pero refleja la voracidad de la impunidad empresarial que deteriora derechos y condiciones de vida de las/os trabajadoras/es.

Producto de la ofensiva capitalista cambió la relación cotidiana entre trabajadoras/es y sus empleadoras/es, con la clara intencionalidad de restringir la capacidad de protesta y organización sindical, que no es mayor producto del empecinamiento de una cultura social y sindical en la Argentina, con tradición histórica en diferentes identidades político ideológicas anti capitalistas.

Los instrumentos de la ofensiva capitalista fueron variados, no solo para transformar la relación laboral, sino el tipo y función del Estado, por eso las privatizaciones y el incentivo a la iniciativa privada. Una lógica que hoy se reitera con la pretensión de normalizar la educación privada, mientras que en la escuela pública se “cae” por no haber alternativa para los más empobrecidos.

Con la mercantilización capitalista se organiza la cotidianeidad, en la salud y la educación, en la vivienda, la cultura, la seguridad o la justicia; pero a no olvidar que ese propósito formulado en tiempos dictatoriales se materializó con gobiernos constitucionales y persiste.

La deuda pública es un mecanismo en origen que se potenció en tiempos y turnos constitucionales, con una incambiada “ley de entidades financieras” que rige desde 1977 y cuyo objetivo de concentrar la banca se concretó con creces, más su extranjerización.

No puede pensarse en el modelo productivo actual, readecuado en estas décadas desde el propósito explicitado por el Plan de Martínez de Hoz en abril de 1976, cuyo eje rector tuvo impulso bajo la orientación de Cavallo con presidentes peronistas y radicales.

Los objetivos de la dictadura no solo se materializaron bajo condición de golpe de Estado, sino también con legislación aprobada por el Parlamento, sean las leyes de la impunidad o la ley antiterrorista, antecedente de cualquier protocolo de represión contemporáneo.

Este trayecto es el que permite explicar el 33% de pobreza y la concentración en pocos multimillonarios del petróleo, la construcción o las finanzas. Remito a Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Alberto Roemmers, Gregorio Pérez Companc, Jorge Horacio Brito, Eduardo Costantini, o Marcos Galperin. Argentina replica lo que pasa en el mundo, con 8 fortunas individuales que tienen la misma riqueza que el 50% de la población mundial.

Resulta de interés recuperar la memoria, sí, pero también considerar las continuidades esenciales en tiempos constitucionales para hacer funcional a la Argentina al orden capitalista mundial, ahora desafiado en el marco de la crisis a su propio reordenamiento. Este se manifiesta en las críticas a la globalización capitalista desde sus propias clases dominantes, caso del BREXIT o el triunfo de Trump, o la expansión visible de las derechas mundiales que se ofrecen para reformar en su beneficio el capitalismo actual.

Son reformas para relanzar la lógica de la ganancia, de la acumulación y la dominación. Por eso hay que pensar en términos alternativos, lo que supone la crítica a los procesos de cambios que se procesaron o procesan en nuestra región y discutir la necesaria transición desde el orden actual hacia formas sociales de organización de la producción y la cotidianeidad colocando por delante los derechos humanos y los de la naturaleza.

La gigantesca manifestación de recuperación del acontecimiento que supuso el genocidio puede servir para construir subjetividad y propuestas programáticas para una crítica del pasado y el presente, junto al debate sobre el futuro cercano de emancipación social.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017

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Julio C. Gambina

Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Montevideo 31, 2º Piso CP 1019ABA. Ciudad de Buenos Aires.

Teléfono: (54 11) 4381 5574 / 6088 9949

visitá mi blog www.juliogambina.blogspot.com

ESPÍRITO SANTO SIN MIEDO Y CONTRA LA AUSTERIDAD. Por Lívia de Cássia Godoi Moraes

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1457725322_716425_1457801747_noticia_fotogramaEn Brasil, la provincia de Espírito Santo está paralizada por el miedo desde el día 6 de febrero de 2017. El cierre de los batallones por los miembros de la familia de la policía militar deflagró un clima de pánico inflamado por los medios de comunicación y por las redes sociales digitales.

La provincia, que hace menos de un mes, era distinguida como ejemplo en gestión del sistema carcelario, y por haber “pacificado” sus cárceles, sumerge en el desorden justamente por un problema en esta área. El gobernador Paulo Hartung, siguiendo la norma de su gestión, sigue irreductible. Afirma que ha habido un “secuestro de la sociedad” por los huelguistas, y no quiere negociar, como siempre lo hizo con todos los servidores públicos y movimientos sociales. Las familias de los policías no reculan.

En la guerra entre gobierno de la provincia y policías, las muertes de jóvenes, negros, que habitan los barrios pobres, ya son 120 en apenas 7 días – según los numero oficiales; estadísticas menos optimistas hablan de 300 muertes, o más.

Sin embargo, esto no es una crisis apenas de la seguridad pública, es consecuencia del modelo de austeridad presupuestaria, que, este sí, secuestra a los precarios derechos sociales de la populación ya empobrecida y miserable. Precisamente la provincia de Espírito Santo que se decía estar con las cuentas en día, con saneamiento fiscal, y una ejemplar austeridad en la gestión, vive las implicaciones de haber colocado la eficiencia en favor del incremento de las desigualdades económicas. Los cortes presupuestarios en ámbito estadual y federal, que alcanzan especialmente quien depende de los servicios públicos, han sido acelerados por las fuerzas del neoliberalismo y de la financeirización.

En 2016, las tomas de escuelas y movimientos por la salud, ya demostraron como estas áreas estaban progresivamente sofriendo con la falta de inversión. En contrapartida, los medios de comunicación y la opinión pública no se sensibilizaron con la precarización y las débiles condiciones de trabajo de los profesionales de estas áreas, como pasa ahora con los policías.

Cuando la crisis deja de ser un evento excepcional y pasa a ser un modo de gobierno, el pánico y la deuda pasan a ser los principales instrumentos de control. Esto es lo que queremos enfatizar: lo que se pasa en nuestra provincia es resultado de los dos hechos que se extienden por todo el país – austeridad y crisis. Sabemos que el supuesto “saneamiento público” genera inseguridad social por la supresión de los servicios colectivos, y una represión brutal para contener los efectos de esta instabilidad producida.

Por esa razón, queremos gritar: estas vidas son importantes. Los padres y madres que a diario están en el DML(Departamento Médico Legal) para reconocer los cuerpos de sus hijos ejecutados en esta guerra, merecen ser escuchados. Esta carnicería debe cesar urgentemente.

Por esto, nosotros, que abajo firmamos, queremos reiterar que no vamos a recular a la situación socioeconómica que nos ha sido impuesta por este sistema y que, a partir de este momento en adelante, lucharemos contra el real motor de esta situación: el proyecto fatalista de austeridad que se está imponiendo en nuestro país, y que está produciendo miles de víctimas.

Quieren nos hacer creer que se trata de una escoja entre dos lados, o sea, entre policías y el gobierno de la provincia. Le dicen guerra, a esta situación. Sin embargo, hasta ahora lo único que tenemos son los cuerpos de la periferia. ¡Seguiremos sin miedo y contra la austeridad!

Ningún paso atrás en defensa intransigente de los derechos de los ciudadanos, ninguna vida a menos.

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ESPÍRITO SANTO SEM MEDO E CONTRA A AUSTERIDADE

O Estado do Espírito Santo está paralisado pelo medo desde o dia 6 de fevereiro de 2017. O fechamento dos batalhões por familiares dos policiais militares deflagrou um clima de pânico inflado pela mídia e pelas redes sociais digitais.

O estado que há menos de um mês era apontado como exemplo em gestão do sistema prisional por ter “pacificado” suas prisões, mergulha na desordem justamente por um problema nessa área. O governador Paulo Hartung, seguindo o roteiro de sua gestão, está irredutível. Afirma ter havido um “sequestro da sociedade” pelos grevistas, e não quer negociar, como sempre fez com todos os servidores públicos e movimentos sociais. Os familiares dos policiais não recuam. Na guerra entre governo do Estado e policiais, as mortes dos de sempre (jovens, negros, habitantes dos bairros pobres) já passam de 130 em apenas 7 dias – isso em números oficialmente divulgados; estatísticas menos otimistas já falam em mais de 300.

Mas isso não é uma crise apenas da segurança pública, é consequência do modelo de austeridade orçamentária, que, este sim, sequestra os precários direitos sociais da população já empobrecida e miserabilizada. Precisamente o Estado que se gabava de estar com as contas em dia, com saneamento fiscal e exemplar austeridade na gestão, vive as implicações de ter colocado o “eficientismo” a favor do incremento das desigualdades econômicas. Os cortes orçamentários em âmbito estadual e federal, que atingem especialmente quem depende dos serviços públicos, têm sido acelerados pela força do neoliberalismo e da financeirização.

As ocupações de escolas e movimentos pela saúde em 2016 já demonstravam como essas áreas estavam sendo progressivamente sucateadas. A mídia e a opinião pública não se sensibilizaram com a precarização e as debilitadas condições de trabalho dos profissionais dessas áreas, como ocorre agora com os policiais.

Quando a crise deixa de ser um evento excepcional e passa a ser um modo de governo, o pânico e a dívida passam a ser os principais instrumentos de controle. É isso que queremos destacar: o que se passa em nosso Estado é efeito dos dois fatores que se estendem por todo país – austeridade e crise. Sabemos que este suposto “saneamento orçamentário” gera insegurança social pela supressão dos serviços coletivos e uma repressão brutal para conter os efeitos dessa instabilidade produzida.

Em meio a isso, queremos gritar: essas vidas importam. Os pais e mães que estão diariamente no DML (Departamento Médico Legal) para reconhecer os corpos de seus filhos executados em uma guerra merecem ser ouvidos. Essa matança deve cessar urgentemente.

Por isso, nós, abaixo assinados, queremos reiterar que não vamos ceder ao cenário socioeconômico imposto por este sistema e que, deste momento em diante, lutaremos contra o real motor dessa situação: o projeto fatalista de austeridade que se impõe sobre nosso país e que está produzindo as vítimas de sempre.

Querem nos fazer acreditar em uma escolha entre dois lados, ou seja, entre policiais e governo do estado. Chamam isso de guerra, mas até agora só temos empilhado os corpos da periferia. Seguiremos sem medo e contra austeridade!

Nenhum passo atrás na defesa intransigente dos direitos dos cidadãos, nenhuma vida a menos.

Veja as assinaturas e assine também em: https://goo.gl/YsH11n

Lívia de Cássia Godoi Moraes é Professora do Departamento de Ciências Sociais/UFES

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¿TRUMPONOMICS? UN TRIUNFO MÁS DEL NEOLIBERALISMO TARDÍO. La insoportable levedad de las hipótesis: “proteccionista” y “des-globalización” por José Francisco Puello-Socarrás

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La asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha popularizado distintas hipótesis sobre un supuesto perfil anti-neoliberal del nuevo mandatario. Se especula que esta etiqueta incidirá sobre las futuras definiciones del gobierno.

En materia de políticas económicas internas se invoca el anti-neoliberalismo de Trump como la impronta determinante.thumb

En cuestiones relativas al Libre Comercio, tópico en el cual Trump se ha mostrado particularmente “crítico” -por momentos despectivo en los avatares de la carrera hacia la presidencia- varias voces vaticinan giros dentro del proceso de globalización neoliberal.

Algunos pronósticos sobre la línea económica por venir le han endosado (gratuitamente) al nuevo presidente una suerte de “proteccionismo”, rasgo que presuntamente caracterizaría el pensamiento económico de Trump. Más

2016: UN AÑO DE MENEMISMO MACRISTA EN ARGENTINA. Por Juan Bautista Lucca

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A un año de las elecciones que pusieron a Mauricio Macri en la presidencia, los balances de su gestión suelen poner el acento  en las (dis)continuidades con el kirchnerismo o en la dinámica y profundidad del cambio. Sin embargo, consideramos oportuno analizar aquí el año de la gestión de Cambiemos en paralelo con los avatares políticos del menemista en sus inicios, dadas las innumerables analogías que ofrecen en las orientaciones principales de sus políticas públicas y el estilo político presidencial.

Para comparar ambos procesos políticos, es necesario establecer con claridad las semejanzas y diferencias que ofrece el contraste de contextos. Entre las  diferencias se destaca –además de que obviamente ambos pertenecen a fuerzas políticas diferentes- que la llegada de Macri a la Casa Rosada se dio en el marco de una paz social inigualable, con indicadores macro económicos relativamente estables si se lo compara con 1989, 1999 o incluso el 2003 en el que se produjeron diversas situaciones de alternancia política. Ahora bien, entre los numerosos paralelismos entre el año de Macri y los primeros años del menemismo, es posible señalar: la prioridad (y obsesión) en torno al Dólar y la Inflación como principales herramientas para equilibrar la economía antes que el énfasis en el consumo interno y la producción industrial. Ambos dirigentes apelaron al discurso de la eficiencia del Estado para reducir el empleo público, asignar carteras ministeriales a empresarios considerados exitosos en la gestión privada, favorecer los sectores empresariales que concentran la economía como motores del desarrollo, entablar un vinculo de cordialidad con el capital financiero (“buitre” o nuevos acreedores de la deuda pública) y considerar prioritario el crecimiento por sobre la redistribución. Asimismo, los dos reorientaron la política exterior hacia el cuadrante noroccidental, pasando desde los rifirrafes entre Alfonsín y Bush a las “relaciones carnales” con Menem, y desde la sintonía con los gobiernos de izquierda o progresistas latinoamericanos con los Kirchner a una relación (elogiosa) con Obama o (pírrica) con Trump. Además, tanto Macri como Menem  apelaron a la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia para modificar la estructura del Estado, inclusive en aspectos sensibles como la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, el presidente riojano como el porteño, establecieron una política de connivencia y negociación a través de incentivos selectivos con la disgregada elite peronista en el mundo sindical cegetista, el arco de gobernadores peronistas y los legisladores en el parlamento.  Tanto uno como el otro, plantearon un estilo político de proximidad con el elector en clave popular a través de la comunicación mediática, que va desde la manifestación de las aparentes destrezas deportivas de Menem, a las habilidades bailables de Macri en el balcón de Balcarce 50 o los “happenings” en las redes sociales.

Claramente las comparaciones pueden considerarse popularmente como “odiosas”, puesto que ofrecen evidencias de lo bueno, lo malo o lo feo; sin embargo, en el plano de la política, estas deben considerarse de enorme utilidad, no solo para describir un presente incierto, sino también para analizar los rumbos futuros de la historia, puesto que, como decía Hegel, estos suelen repetirse como tragedias o comedias, incluso en un mismo país como Argentina.

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[1] Juan Bautista Lucca es Doctor en Ciencias Sociales por FLACSO Argentina, Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca (España) y Diploma Superior en Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño por CLACSO. Docente e Investigador en Política Latinoamericana Comparada en la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET. Editor responsable del blog político www.Zur2.wordpress.com

CAMBIEMOS Y EL REPUBLICANISMO DE OCASIÓN*. Por Juan Bautista Lucca

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mar-cielo-y-tierraA un año de las elecciones que pusieron a Mauricio Macri y el frente Cambiemos en la presidencia, el pulso electoral sigue marcando la dinámica temporal de este nuevo gobierno, no solo por las condiciones de partida (ausencia de mayorías propias en el legislativo),  sino también por las de llegada que suponen las elecciones de 2017. En este panorama, para el ex Presidente de Boca, el primer año de gestión aprueba holgadamente con una nota de 8, siguiendo tal vez los estándares de evaluación que obtenía en las escuelas privadas en las que estudió (Colegio Cardenal Newman, UCEMA y UCA). Sin embargo, esto no se condice necesariamente con el humor general del gran publico. Por ejemplo, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Di Tella no ha parado de caer en todo el 2016 (del 3.14 a 2.5 en una escala de 0 a 5), especialmente por la baja en los subíndices relativos a la “capacidad de gestión” y “evaluación general del gobierno”. Esto puede estar marcando que las expectativas ciudadanas de cambio no tuvieron un claro correlato con las modificaciones introducidas desde la Casa Rosada durante el 2016, lo cual fue confesión de parte del propio Macri cuando hizo el relevo de pruebas al advertir su animadversión al cambio sustantivo o –en sus palabras- “mágico”. Ahora bien, a un año de gestión, la evaluación de su gobierno requiere justamente auscultar cuál fue la dinámica del cambio, y en qué medida Cambiemos fue un aire fresco (o viejo) a la política argentina, fue una continuidad con nuevas vestiduras o bien únicamente la promesa de cambiar la veleta que nos dice que algo se mueve.

Uno de los discursos prioritarios de Cambiemos fue la defensa de las Instituciones y el Republicanismo, o lo que por ello entendiera especialmente Elisa Carrio. En pos de esta tarea, se emprendió un despido masivo de trabajadores en diversas reparticiones del gobierno en todos sus estamentos bajo el pretexto de “limpiar de ñoquis o de herencia K”, aunque a finales del 2016 el nivel del empleo público recuperó los niveles previos a la llegada de Cambiemos; se jaqueó constantemente a la Procuradora General de la Nación (Alejandra Gils Carbo) en pos de su desplazamiento; se designó a una militante del PRO (Laura Alonso) como encargada de controlar la corrupción en la gestión de lo público de su propio partido; se designó en primera instancia a través de un decreto (83/2015) a dos juristas para completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación; se suspendió a través de un decreto (257/2015) la vigencia del Código Procesal Penal; se utilizó reiteradamente el veto presidencial (por ejemplo, contra la Ley Anti-Despidos) y los Decretos de Necesidad y Urgencia con niveles similares a los de Menem; y fue de las primeras naciones que reconoció al gobierno de Michel Temer en Brasil tras el turbio proceso de juicio político a Dilma Rousseff, entre otros aspectos.

Lo que queda en claro, es que más allá de las intenciones discursivas de pulcritud y “señoría inglesa” durante la campaña, un año de gestión con los “pies en el barro” muestra claramente que el gobierno de Macri se parece en mucho a los estilos presidenciales de tipo decisorios iniciados por Menem o de hostigamiento institucional a los opositores durante el kirchnerismo, sumado a una mixtura informal (cuando no off shore) de lo privado y lo público, que dista en demasía de la idea de republicanismo.

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*Publicado originalmente en: http://m.lacapital.com.ar/cambiemos-y-el-republicanismo-ocasion-n1300062.html

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