URUGUAY: MISTERIOS ECONÓMICOS…CRECE EL PBI Y NO AUMENTA EL “ESPACIO FISCAL”. Por Antonio Elías*

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mytology_Roberto_Matta_A_o_1980A partir del 13 de junio el equipo económico ha realizado múltiples reuniones para informar a la dirección y a los legisladores del Frente Amplio, así como a los sindicatos públicos,   cuales son los lineamientos – resoluciones del Concejo de Ministros – para la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal que se puede presentar no más allá del 30 de junio.

Cabe recordar dos aspectos muy relevantes que condicionan y califican esta instancia: en primer lugar, que no hubo presupuesto quinquenal, el cual fue sustituido – en forma inédita – por un presupuesto bianual y que en esta instancia – algo mucho más extraño aun – solo será anual; en segundo lugar, porque en 2018, año preelectoral,  rigen restricciones constitucionales muy precisas (Art. 229): “El Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias…”.

Quiere decir, entonces, que para que se puedan evitar esas restricciones constitucionales la Rendición de Cuentas del año próximo deberá ser votada antes del 26 de octubre, de lo contrario no se crearan nuevos cargos, ni existirán mejoras salariales. Como el desafío de cumplir con esos plazos no es nada menor, tomando en cuenta que  la fuerza de gobierno no tiene asegurada las mayorías parlamentarias está Rendición de Cuentas podría ser la última de este período de gobierno para lograr mejoras salariales y más recursos humanos para atender las crecientes necesidades de servicios públicos fundamentales.

1.- Fijando límites a las necesidades sociales

En los “Lineamientos para la Rendición de Cuentas 2016” el Poder Ejecutivo hace un muy breve análisis del  contexto económico internacional (se ha consolidado un escenario más adverso para nuestro país) y de la evolución de algunas variables de la economía nacional (la economía crece, pero el empleo sigue cayendo), en particular de las cuentas públicas (las principales preocupaciones son el déficit fiscal, que se mantiene elevado en términos estructurales y el aumento de la deuda neta del sector público consolidado).

En ese escenario reafirmando sus conocidos criterios de “prudencia y responsabilidad fiscal” realiza la revisión del escenario macroeconómico (considerando los elevados riesgos que se enfrentan) y ajusta la proyección de ingresos (algunos que implican aumento, como el crecimiento del producto y las transferencias de las Empresas Públicas, otros que implican reducciones, tales como las utilidades vertidas por el BROU) y de egresos  (importantes aumentos de gastos que no dependen de la voluntad del gobierno, tales como las transferencias a la seguridad social).

Como consecuencia de esas revisiones y ajustes el equipo económico llega a la conclusión de que existe escaso espacio fiscal para incrementar gastos y emite sus lineamientos/resoluciones: otorgar 50 millones de dólares para la ANEP, 12 para la Universidad y 10 para los Judiciales; no aumentar los gastos para 2019 y 2020; reducir el déficit fiscal financiado los egresos con incrementos tributarios a los juegos de azar y el aumento de la tasa consular a las importaciones.

Cabe agregar que los egresos aprobados en la Ley de Presupuesto de 2015 para ejecutarse en 2017 – los que fueron postergados como parte del ajuste fiscal del año pasado-  ya tienen financiamiento y serán ejecutados en 2018. En total suman cien millones de dólares que, entre otros,  recibirán: ANEP (26,3); Participación Público Privada (14,4); ASSE (11,4); Infraestructura Área Metropolitana (9,9); Nuevo Código del Proceso (6,4); Plan Ceibal (5,2); Cargos Escalafón Civil Penitenciario (5,2); Universidad de la República (4, 8).

2.- Cuando el producto crece más que las proyecciones

Debe destacarse que la piedra angular del llamado “espacio fiscal” es la estimación del crecimiento del producto y, consecuentemente, el aumento de la recaudación que eso implica. En sus lineamientos el gobierno estima que en 2017, el producto crecerá dos por ciento, un uno por ciento más de lo que había previsto, y que eso le dará un aumento de la recaudación de 130 millones de dólares; estima, a su vez, que en 2018 el producto crecerá 2,5 por ciento, medio punto porcentual más que lo previsto, eso implicaría recaudar 70 millones de dólares adicionales; en total aumentaría 200 millones de dólares.

Según el Informe Trimestral de Cuentas Nacionales del Banco Central del Uruguay (BCU), la actividad de la economía uruguaya creció 4,3 por ciento en el primer trimestre de 2017 con respecto a igual periodo del año anterior (aunque debe recordarse que fue un trimestre especialmente malo por la pérdida de cosechas y la caída del turismo).  Debe destacarse que el PBI tuvo una expansión de 1,5 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2016, que a su vez había aumentado 1,4 por ciento respecto al tercer trimestre, superando así un periodo de estancamiento de dos años.

A partir de las estimaciones del BCU es de prever que el PBI crezca este año por encima del tres por ciento, lo que implicaría un crecimiento de la recaudación de, al menos, 260 millones de dólares en 2017, lo que ampliarían en forma significativa las posibilidades de avanzar en el cumplimiento de los compromisos programáticos del gobierno, atender las necesidades sociales y aumentar los salarios.

Múltiples analistas coinciden en la estimación del crecimiento del producto y de la recaudación, pero difieren en lo que respecta al uso de esos recursos que, a su criterio, deberían utilizarse para reducir el déficit fiscal y/o para bajar el costo país y mejorar la competitividad.

En cualquier caso, el uso de estos recursos excedentes debería ser parte de las discusiones previas a la presentación de la Rendición de Cuentas.

3.- El gobierno pateó el tablero

En momentos en que estábamos terminando esta nota nos enteramos que el Poder Ejecutivo estaba presentando el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al parlamento, abortando así la posibilidad de negociar y mejorar una propuesta totalmente insuficiente para las necesidades del país que es rechazada por los trabajadores y diversas organizaciones sociales y políticas.

El Poder Ejecutivo abusa de su poder y a través de un acto intempestivo incumple nuevamente  la Ley de Negociación colectiva y bloquea todos los justos reclamos de los trabajadores y de sectores del propio Frente Amplio. Esta medida se toma unas pocas horas antes de que comience un paro general del PIT-CNT en rechazo a los lineamientos de una Rendición de Cuentas que no contempla incrementos adecuados para la salud, la educación, la vivienda, la atención de niños y adolescentes, ni el Plan Nacional de Cuidados. A la vez que,  tampoco incluye aumentos de salarios para los funcionarios de los servicios descentralizados. ¡Lamentable e incalificable!

*Antonio Elías es Master en Economía, Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.

Artículo publicado originalmente en el semanario “Voces”, Montevideo, el 22 de junio de 2017.

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AUTOCRÍTICA DE LA IZQUIERDA. Por Frei Betto

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La izquierda latinoamericana no anda con buena salud. Perdemos Fidel; el PT está comprometido en el Lava Jato; Venezuela es, hoy, una tierra en agonía. La Revolución Bolivariana no logró crear raíces como la cubana.

En Cuba, la revolución fue obra de un pueblo. Lo que explica el hecho de que los Estados Unidos jamás haya agredido bélicamente la isla, después del fracaso de la invasión a la Bahía de Cochinos en 1961. Los yanquis aprendieron, con la derrota en Vietnam, que gobiernos (como los de Irak, Libia e Afganistán) se derrocan; un pueblo, jamás.

Los gobiernos progresistas de América Latina están amenazados por el avance de la ofensiva neoliberal. Sufrieron golpes parlamentarios Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016). En Argentina, la derecha eligió a Macri. Ecuador hizo de Lenin Moreno el sucesor de Rafael Correa por un pequeño margen de votos. En Bolivia, Evo Morales se encuentra con el desgaste de su base de apoyo.

En Chile, Bachelet tiene un bajísimo índice de popularidad y la derecha se ensaña para retomar el poder en las próximas elecciones. En Nicaragua, la izquierda se divide entre los que apoyan y los que se oponen al gobierno de Daniel Ortega. Se salvan El Salvador y Uruguay, donde la izquierda moderada no enfrentan grandes dificultades.

No existe hoy, en América Latina, una correlación de fuerzas que asegure, en el corto plazo, la superación del modelo desarrollista neoliberal por un nuevo modelo de sociedad centrado en los derechos de los trabajadores, en la inclusión social de los sectores marginalizados e excluidos, y en la preservación ambiental.

Algunos gobiernos progresistas adoptaron una verdadera esquizofrenia al proferir un discurso político de izquierda y, al mismo tiempo, abrazar una política económica regida por el capital internacional, dependiente de la exportación de commodities, sin crear bases de sustentabilidad para el desarrollo del país.

En Brasil, en el gobierno del PT se adoptó la estimulación del crecimiento (PAC – Política de Aceleración del Crecimiento), apuntando a, en primer lugar, aumentar el PIB. Y la dependencia de la exportación de materias primas, hoy elegantemente denominadas commodities, agravó el proceso de desindustrialización.

Texto original: “Autocrítica da esquerda” publicado en: http://correiocidadania.com.br/2-uncategorised/12630-autocritica-da-esquerda. Traducción Libre: Andrea Ávila

Frei Betto es Asesor de movimientos sociales. Autor de 53 libros, editados en Brasil e en el exterior, dos veces ganador del premio Jabuti (1982, con “Bautismo de Sangre” y, 2005, con “Típicos Tipos”).

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URUGUAY: CONTRA EL AJUSTE FISCAL Y EL DESAJUSTE PRESUPUESTAL. Por Antonio Elías *

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15-Dockside, c. 1959, Oil on board, 34 x 43¾ in. 86,3 x 111 cm.En un  contexto económico de muy bajo crecimiento de la economía uruguaya y un importante déficit fiscal (casi 4%) se redujeron los recursos para distribuir en la conciliación de clases y el gobierno decide que los costos los pague el trabajo y no el capital. Con ese objetivo aplica un ajuste fiscal gradual que afecta negativamente a los hogares de los trabajadores – sean estos ocupados, desocupados o pasivos – tanto en el ingreso monetario como en el acceso y calidad de los bienes y servicios que presta el Estado.  En esta nota se presentan los ajustes en los egresos, tanto en gasto como en inversión.

1.- Vientos de ajuste

Cuando un gobierno tiene un desequilibrio en las cuentas públicas que genera un déficit fiscal significativo busca corregir esa situación reduciendo los gastos y/o  aumentando los ingresos. Para ello realiza un ajuste fiscal que consiste en un aumento de la carga tributaria (creando nuevos impuestos o aumentando las tasas de los impuestos existentes) y reduciendo los egresos a través de la eliminación o reducción de partidas presupuestales. Un ajuste fiscal puede ser explicito cuando se anuncia el conjunto de medidas que se van a tomar y se cuantifican los resultados que se van a obtener o encubierto cuando se lo hace a través de medidas administrativas y/o instructivos internos.

Los vientos de ajuste predominantes en los últimos años han prestado excesivo énfasis a la política fiscal, relegando los objetivos programáticos de la política presupuestal. Es necesario, por tanto,  subrayar la importancia de la prestación de los servicios públicos como parte de la garantía de los derechos individuales, no siendo adecuado considerar a aquéllos como una concesión que el gobierno hace al pueblo: son un derecho que tiene cada individuo por pertenecer a la sociedad. Los servicios públicos que forman parte de los derechos individuales que el gobierno tiene obligación de prestar son: por un lado, los básicos (entre otros, defensa, justicia y seguridad, que deben brindarse independientemente de la participación en la carga fiscal que se haya asignado a cada ciudadano); por otro, los bienes y servicios meritorios (como la salud y la educación, que deberían brindarse con contraprestaciones inversamente proporcionales a la capacidad de pago).

En ese marco se inscribe el proceso de ajuste de las cuentas públicas, llamado en 2015  “moderación y prudencia” y en 2016 “consolidación fiscal”, que impactó negativamente en el nivel de vida de los trabajadores, los pasivos y el amplio grupo de sectores carenciados que solo cuentan con las políticas sociales. El gran capital, fundamentalmente transnacional, seguirá protegido por las zonas francas y la ley de promoción de inversiones; los empresarios locales, sobre todos los medianos y  pequeños, seguirán pagando la misma tasa de IRPF que los grandes empresarios porque no existe progresividad en las rentas personales del capital.

En primer lugar debe destacarse que los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportarán para el financiamiento del déficit del estado, en particular el capital transnacional que se ubica en las Zonas Francas y los grandes capitales nacionales que se benefician de la Ley de Protección de Inversiones.

Tampoco pagará el ajuste, al menos por ahora, la llamada caja militar que recibe transferencias enormes para mantener un sistema de beneficios especiales, tanto en edad de retiro como en tasas de remplazo. El Comandante en jefe del ejército ironizó sobre los llamados privilegios de los militares, sin embargo, es estrictamente cierto que existen esos privilegios, en particular en las pasividades: actualmente se pueden retirar con 20 años de servicios y un mínimo de 38 años de edad, cobrando como pasividad el 100% del salario del grado superior inmediato.

Hay que recordar que la reforma de la caja militar figuraba en la Carta Intención con el FMI del 24 de mayo de 2005, donde en el punto 9 se señalaba que: “La sustentabilidad de una adecuada situación fiscal en el mediano plazo exige tomar medidas ante la debilidad financiera de las Cajas de Jubilaciones Policial, Militar y Bancaria”.  Las leyes que reformaron la caja de jubilaciones Bancaria (Ley 18.396 del 24 de octubre)  y Policial (Ley 18.405 del 11 de noviembre) fueron votadas en 2008. El Poder Ejecutivo, acaba de presentar un proyecto de Ley para reformar la Caja militar con un notorio retraso teniendo en cuenta, además, que la asistencia financiera fue de U$S 400 millones en 2016.

2.- El ajuste de gastos

2.1. En los dos primeros años de gobierno

Al inicio de este período de gobierno los lineamientos para la formulación del presupuesto quinquenal de la Administración Central fueron los siguientes:

a.- “A efectos de determinar la línea de base se considerará la ejecución del ejercicio 2014 correspondientes a niveles de actividad permanentes… este importe será abatido un 20% en términos nominales y ajustado por la inflación proyectada para 2015”.

b.- “El presupuesto de inversiones incluirá en la línea de base créditos por un monto equivalente al nivel de ejecución  2014 (88% del presupuesto asignado) el cual debería ser “depurado de las inversiones extraordinarias que pudieses haberse realizado”.

c.- “Para determinar la masa salarial base para el ejercicio 2016, se considerará la masa  salarial del ejercicio  2014 y se reducirá el monto no ejecutado a un máximo de 10% de esa masa.” Poniendo así un tope al crecimiento de la masa salarial, lo que se complementaba con una exhortación  a “minimizar el ingreso de nuevo personal a  situaciones estrictamente necesarias”.

El resultado de las medidas anteriormente señaladas se observan en el siguiente cuadro: el total de gastos de la Administración Central se redujo 1,6% en 2016 respecto a 2015, la mayor reducción se produjo en inversiones 5,2%, seguida de otros gastos de funcionamiento 3,8%, por su parte los gastos de personal se incrementaron 0,8%. En el bienio 2005-2006 hubo una reducción de los egresos de 1,9%, desagregado en 1,5% en gastos de personal,  2% los restantes gastos de funcionamiento y 2,8% las inversiones.

Un caso aparte son los organismos del Art. 220 que tienen cierto margen de autonomía: tanto, en lo que respecta a la presentación de sus propios presupuestos al Poder Legislativo; como, en la capacidad de ejecutar los presupuestos asignados. En este caso los gastos de funcionamiento aumentaron 4,2% en 2016 respecto a 2015 y habían aumentado 2% en 2015; la inversión, por su parte, había caído 18,6% en 2015 y tuvo un crecimiento de 5,7% en 2016, con lo cual en este periodo de gobierno hay una pérdida de 13, 9%. Como la inversión es solamente un 5% del presupuesto ejecutado su caída es más que compensada por el aumento de los gastos de funcionamiento.

2.2.- El ajuste que se está aplicando este año

En la Rendición de Cuentas presentada en 2016, que se ejecuta, en el presente año, se planteó apretar un poco más el torniquete, los egresos en la Administración Central se reducirían por diversos mecanismos:

a.- Eliminar el 5% de los créditos para retribuciones personales que no hayan sido ejecutados;

  1. b) Limitar el ingreso de funcionarios públicos, por cada tres funcionarios que egresen solo podrán ingresarán dos;
  2. c) Los gastos ejecutados de funcionamiento e inversión no se ajustaran por la inflación, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo similar el porcentaje de inflación.

En la sección III “Ordenamiento financiero”, en el artículo 6° se dispone el abatimiento de: “las asignaciones presupuestales asignadas en la Ley Nº 19.355 (ley presupuestal), de 19 de diciembre de 2015, para el ejercicio 2017, en el monto incremental de las mismas respecto del ejercicio 2016”. En el mismo artículo se plantean diversas  excepciones, entre otras, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados; las Contrataciones de Participación Público Privada; los convenios salariales y laborales; algunos programas del INAU; la Agencia Nacional de Investigación e Innovación; el Instituto Pasteur; el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas.

El ajuste de egresos aprobado – que fue menor al inicialmente propuesto debido a la resistencia social y política – perjudica, principalmente, a organismos que atienden necesidades sociales básicas de educación, salud y vivienda, entre otros, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Hospital de Clínicas y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Reducciones de egresos, todas ellas, que afectan negativamente la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos por la reducción de personal y de recursos para su funcionamiento.

  1. Ajuste de ingresos

El aumento de las tasas de los Impuestos a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) son medidas que tienen un impacto muy negativo sobre la clase trabajadora por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pasividades. Como contrapartida no aumenten las tasas impositivas que paga el capital, tales como los impuestos a la renta de las actividades económicas (IRAE) y al Patrimonio  (IP) y se mantiene la política de exoneraciones a los grandes inversores, fundamentalmente extranjeros.

En efecto, los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportaran para el financiamiento del déficit del estado porque existe un compromiso del gobierno de no crear nuevos impuesto ni aumentar la tasa impositiva. Aunque sí se toman una serie de medidas “administrativas” en el cálculo del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), entre otras: la eliminación de la deducción de sueldos fictos patronales aplicable a empresas con alta facturación anual; reducir al 50% del resultado fiscal positivo las deducciones por pérdidas fiscales; gravar las utilidades no distribuidas generadas con una antigüedad superior a tres períodos.

La carga fundamental del ajuste recae sobre los ingresos del trabajo, la propuesta inicial del Poder Ejecutivo aplicaba aumentos a partir de la franja que comienza en

$ 33.401 la que pasaba de 15% a 18%; a partir de $ 50.100 y hasta los $ 167.000 pasaba de 20% a 23% y las tres franjas superiores aumentaban 4 puntos pasando de: 22% a 26%,  de 25% a 29% y de 30% a 34%.

Luego de múltiples movilizaciones y negociaciones del PIT-CNT se lograron mejoras, aunque lo esencial sigue vigente: se grava al trabajo y no al capital. Se mantuvo la tasa de la segunda franja del IRPF en 15%; de $ 50.100 a $ 100.200 la tasa pasa de 20% a 24%; luego aumenta 5%,  de 20% a 25% hasta los $ 167.000 y de 22% a 27% hasta $ 250.500 . Las dos franjas superiores aumentan 6%. En los hechos se redistribuyo la carga entre trabajadores, lo que se redujo a la franja entre $ 33.400 y 50.100 se les aumentó a los trabajadores que tienen ingresos mayores a esa cifra.

La reducción del porcentaje total que puede deducirse es otro mecanismo para aumentar la recaudación que va directamente, entre otros,  contra las familias que tienen muchos hijos. Por debajo de los $ 50.100 puede deducirse un 10% y por encima solo 8%, cuando antes era  progresional de un 10% a un 30%.

Es la misma lógica que se aplica desde que rige la reforma tributaria con el impuesto a la renta dual. En 2015, al igual que en todo los años anteriores, pagaron muchísimo más de IRPF los trabajadores ($ 34.880 millones) que los capitalistas ($ 5.837 millones).

Continúa vigente, además, la consigna de que “pague más el trabajador que gane más”, los capitalistas tienen una tasa plana en todos sus impuestos tanto para el pequeño comercio de barrio, como para la gran empresa, siempre que está última no tenga el privilegio de las exoneraciones por promoción de inversiones o zonas francas. Vale la pena recordar que en 2014, último dato oficial, las exoneraciones del IRAE llegaron a   $ 19.980 millones y las del impuesto al patrimonio a $ 15.503 mil millones.

El aumento de los impuestos a los ingresos de los trabajadores afecta la calidad de vida, retrae el consumo y afecta el nivel de actividad generando desempleo. Téngase en cuenta que casi casi 500 mil trabajadores pagan IRPF y que el resto no lo paga por ganar menos del mínimo  no imponible. La afirmación de que el 70% no será afectado es el reconocimiento explícito de los bajos salarios que reciben los trabajadores.

La reforma tributaria dual, implantada en 2007, con el argumento de instrumentar un impuesto a las rentas personales disfrazó y consolidó como permanente el impuesto a los salarios y redujo la carga sobre el capital. Como consecuencia de lo anterior en 2015 se recaudaron  $ 35 mil millones por el IRPF a las rentas del trabajo, mientras que el IRPF al capital solamente pagó $ 6 mil millones de pesos. Por su parte, por IRAE se recauda menos que por el IRPF al trabajo $ 34 mil millones. El Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas solo recaudó $ 600 millones, mientras que el IASS recaudo en 2015 $ 6.500 millones.

El aumento del IRPF se suma al congelamiento del salario real de la mayoría de los funcionarios públicos (no tuvieron aumentos por encima de la inflación) y a la pérdida que impuso el Poder Ejecutivo a los trabajadores del sector privado en la sexta ronda de Consejo de Salarios al imponer una pauta salarial de incrementos nominales decreciente menor que la inflación.

En resumen, el ajuste fiscal es contrario a los intereses de los trabajadores – activos  y pasivos – que siguen siendo la variable de ajuste de la economía pública y que si no se modifica la política económica perderán poder adquisitivo y calidad de vida. Lo que está en juego, en lo inmediato, es evitar que se continúe consolidando el actual modelo de acumulación que favorece los intereses del gran capital, fundamentalmente el transnacional.

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Antonio Elías es Master en Economía, Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.

* Publicado en el semanario “Voces”, Montevideo, el ocho de junio de 2017.

 

 

 

 

PARAGUAY: ¿POR QUÉ NO LOGRAN APROBAR LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL? Por Marcos Pérez Talia *

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valladares-participo-en-multiples-exposiciones-personales-y-colectivas-nacionales-e-internacionales-por-lo-que-muchas-de-sus-obras-se-encuen_970_433_1309696Paraguay sigue siendo el único país de Sudamérica que no ha logrado incorporar la figura de la reelección presidencial a pesar de sendos intentos en los tres últimos periodos presidenciales. Se han planteado numerosas explicaciones que intentan dar cuenta de la aversión paraguaya a un nuevo periodo presidencial. En este artículo se propone una explicación a partir del análisis de recursos políticos, y el principal argumento es que Nicanor, Lugo ni Cartes poseen los recursos políticos necesarios para alcanzar el éxito reformista.

Según la literatura politológica, los actores políticos reformistas cuentan, con mayor o menor intensidad, con recursos políticos que facilitan (o no) alcanzar la reelección presidencial: (i) popularidad, (ii) mayoría parlamentaria, (iii) control partidista y (iv) trayectoria del proceso reformista, es decir la vía parlamentaria o extraparlamentaria.

A partir de esos cuatro recursos, los presidentes lograrán la reelección siempre que posean suficientes apoyos populares para emplear el apoyo como un signo para presionar la formación de una mayoría parlamentaria. Utilizan un fuerte control sobre su partido para forzar la disciplina y la alineación de los legisladores que también buscan una carrera hacia la presidencia. El escenario se resuelve en el seno legislativo y se concentra en la búsqueda de votos de los legisladores.

Primer intento: Nicanor. El presidente Duarte Frutos planteó por primera vez la posibilidad de reformar la Constitución Nacional para incluir la reelección. Fue el presidente que accedió al gobierno con el menor apoyo electoral en todo el proceso democrático. Pero además su partido no logró obtener mayoría parlamentaria, lo cual a priori dificultó aún más la gobernabilidad. Sin embargo, inició su mandato con un discurso y accionar renovador y firme, y tuvo dos fortalezas importantes: el éxito de su gestión económica y la ausencia de rivales partidarios de peso. Eso, en definitiva, le dio el ímpetu necesario para embarcarse en una campaña de reforma constitucional para optar por su reelección.

Si bien en 2004 gozaba según Latinobarómetro de casi el 60% de aprobación de su gestión de gobierno, para el 2006 (año en que plantea la reelección) la misma cayó a un 38%, y a un ínfimo 17% en 2007. Tampoco disponía de una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la reelección, ya que la ANR tuvo en ese periodo 16 senadores y 37 diputados. Duarte Frutos no logró, por otra parte, el apoyo de la totalidad del aparato colorado a su plan reformista, que para entonces se encontraba dividido en varias facciones internas como las de Luis Castiglioni, José Alderete y Alfredo Stroessner. Con ese escenario, Duarte Frutos no tuvo otra opción que desistir de su plan reformista.

En definitiva, tres cuestiones imposibilitaron su reelección: (i) su partido no contaba con mayoría parlamentaria suficiente para llevar a cabo, por sí solos, la reforma; (ii) no logró llegar a acuerdos con las demás fuerzas parlamentarias opositoras para introducir la figura de la reelección y (iii) tampoco obtuvo suficiente apoyo ciudadano que sirviese, al menos, para presionar al Parlamento a fin de que aprueben la reforma solicitada.

Segundo intento: Lugo. Paradójicamente el ex obispo aparece en la arena política en el marco de las marchas y protestas contra el presidente Duarte Frutos por su intento de reelección presidencial. Lugo contaba con mayor popularidad que los anteriores presidentes. Asume la presidencia, según Latinobarómetro, con casi el 90% de aprobación de gestión. Aunque para el 2010 su aprobación descendió al 55% y para el 2011, año en que plantea la reelección, al 50%, seguía disponiendo de mayor aprobación que Duarte Frutos.

Lugo contaba con una ventaja y una desventaja: (i) la primera era que si bien no tenía mayoría parlamentaria para forzar la modificación constitucional, tenía detrás suyo a un potencial aliado estratégico, el expresidente Duarte Frutos quién eventualmente se encontraría con intenciones de ser habilitado nuevamente; (ii) pero sus aliados liberales reivindicaban que Lugo les había prometido encabezar la siguiente fórmula presidencial en 2013, con lo cual el presidente no podría disponer de los votos parlamentarios de su principal aliado.

En junio de 2011 se presentó ante el Senado un petitorio ciudadano que solicitaba el tratamiento de modificación constitucional para la reelección presidencial. Un mes después la Cámara de Senadores rechazó el proyecto por mayoría de votos colorados, liberales y de UNACE. De esa forma, Lugo no logró sortear exitosamente el escollo del Congreso.

Tercer intento: Cartes. Si bien comenzó su periodo manifestando que no estaba interesado en ser reelecto, en 2016 deshace su discurso anti-reeleccionista y se vuelca enteramente en la búsqueda de aliados estratégicos. Su partido consiguió mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, aunque en Senado quedó a unos cuantos escaños de la misma.

Como ocurre con los gobiernos relativamente nuevos, para 2014 (a un año de haber asumido) el 42,9% de la ciudadanía, según LAPOP, confiaba mucho en Cartes aunque llama la atención el elevado porcentaje que confía poco (25.9%) o nada (31,3%) en él, sobre todo si se compara con el gobierno de Lugo. Ahora bien, la visión ciudadana sobre la gestión del gobierno es bastante diferente. Según Latinobarómetro, en 2013 el 66% no aprobaba su gestión y en 2015 el rechazo trepó al 67,5%.

Cartes no logró el control partidista total de las bancas de su partido, aunque sí logró acordar con Fernando Lugo y Blas Llano la aprobación de la reelección. Así, en una sesión controvertida, 25 senadores aprobaron en marzo la reelección vía enmienda, lo cual generó una importante crisis institucional y violentas protestas y represión policial. Con ese escenario complejo y de efectos imprevisibles, Cartes se vio obligado a desistir, un par de semanas después, del proyecto reeleccionista.

Fracaso reformista. La alta dispersión de poder que dispuso la Constitución de 1992 –con el fin de evitar un nuevo stronismo sin Stroessner- hizo que ninguna fuerza política tenga por sí sola el poder requerido para romper el equilibro. Para introducir la reelección presidencial, de tan malos recuerdos en el pasado, se necesita un importante acuerdo entre la élite política, pero también con la ciudadanía.

He ahí la importancia de examinar la reelección a partir del análisis de los recursos políticos. Nicanor no contaba con los mismos, aunque su gran mérito fue introducir el debate. Lugo disponía de una mayor popularidad pero no contaba con mayoría parlamentaria ni controlaba el voto parlamentario de la alianza que lo llevó al poder. Por último, Cartes logró alcanzar la mayoría parlamentaria para aprobar el proyecto pero carece de popularidad y apoyo ciudadano.

La batalla está acabada en este periodo presidencial. Pero habrá que esperar qué trae consigo el 2018. El panorama es alentador… la política paraguaya no da tregua (ni aburrimiento).

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*Publicado originalmente el 22 de mayo de 2017 en: https://tererecomplice.com/2017/05/22/por-que-no-logran-aprobar-la-reeleccion-presidencial/

ARGENTINA: LA INFLACIÓN NO DA TREGUA Y AGRAVA LA DISTRIBUCIÓN REGRESIVA DEL INGRESO. Por Julio C. Gambina.

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7119Los datos oficiales de abril pasado señalan un crecimiento de los precios al consumidor del 2,6% para la Ciudad de Buenos Aires y los partidos que integran el Gran Buenos Aires.[1]

Si bien se trata de un dato regional, que superó todo pronóstico, el mismo es utilizado para definir la situación en el ámbito nacional. El INDEC informa que la medición nacional recién estará para el próximo mes de julio.

En lo que va del año la inflación alcanza al 9,1%, muy cerca del piso del 12% imaginado desde el BCRA, y para los últimos 12 meses suma del 27,5%, muy lejos de las pretensiones patronales de actualización salarial en convenciones colectivas de trabajo en proceso. Traigamos a cuenta el 19%, aún con actualización futura, ofrecido a docentes y que explica la continuidad del conflicto educativo.

La inflación es una cuestión de poder, donde queda claro que solo unos pocos pueden incrementar los precios.

Por lo pronto, los trabajadores no tienen libertad de mercado para establecer el precio de la fuerza de trabajo. Los docentes demandan 35% de actualización, para recuperar lo perdido en 2016 y lo que imaginan será la evolución de los precios de la canasta familiar para el 2017.

No son docentes los únicos trabajadores con ese nivel de demanda de actualización salarial, y queda clara que la batalla económica es por bajar el precio de la fuerza de trabajo, como forma de reducir el costo laboral dentro de los costos de producción.

Los que sí pueden incrementar precios son los sectores de servicios, cuyos precios crecieron por encima de los bienes. En abril, los precios de los bienes se aumentaron en 2,4% y los de los servicios en 2,9%. El acumulado de enero a abril fue de 7,7% en bienes y 11% en servicios; mientras que en el acumulado anual los bienes crecieron el 24,4% y los servicios 32,2%.

En materia de bienes destacan los alimentos, con 2,2% en abril; un acumulado durante el 2017 de 8,9% y de 29,1% para los últimos 12 meses, con el agravante que la incidencia del rubro alimentos resulta fundamental en el conjunto de los precios. Los sectores de menores ingresos y por ende con menor capacidad adquisitiva destinan la mayor parte de sus recursos en la compara de alimentos.

No cualquiera puede aumentar precios, para ello hay que tener poder.

El crecimiento de los precios en general y de los servicios y alimentos en particular agudiza el problema del empobrecimiento de la población más empobrecida, que según el INDEC suman 30,3% para el conjunto social y del 45,8% para los menores de 14 años, la infancia.

Política oficial de metas de inflación

Si bien el Banco Central sostiene su pauta del 17% como máximo, desde otras esferas se piensa en más del 20%, incluso señalan que convendría hablar de precios en sentido estricto y luego adicionar el incremento de tarifas. De ese modo pueden llegar hasta 25% o más para el año, argumentando que es menos que el elevado registro del 2016.

El encargado principal de la política antiinflacionaria es el BCRA, con una estrategia ortodoxa de contraer la masa monetaria (secar la economía; retirar dinero del mercado). Por medio de altas tasas de interés empuja esta política contractiva, estimulando inversiones especulativas de grandes inversores, entre ellos, los bancos, que prefieren invertir en tasas altas pagadas por el Banco Central que en prestar para el desarrollo productivo con riesgo de impago.

La política del BCRA es onerosa, ya que para retirar dinero del mercado ofrece cuantiosos intereses a los inversores en Letras del Banco Central, LEBAC (26,25% a 35 días). Ya hay emitidas y en circulación 739.000 millones de pesos en LEBAC, algo así como 46.000 millones de dólares. Eso es deuda del Banco Central a cargo de toda la sociedad contra los tenedores privados de esas letras. La famosa socialización de las perdidas.

Es curioso como al mismo tiempo, es la propia política monetaria la que contiene el precio del dólar, ya que con altas tasas se compite contra la demanda de dólares. Como estos ingresan en cantidades importantes por mayores importaciones y menos exportaciones, como por préstamos que tienen destino en la especulación o en el pago de la deuda pública, entonces, para evitar un mayor retraso del tipo de cambio (que no baje más de la cuenta), el BCRA resulta un comprador recurrente de dólares. Para ello emite moneda y renueva el ciclo de altas tasas para retirar esos pesos puestos en circulación (emisión) por el mismo Estado.

Un círculo vicioso, donde crece la deuda y se reaviva la combinación de inflación con desaceleración de la economía, aun cuando se intenta mostrar cierta recuperación vía inversión pública y de ciertos sectores de la producción, especialmente el agro y la construcción.

En el ciclo anterior faltaban divisas y por eso las regulaciones cambiarias (cepo entre otras) y la fuga de capitales. Ahora, ingresan dólares que hacen subir las reservas internacionales por encima de los 48.000 millones de dólares y continúa la fuga de capitales, sea por el saldo negativo del balance comercial, el turismo al exterior, las remesas de utilidades al extranjero y los pagos de la deuda

¿Qué hace y hará el gobierno? ¿Existe otro rumbo posible?

Continuará con el ajuste. El presidente dice que tiene un agujero fiscal de 500.000 millones de pesos y los ministros de Finanzas y de Hacienda señalan que es una tarea a desplegar luego del “triunfo” electoral de octubre.

Buscan consenso electoral para profundizar el ajuste fiscal, contra el gasto público social y desfinanciando derechos sociales, a la alimentación, la educación, la salud, el empleo, entre muchos otros. La reforma laboral y previsional está en la agenda de temas estructurales en ese sentido, en el mismo rumbo de Brasil, Chile y otros países de la región.

¿Se podría hacer algo distinto? Claro que sí, pero es inimaginable en el marco del proyecto político e ideológico del PRO-CAMBIEMOS.

Se puede atacar la cadena de producción y distribución de alimentos y bienes y servicios esenciales, con una concepción de derechos y no de mercancías, pero iría en contra de la lógica gubernamental y de la dominación económica.

También debiera modificarse la política monetaria, cambiaria y arancelaria, algo que la ortodoxia en el BCRA, o en Hacienda y Finanzas no puede imaginar.

En el fondo es una cuestión política, como con el 2×1, con cientos de miles movilizados pudo lograrse casi unanimidad de opinión institucional y deslegitimación social de un fallo espurio de la Corte Suprema.

¿Podrá organizarse una movilización social de tal magnitud para lograr sustanciales modificaciones en la política económica y social?

Buenos Aires, 12 de mayo de 2017

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[1] INDEC, en:  http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_05_17.pdf

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Montevideo 31, 2º Piso CP 1019ABA. Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: (54 11) 4381 5574 / 6088 9949
visitá mi blog www.juliogambina.blogspot.com

 

VENEZUELA EN SIETE CLAVES PARA ABORDAR SU CRISIS ACTUAL. Por Emiliano Terán Mantovani.

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No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.
El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueismo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.
Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto
El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.
Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.
I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea
El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.
En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.
Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.
Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.
Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.
Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.
Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.
Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.
II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano
Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.
 La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.
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El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.
El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.
Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.
El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.
Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.
Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para “combatir el hampa”, los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.
Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.
III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal
 Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.
La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.
En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA[4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.
El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.
 En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.
Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.
El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905[6].
El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.
IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)
El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?
Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.
La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.
La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis
La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.
Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.
La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.
En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.
V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo
En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.
Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.
Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado,  apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].
Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.
 Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.
Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].
 VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal
La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.
La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.
A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.
 Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.
Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’[9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.
Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela[11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.
VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social
 En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.
La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.
Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.
Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.
Caracas, abril de 2017
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Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.

LA OEA VS. VENEZUELA. SE SEPARÓ EL “TRIGO” DE LA “PAJA”:¿POR CUÁL OPTA UD.? Por Roberto Regalado

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57609be5c3618800588b45a9Comencé a escribir estas líneas al terminar de ver la sesión del Consejo Permanente de la OEA efectuada en la tarde del 3 de abril de 2017, que dio continuidad a las maniobras dirigidas a invocar la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Casi sin dormir y habiéndole dedicado solo el tiempo imprescindible a atender otros asuntos impostergables, termino de hacerlo más de 48 horas después. En la sesión mencionada se explicitó la intención de escalar la injerencia en los asuntos internos de esa hermana nación mediante la apertura de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el máximo órgano inquisidor del Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, según la precisa caracterización de la OEA hecha hace 55 años por el Canciller de la Dignidad de Cuba, Raúl Roa García.

La sesión del Consejo fue transmitida en vivo por CNN en Español, cadena transnacional que pareció asumir la función de los canales de televisión creados por las legislaturas de muchos países para dar a conocer sus debates de modo abierto y transparente. Por supuesto que el objetivo de CNNE no era rendir culto a la transparencia, sino divulgar en tiempo real, por todo el continente y por todo el mundo, un espectáculo reminiscente de los escenificados contra Cuba en las V, VII, VIII y IX Reuniones de Consulta de la OEA, de 1959, 1960, 1962 y 1964 respectivamente: en la V y la VII, Cuba fue estigmatizada y aislada; en la VIII se le expulsó de la OEA; y en la IX se les prohibió a sus miembros mantener relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con ella. En esa última reunión, alcanzó su mayor intensidad la política imperialista de agresión, bloqueo y aislamiento contra la Revolución Cubana. Entonces no había una CNN en Español que transmitiera los debates…

La sanción contra Cuba adoptada en 1962 fue levantada por la OEA en 2009, es decir, 47 años después, ante lo cual el Gobierno Revolucionario cubano ratificó su histórica posición de jamás volver a esa desprestigiada institución. Ello ocurrió en un momento en que la correlación regional de fuerzas era favorable a los gobiernos de izquierda y progresistas. Fue en una reunión efectuada en San Pedro Sula, Honduras, cuando Manuel Zelaya era presidente de ese país. Aquel mismo año se intensificó la campaña desestabilizadora dirigida a derrocar o derrotar electoralmente a esos gobiernos. Ese propio año el presidente Zelaya sufrió un golpe de Estado. Luego le seguirían el golpe contra Lugo en Paraguay, la derrota del candidato presidencial del Frente para la Victoria en Argentina, el revés en el referendo convocado para habilitar una nueva candidatura presidencial de Evo Morales en Bolivia, y el impeachment de Dilma en Brasil. Sin bajar la presión en ningún país gobernado por fuerzas de izquierda y progresistas, esa campaña hoy se enfoca con particular intensidad contra Venezuela.

La Carta Democrática Interamericana

Los antecedentes más lejanos de esa Carta Democrática Interamericana que en la actualidad se intenta aplicar contra el gobierno de Venezuela, datan de la época inicial de la Guerra Fría, en medio de la cual los países del continente suscriben en Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947) y fundan la OEA (1948). Le antecede la creación de la Junta Interamericana de Defensa (JID, 1943) y le sigue el establecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1959). Fue una etapa llena de derrocamiento de gobiernos constitucionales en nombre del combate a la “amenaza del comunismo” y la “defensa de la democracia representativa”.

La primera legitimación de una intervención militar directa del imperialismo norteamericano hecha por la OEA fue la que encubrió el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954, organización que también amparó la invasión norteamericana a la República Dominicana en 1965, y fue cómplice del golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Allende en Chile. Todo ello se hizo “en defensa de la democracia”. En esencia, los escaños que hoy ocupan en la OEA los embajadores y embajadoras que acusan al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de “ruptura del orden constitucional”, durante las décadas de 1960 a 1980 “cobijaron las posaderas” de los embajadores y embajadoras de las dictaduras militares y demás Estados de “seguridad nacional”. Sus espectros no los abandonan.

El antecedente directo de la Carta Democrática Interamericana fue la reestructuración del sistema de dominación del imperialismo norteamericano emprendida por la administración de George H. Bush (1989‑1993), sustentada en tres pilares: político, la implantación de Estados neoliberales en todos los países de la región (excepto en Cuba), sujetos a mecanismos transnacionales de imposición, verificación, control y sanción de infracciones radicados en la OEA; económico, el fracasado intento de imponer un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los tratados bilaterales y subregionales de “libre comercio” que en la actualidad el gobierno de Donald Trump se propone descartar o convertir en aún más abusivos; y militar, el incremento de la presencia directa de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la región.

Una piedra angular de ese proceso fue la aprobación, en la Asamblea General de la OEA realizada en Chile en 1991, del llamado Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano. Le siguió la legitimación ulterior de la injerencia en los asuntos internos de los Estados refrendada en el XVI Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizado en Washington D. C. en diciembre de 1992, en el cual se aprobó el Protocolo de Washington, el cual estableció que un miembro cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del derecho de participación en todas las instancias del Sistema Interamericano. Las nuevas medidas constituyeron un escalón superior con respecto al Compromiso de Santiago porque establecieron sanciones concretas contra quienes “violasen el compromiso indeclinable con la defensa y la promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región” y eliminaron la condición de que la defensa de la democracia representativa se mantuviera dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención. Como parte de ese proceso, en todos los subsiguientes foros, acuerdos y mecanismos regionales y subregionales latinoamericanos se procedió a especificar y detallar, con creciente minuciosidad, qué es lo que el Sistema Interamericano entiende por democracia representativa, y ello resultó en lo que Zemelman caracterizó como alternancia dentro del proyecto, es decir, un esquema de alternancia “democrática” entre las personas y los partidos que ocupan el gobierno, pero todos ellos sometidos a un proyecto neoliberal único, que no pueden sustituir ni modificar más allá de muy estrechos márgenes.[1]

No estaba concebido ni previsto que, con las propias reglas de la democracia representativa consagradas por el Sistema Interamericano, fuesen electos gobiernos de izquierda y progresistas. Ese fue el resultado de una combinación de factores que he abordado en trabajos anteriores, entre los que resaltan el acumulado histórico de las luchas populares, los niveles de organización y combatividad alcanzados por los movimientos sociales en la lucha contra el neoliberalismo, y el rechazo concitado en amplios sectores de la población por parte de los gobiernos de derecha que impusieron tal doctrina. En esas condiciones, fue imposible evitar que las fuerzas de izquierda y progresistas ocuparan espacios institucionales de los cuales habían sido históricamente excluidas, entre ellos, el Poder Ejecutivo. Se imponía la necesidad de encontrar las formas de volverlas a excluir.

Tras aproximadamente ocho años de estancamiento del despliegue del nuevo sistema de dominación continental, años que se corresponden con la presidencia de William Clinton (1993‑2001), apenas horas después de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Departamento de Defensa en Virginia del 11 de septiembre de 2001, la OEA aprobó en Lima la Carta Democrática Interamericana,[2] que dotó a esa organización de mayores facultades de fiscalización, injerencia y sanción, como escalón superior del entramado de acuerdos construido a partir del Compromiso de Santiago de 1991. Acto seguido, se intentó darle continuidad a la secuencia de modificaciones y especificaciones de qué clasifica y qué no clasifica como democracia representativa, para excluir de ella al entonces recién electo gobierno de Hugo Chávez Frías, pero esa maniobra fracasó. Desde entonces se busca invocar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Esta es una historia resumida de ese instrumento que, desde entonces, se usa o no, según las conveniencias del gobierno de los Estados y sus aliados.

 

 

La separación del “trigo” y la “paja”

Lo ocurrido en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 3 de abril recién pasado separó el “trigo” de la “paja”, no solo con relación a lo que está sucediendo en Venezuela, sino en toda América Latina, en particular, en lo referente a cuál es la esencia del conflicto y cuáles son los actores alineados en cada uno de las partes en disputa. Esto le permite, con mayor claridad y facilidad, a toda fuerza política, social‑política o social, y a toda persona progresista o de izquierda, reafirmar o replantearse en qué lado del conflicto se encuentra, no a partir de los parámetros y argumentos formales en torno a los cuales se desarrolla el debate público, sino respecto al tema de fondo, que en este caso no es si en Venezuela hay o no democracia, ni cuánta democracia, ni qué tipo de democracia, sino en torno a si los pueblos latinoamericanos nos quedaremos inertes ante una arremetida imperial, que no es solo contra el gobierno de la República Bolivariana y el Gran Polo Patriótico de Venezuela, sino que es una arremetida contra todos los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de la región, es decir, no solo contra aquellos que se proponen una transformación social revolucionaria, sino también contra aquellos cuyo objetivo final es realizar una reforma social progresista dentro del propio sistema social imperante. Aquejado por la agudización de sus contradicciones antagónicas, el capitalismo de nuestros días no puede permitir ni lo uno ni lo otro. A todos los gobiernos de izquierda y progresistas, sean reformadores o sean revolucionarios, les viene “llegando el turno”: ya les llegó a los gobiernos progresistas de Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil, cuyos líderes nunca pensaron una ruptura sistémica. Hoy “está en punta” Venezuela; Ecuador “se salió de la fila” por el momento; y todos los demás países gobernados por fuerzas de izquierda y progresista ocupan un lugar en ella, créanlo o no, sépanlo o no. Y dice el refrán que cuando veas las barbas de tu vecino arder pongas las tuyas en remojo.

Por supuesto que la democracia en Venezuela constituye una tema fundamental, imposible de soslayar. Está claro que el Gobierno bolivariano y el Gran Polo Patriótico deben analizar a fondo esta problemática, pues el hecho de haber perdido la mayoría en la Asamblea Nacional luego de casi veinte años de revolución política y reforma social profundas revela deficiencias en la construcción de la democracia popular que, a su vez, son las que repercutan en el cambio en la correlación de fuerzas reflejado en el ejercicio de la democracia representativa. Tanto en Venezuela como en el resto de la región urge desarrollar nuevos contenidos y nuevas formas democráticas que vayan ocupando, crecientemente, el espacio de la actual democracia representativa, hasta llegar a trascenderla y sustituirla. Pero, ese análisis y las rectificaciones que del mismo se deriven serían imposibles de hacer si las fuerzas bolivarianas se dejasen arrebatar el poder político conquistado partir de la primera elección presidencial de Hugo Chávez.

¿Es que alguien cree que esta arremetida general del imperialismo norteamericano y las oligarquías contra los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas es para proteger a la democracia?

¿Es que alguien no se da cuenta de que esa arremetida general adoptó la forma de golpes de Estado “de nuevo tipo” en Honduras, Paraguay y Brasil, mientras que en Venezuela, como parte de la estrategia multiforme de desestabilización política, económica y social en curso desde hace años, adopta la forma de supuesta defensa de la democracia?

¿Acaso el imperialismo y las oligarquías quieren que impere la democracia en nuestros países o quieren restablecer el monopolio del poder político y económico que históricamente ejercieron en ellos?

¿Son Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil más democráticos desde que sus respectivos gobiernos progresistas fueron derrocados o derrotados electoralmente, según el caso?

A esa identificación y separación entre el objetivo real de la política y los argumentos retóricos utilizados para justificarla y legitimarla es a lo que llamo separar el “trigo” de la “paja”. En la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 3 de marzo recién pasado se separó el “trigo” de la “paja”. Con otras palabras, salieron a relucir, con total crudeza, las luchas y los alineamientos políticos e ideológicos que usualmente se esconden detrás –y  se dirimen por medio– de debates normas y procedimientos. ¿Qué pasó ese día?

  • Primero, que el Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia –a quien aprovecho para felicitar de corazón, porque yo hubiese hecho lo mismo–, digno representante de la Revolución Democrática y Cultural liderada por el presidente Evo Morales, hizo uso de su condición de presidente pro‑tempore del Consejo Permanente para cancelar la reunión de ese órgano que había sido programada para cerrar aún más el cerco contra Venezuela, máxime porque ya en ese país se había producido un cambio con relación a la llamada ruptura constitucional.

¿Fue una maniobra de procedimientos del compañero Embajador? Seguro que sí: fue una maniobra legítima de procedimientos, y se la aplaudo… ¡Lástima que no hubo un diplomático corajudo, como él, en la reunión de la OEA en Punta del Este que en 1962 expulsó a Cuba!

  • Segundo, que el bloque de derecha organizado y liderado por el gobierno de los Estados Unidos, el cual, con su “paja”, logró atraer a gobiernos que NO forman parte de él, “armó un circo” para que la reunión del Consejo se realizara de todas formas. Ante la ausencia del Presidente (Bolivia) y del Vicepresidente (Haití), y también del embajador con mayor antigüedad en la OEA, por ser este el propio Representante Permanente de Bolivia, no les quedó más remedio que acudir al Embajador de Honduras (sic!), en cuyo país se ejecutó un golpe de Estado contra el presidente Zelaya con el alegato de que se proponía introducir una “cuarta urna” electoral, en la que se consultaba a la ciudadanía si apoyaría o no una reforma constitucional (¡vaya crimen!). Se acusó entonces a Zelaya de tener intenciones de reelegirse, lo cual se calificó de ilegal e inconstitucional en Honduras y, sin embargo, el actual presidente de este país, Juan Orlando Hernández, jefe máximo del Embajador hondureño en la OEA, está buscando su reelección. ¿Es “trigo” o “paja”?

Pasaron por alto también que, aunque tras el golpe de Estado contra Zelaya, Honduras resultó temporalmente separada de la OEA, esta organización no enfrentó el tema en su seno de la forma que en la actualidad lo hace contra Venezuela. Como entonces la correlación de fuerzas era favorable a los gobiernos de izquierda y progresistas, se “delegó” la solución del problema a un mediador supuestamente neutral, el expresidente de Costa Rica Oscar Arias, el mismo que, por encargo de la administración de Ronald Reagan, descarriló el proceso de negociaciones centroamericanas en la década de 1980. Arias le dio “atol con el dedo” al diálogo hasta que el mandato constitucional de Zelaya expiró.

¿Fue una maniobra de procedimientos lo que hizo el bloque proimperialista en el Consejo Permanente de la OEA? Seguro que sí, y eso es lo que siempre han hecho. Lo nuevo, y muy meritorio, es que alguien de nuestra parte, les haya tomado la delantera. Así que, de nuevo, felicidades compañero Embajador.

¿Cuál es el “trigo”?

Más allá de lo obvio, es decir, de que el imperialismo norteamericano y sus aliados buscan cerrar el cerco contra Venezuela y profundizar su injerencia en esa nación con el objetivo de aniquilar a la Revolución Bolivariana, lo ocurrido en la OEA tiene múltiples aristas. Bien pudiera ser el catalizador, o quizás un resultado, de lo que se ha dado en llamar fin del ciclo progresista. Ello me compulsa a atropellar la socialización de algunas ideas, aún inmaduras y dispersas, cuyo debate fraternal y crítica constructiva serán bienvenidos, sobre el movimiento en la correlación regional de fuerzas ocurrido en los últimos años que, en sentido general, ha sido favorable a la derecha y desfavorable a la izquierda, pero no de modo absoluto, ni uniforme en toda la región, pues esta última también defiende posiciones y cosecha victorias. Por ser el más reciente ejemplo de ello, baste mencionar la elección de Lenin Moreno como nuevo presidente de Ecuador.

Con esas ideas, una vez maduras y sistematizadas, pretendo actualizar las reflexiones plasmadas en 2012 en un libro titulado La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?[3] En las conclusiones de aquel libro, ambas posibilidades quedaban abiertas. Hoy lo siguen estando: los actuales gobiernos de izquierda pueden ser simientes de alternativas a la dominación capitalista, o pueden terminar siendo válvulas de alivio de la presión social acumulada por el neoliberalismo puro y duro de las décadas de 1980 y 1990, que desemboquen en el reciclaje de la dominación del capital monopolista transnacional. Sobre este tema, recomiendo el estudio de la obra El misterio del posneoliberalismo, tomo II, volúmenes 1 y 2, de la investigadora y profesora Beatriz Stolowicz.[4] El desenlace depende mucho de los objetivos, la estrategia, la táctica, y la unidad de las fuerzas políticas y social-políticas, y de los movimientos sociales populares.

Si fuera cierto que asistimos a la crisis terminal del llamado ciclo progresista, ello no sería debido a la supuesta causa enarbolada por los ideólogos imperialistas y proimperialistas, a saber, que la “bonanza coyuntural” derivada de los altos precios de los productos primarios exportados por América Latina abrió en algunos países espacios a la gestión de “gobiernos populistas”, y que la reversión de esa “bonanza” determina el cierre de esos espacios y la desaparición de tales gobiernos. Esto es una mera reformulación de la desacreditada tesis del fin de la historia.

La agudización de la crisis sistémica del capitalismo golpeó y golpea con fuerza a los gobiernos de izquierda y progresistas. Eso lo ha venido analizando el Foro de São Paulo en todos sus encuentros celebrados desde 2008. El Foro instó trazar y emprender el curso de acción que en cada país fuese necesario para disminuir los impactos negativos de la crisis y aprovechar sus potencialidades revolucionarias.[5] Lamentablemente, esto no ocurrió, o no se hizo en el tiempo y con la energía y la eficacia requeridas.

Si, en efecto, el “ciclo progresista” o el “progresismo” se agotó, o se estuviese agotando, sería porque ya las fuerzas políticas, social‑políticas y sociales del campo popular han llegado, o estarían llegando, al tope de lo que podían conquistar dentro de los estrechos límites de la democracia representativa, democracia liberal o democracia burguesa, como se prefiera llamarla, tal como está definida en todo el andamiaje conceptual del Sistema Interamericano, reconstruido y relanzado por la administración de George H. Bush entre 1989 y 1993, cuya expresión más acabada es precisamente la Carta Democrática Interamericana.

Si el “ciclo progresista” se cerró o se está cerrando es porque ya resulta imperativo abrir un “ciclo revolucionario”, lo que, por supuesto, no presupone un retorno a la lucha armada, pero sí la necesidad de trascender la democracia burguesa y construir una nueva democracia política, económica, social y cultural, de signo popular. Ello obedece a dos factores complementarios:

  • Uno es que, en la medida en que avanza la verdadera democratización política, social y cultural, la democracia representativa, con sus instituciones, normas, principios y valores destinados a preservar la dominación imperialista y oligárquica se ratifica como una camisa de fuerza.
  • El otro es que, por si lo anterior fuera poco, la democracia representativa no permanece inmutable mientras los pueblos construyen dentro de ella nuevas formas y contenidos democráticos. A semejanza de los anticuerpos del ser humano, la democracia representativa tiene anticuerpos que detectan, cercan, repelen e intentan destruir el “virus” de la construcción de democracia popular, comunitaria, participativa, protagónica.

Está demostrado que la democracia representativa está siendo manipulada, modificada, vulnerada y violada por el imperialismo y las oligarquías criollas con el propósito de expulsar a las fuerzas de izquierda y progresistas de los espacios que han conquistado dentro de ella. Al utilizar el término expulsar, establezco una diferencia con el concepto de alternancia. Lo que se busca no es “alternar” con la izquierda que hoy gobierna, sino expulsarla del Estado, “cerrar las puertas y las ventanas” y “botar la llave” para que nunca más puedan acceder a él.

Como todo lo que toca el Rey Midas del imperio, la democracia se vuelve fango, se corrompe, en ella prevalece la doble moral, la ley del embudo (lo ancho para mí y lo estrecho para ti). Los corifeos de la OEA gritan que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela actúa a favor del gobierno, que no hay independencia de poderes, que quebró el hilo constitucional y que ello es un pecado imperdonable e irreversible que debe ser condenado. ¿Acaso no se quebró en Honduras, en Paraguay y en Brasil? ¿Acaso los poderes legislativos y judiciales controlados por la derecha en países en que el Poder Ejecutivo lo ejerce la izquierda no manipulan, quebrantan, tuercen, violan, desnaturalizan y hacen muchas otras cosas, día a día, contra la Constitución y las leyes vigentes? Lo dicho: la ley del embudo.

Es más que importante, es esencial, vital, que todos los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina y el mundo concentren su atención en el “trigo”, y lo utilicen como brújula para ubicarse y para decidir en qué dirección se mueven y cómo lo hacen. Insisto en que no es solo al Gran Polo Patriótico de Venezuela al que el imperialismo y las oligarquías latinoamericanas están tratando de expulsar, de manera definitiva, del Estado, sino a todas y cada una de nuestras fuerzas políticas.

Dos elementos fundamentales nos compelen a unirnos y a luchar juntos: uno es la hermandad, fraternidad y solidaridad mutuas que, no sin dificultades, hemos logrado construir durante más de un cuarto de siglo en el Foro de São Paulo, en los Seminarios Internacionales “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, y en otros agrupamientos y espacios continentales de signo popular sobre la base del principio de unidad dentro de la diversidad; el otro es que la arremetida imperialista y oligárquica está dirigida contra todas las fuerzas de izquierda y progresista.

Es conocido que el tema de la democracia es objeto de un debate abierto desde hace siglos, sobre el cual hay un amplísimo abanico de posiciones dentro de la izquierda o las izquierdas –como muchos prefieren decir. Dentro de este contexto, no es igual la historia, la cultura política, la tradición de respeto a la institucionalidad y la situación concreta de Uruguay, que la de Venezuela. A ello se añade que el gobierno del Gran Polo Patriótico, como ya se señaló, ocupa el primer lugar “en la fila” para ser expulsado del Estado y que, probablemente, el gobierno del Frente Amplio ocupe el último lugar en dicha fila, y eso los coloca en circunstancias distintas. Aún más, puede que algunos de sus dirigentes y algunas de sus fuerzas políticas no se hayan percatado de que también están “en la fila” de los “expulsables”. A ninguno de esos dos gobiernos y esa fuerzas políticas hermanas, ni al conjunto de los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina, les beneficia proseguir con el distanciamiento y los choques que se vienen produciendo entre ellos a raíz de los intentos de excluir a Venezuela del MERCOSUR, de la OEA y de otros espacios internacionales.

Solo en democracia podrán los pueblos latinoamericanos construir su futuro. El debate sobre cómo, cuándo y cuánto peca cada uno de nosotros con la democracia, ya bien sea por exceso o por defecto, es bueno, pertinente y necesario, pero con dos premisas:

  • La base de ese debate ha de ser el “trigo”, es decir, la democracia misma, tal como la conciban y la edifiquen las y los latinoamericanos, y no la “paja”, es decir, no la Carta Democrática Interamericana, ni las mal llamadas clausulas democráticas del MERCOSUR y otros organismos regionales, impuestas en la década de 1990 como parte de la reestructuración, entonces realizada, del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano.
  • El escenario natural para el debate multilateral entre nosotros sobre la democracia, no es la OEA, ni el actual MERCOSUR, ni ningún otro organismo regional o mundial con “clausulas democráticas”, sino el Foro São Paulo, cuyo XXIII Encuentro se efectuará en Managua, Nicaragua, del 16 al 18 de julio de este año. Constituye un reto y una necesidad que ese debate sea alturado y constructivo, y que restaure y cimente nuestra unidad en la diversidad.

Roberto Regalado Álvarez (La Habana, 1953) es Politólogo, Doctor en Ciencias Filosóficas y Licenciado en Periodismo, miembro de la Sección de Literatura Socio‑histórica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

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[1]      Hugo Zemelman: «Enseñanzas del gobierno de la Unidad Popular en Chile», en Gobiernos de izquierda en América Latina: el desafío del cambio (Beatriz Stolowicz, coordinadora), Plaza y Valdés Editores, México D. F., 1999. pp. 35‑36.

[2]       AG/doc. 8 (XVIII‑E/01).

[3]      Roberto Regalado: La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?, Ocean Sur, México, 2012.

[4]      Véase a Beatriz Stolowicz: El misterio del posneoliberalismo, tomo II, volúmenes 1 y 2, ILSA‑Espacio Crítico Ediciones, Bogotá, 2016.

[5]      Como botón de muestra, es bueno recordar que el XIII Encuentro del Foro, efectuado en Caracas en julio de 2012, afirmó que:

El éxito de los gobiernos impulsados/integrados/apoyados por la izquierda latinoamericana agrupada en el Foro de São Paulo dependerá cada vez más de la combinación adecuada entre integración regional, soberanía nacional, fortalecimiento del Estado, desarrollo económico centrado en el mercado interno, construcción de formas de poder popular, creación de espacios crecientes de gestión popular directa de la economía, creación de nuevos modelos políticos caracterizados por la creciente participación popular en los asuntos públicos y la lucha por la paz. En estos marcos, se tornará cada vez más posible y necesario no sólo enfrentar la crisis internacional y superar el modelo neoliberal, sino también debatir alternativas al capitalismo y los caminos del socialismo.

La crisis mundial y los cambios geopolíticos en las relaciones de poder en el mundo harán más compleja la definición de una línea política para los partidos del FSP. En el caso de los partidos que están en el gobierno, la gestión económica se hará más difícil: las condiciones para acelerar el crecimiento serán más estrechas; en tal sentido debe debatirse también la relación entre crecimiento económico y mejoría en las condiciones de vida para la mayor parte del pueblo. Por ello debemos insistir en la urgencia de que se implementen políticas alternativas tanto a nivel nacional como a nivel multinacional, particularmente entre los países de América Latina. Mantener y lograr el éxito de tales políticas alternativas es la mejor manera de hacer frente a las arremetidas de la derecha en cada país, que generan tensiones políticas internas y externas que intentan constreñir, cooptar y derrotar los gobiernos progresistas y de izquierda.

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