URUGUAY: MISTERIOS ECONÓMICOS…CRECE EL PBI Y NO AUMENTA EL “ESPACIO FISCAL”. Por Antonio Elías*

A partir del 13 de junio el equipo económico ha realizado múltiples reuniones para informar a la dirección y a los legisladores del Frente Amplio, así como a los sindicatos públicos,   cuales son los lineamientos – resoluciones del Concejo de Ministros – para la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal que se puede presentar no más allá del 30 de junio.

Cabe recordar dos aspectos muy relevantes que condicionan y califican esta instancia: en primer lugar, que no hubo presupuesto quinquenal, el cual fue sustituido – en forma inédita – por un presupuesto bianual y que en esta instancia – algo mucho más extraño aun – solo será anual; en segundo lugar, porque en 2018, año preelectoral,  rigen restricciones constitucionales muy precisas (Art. 229): “El Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias…”.

Quiere decir, entonces, que para que se puedan evitar esas restricciones constitucionales la Rendición de Cuentas del año próximo deberá ser votada antes del 26 de octubre, de lo contrario no se crearan nuevos cargos, ni existirán mejoras salariales. Como el desafío de cumplir con esos plazos no es nada menor, tomando en cuenta que  la fuerza de gobierno no tiene asegurada las mayorías parlamentarias está Rendición de Cuentas podría ser la última de este período de gobierno para lograr mejoras salariales y más recursos humanos para atender las crecientes necesidades de servicios públicos fundamentales.

1.- Fijando límites a las necesidades sociales

En los “Lineamientos para la Rendición de Cuentas 2016” el Poder Ejecutivo hace un muy breve análisis del  contexto económico internacional (se ha consolidado un escenario más adverso para nuestro país) y de la evolución de algunas variables de la economía nacional (la economía crece, pero el empleo sigue cayendo), en particular de las cuentas públicas (las principales preocupaciones son el déficit fiscal, que se mantiene elevado en términos estructurales y el aumento de la deuda neta del sector público consolidado).

En ese escenario reafirmando sus conocidos criterios de “prudencia y responsabilidad fiscal” realiza la revisión del escenario macroeconómico (considerando los elevados riesgos que se enfrentan) y ajusta la proyección de ingresos (algunos que implican aumento, como el crecimiento del producto y las transferencias de las Empresas Públicas, otros que implican reducciones, tales como las utilidades vertidas por el BROU) y de egresos  (importantes aumentos de gastos que no dependen de la voluntad del gobierno, tales como las transferencias a la seguridad social).

Como consecuencia de esas revisiones y ajustes el equipo económico llega a la conclusión de que existe escaso espacio fiscal para incrementar gastos y emite sus lineamientos/resoluciones: otorgar 50 millones de dólares para la ANEP, 12 para la Universidad y 10 para los Judiciales; no aumentar los gastos para 2019 y 2020; reducir el déficit fiscal financiado los egresos con incrementos tributarios a los juegos de azar y el aumento de la tasa consular a las importaciones.

Cabe agregar que los egresos aprobados en la Ley de Presupuesto de 2015 para ejecutarse en 2017 – los que fueron postergados como parte del ajuste fiscal del año pasado-  ya tienen financiamiento y serán ejecutados en 2018. En total suman cien millones de dólares que, entre otros,  recibirán: ANEP (26,3); Participación Público Privada (14,4); ASSE (11,4); Infraestructura Área Metropolitana (9,9); Nuevo Código del Proceso (6,4); Plan Ceibal (5,2); Cargos Escalafón Civil Penitenciario (5,2); Universidad de la República (4, 8).

2.- Cuando el producto crece más que las proyecciones

Debe destacarse que la piedra angular del llamado “espacio fiscal” es la estimación del crecimiento del producto y, consecuentemente, el aumento de la recaudación que eso implica. En sus lineamientos el gobierno estima que en 2017, el producto crecerá dos por ciento, un uno por ciento más de lo que había previsto, y que eso le dará un aumento de la recaudación de 130 millones de dólares; estima, a su vez, que en 2018 el producto crecerá 2,5 por ciento, medio punto porcentual más que lo previsto, eso implicaría recaudar 70 millones de dólares adicionales; en total aumentaría 200 millones de dólares.

Según el Informe Trimestral de Cuentas Nacionales del Banco Central del Uruguay (BCU), la actividad de la economía uruguaya creció 4,3 por ciento en el primer trimestre de 2017 con respecto a igual periodo del año anterior (aunque debe recordarse que fue un trimestre especialmente malo por la pérdida de cosechas y la caída del turismo).  Debe destacarse que el PBI tuvo una expansión de 1,5 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2016, que a su vez había aumentado 1,4 por ciento respecto al tercer trimestre, superando así un periodo de estancamiento de dos años.

A partir de las estimaciones del BCU es de prever que el PBI crezca este año por encima del tres por ciento, lo que implicaría un crecimiento de la recaudación de, al menos, 260 millones de dólares en 2017, lo que ampliarían en forma significativa las posibilidades de avanzar en el cumplimiento de los compromisos programáticos del gobierno, atender las necesidades sociales y aumentar los salarios.

Múltiples analistas coinciden en la estimación del crecimiento del producto y de la recaudación, pero difieren en lo que respecta al uso de esos recursos que, a su criterio, deberían utilizarse para reducir el déficit fiscal y/o para bajar el costo país y mejorar la competitividad.

En cualquier caso, el uso de estos recursos excedentes debería ser parte de las discusiones previas a la presentación de la Rendición de Cuentas.

3.- El gobierno pateó el tablero

En momentos en que estábamos terminando esta nota nos enteramos que el Poder Ejecutivo estaba presentando el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al parlamento, abortando así la posibilidad de negociar y mejorar una propuesta totalmente insuficiente para las necesidades del país que es rechazada por los trabajadores y diversas organizaciones sociales y políticas.

El Poder Ejecutivo abusa de su poder y a través de un acto intempestivo incumple nuevamente  la Ley de Negociación colectiva y bloquea todos los justos reclamos de los trabajadores y de sectores del propio Frente Amplio. Esta medida se toma unas pocas horas antes de que comience un paro general del PIT-CNT en rechazo a los lineamientos de una Rendición de Cuentas que no contempla incrementos adecuados para la salud, la educación, la vivienda, la atención de niños y adolescentes, ni el Plan Nacional de Cuidados. A la vez que,  tampoco incluye aumentos de salarios para los funcionarios de los servicios descentralizados. ¡Lamentable e incalificable!

*Antonio Elías es Master en Economía, Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.

Artículo publicado originalmente en el semanario “Voces”, Montevideo, el 22 de junio de 2017.

 

AUTOCRÍTICA DE LA IZQUIERDA. Por Frei Betto

La izquierda latinoamericana no anda con buena salud. Perdemos Fidel; el PT está comprometido en el Lava Jato; Venezuela es, hoy, una tierra en agonía. La Revolución Bolivariana no logró crear raíces como la cubana.

En Cuba, la revolución fue obra de un pueblo. Lo que explica el hecho de que los Estados Unidos jamás haya agredido bélicamente la isla, después del fracaso de la invasión a la Bahía de Cochinos en 1961. Los yanquis aprendieron, con la derrota en Vietnam, que gobiernos (como los de Irak, Libia e Afganistán) se derrocan; un pueblo, jamás.

Los gobiernos progresistas de América Latina están amenazados por el avance de la ofensiva neoliberal. Sufrieron golpes parlamentarios Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016). En Argentina, la derecha eligió a Macri. Ecuador hizo de Lenin Moreno el sucesor de Rafael Correa por un pequeño margen de votos. En Bolivia, Evo Morales se encuentra con el desgaste de su base de apoyo.

En Chile, Bachelet tiene un bajísimo índice de popularidad y la derecha se ensaña para retomar el poder en las próximas elecciones. En Nicaragua, la izquierda se divide entre los que apoyan y los que se oponen al gobierno de Daniel Ortega. Se salvan El Salvador y Uruguay, donde la izquierda moderada no enfrentan grandes dificultades.

No existe hoy, en América Latina, una correlación de fuerzas que asegure, en el corto plazo, la superación del modelo desarrollista neoliberal por un nuevo modelo de sociedad centrado en los derechos de los trabajadores, en la inclusión social de los sectores marginalizados e excluidos, y en la preservación ambiental.

Algunos gobiernos progresistas adoptaron una verdadera esquizofrenia al proferir un discurso político de izquierda y, al mismo tiempo, abrazar una política económica regida por el capital internacional, dependiente de la exportación de commodities, sin crear bases de sustentabilidad para el desarrollo del país.

En Brasil, en el gobierno del PT se adoptó la estimulación del crecimiento (PAC – Política de Aceleración del Crecimiento), apuntando a, en primer lugar, aumentar el PIB. Y la dependencia de la exportación de materias primas, hoy elegantemente denominadas commodities, agravó el proceso de desindustrialización.

Texto original: “Autocrítica da esquerda” publicado en: http://correiocidadania.com.br/2-uncategorised/12630-autocritica-da-esquerda. Traducción Libre: Andrea Ávila

Frei Betto es Asesor de movimientos sociales. Autor de 53 libros, editados en Brasil e en el exterior, dos veces ganador del premio Jabuti (1982, con “Bautismo de Sangre” y, 2005, con “Típicos Tipos”).

URUGUAY: CONTRA EL AJUSTE FISCAL Y EL DESAJUSTE PRESUPUESTAL. Por Antonio Elías *

En un  contexto económico de muy bajo crecimiento de la economía uruguaya y un importante déficit fiscal (casi 4%) se redujeron los recursos para distribuir en la conciliación de clases y el gobierno decide que los costos los pague el trabajo y no el capital. Con ese objetivo aplica un ajuste fiscal gradual que afecta negativamente a los hogares de los trabajadores – sean estos ocupados, desocupados o pasivos – tanto en el ingreso monetario como en el acceso y calidad de los bienes y servicios que presta el Estado.  En esta nota se presentan los ajustes en los egresos, tanto en gasto como en inversión.

1.- Vientos de ajuste

Cuando un gobierno tiene un desequilibrio en las cuentas públicas que genera un déficit fiscal significativo busca corregir esa situación reduciendo los gastos y/o  aumentando los ingresos. Para ello realiza un ajuste fiscal que consiste en un aumento de la carga tributaria (creando nuevos impuestos o aumentando las tasas de los impuestos existentes) y reduciendo los egresos a través de la eliminación o reducción de partidas presupuestales. Un ajuste fiscal puede ser explicito cuando se anuncia el conjunto de medidas que se van a tomar y se cuantifican los resultados que se van a obtener o encubierto cuando se lo hace a través de medidas administrativas y/o instructivos internos.

Los vientos de ajuste predominantes en los últimos años han prestado excesivo énfasis a la política fiscal, relegando los objetivos programáticos de la política presupuestal. Es necesario, por tanto,  subrayar la importancia de la prestación de los servicios públicos como parte de la garantía de los derechos individuales, no siendo adecuado considerar a aquéllos como una concesión que el gobierno hace al pueblo: son un derecho que tiene cada individuo por pertenecer a la sociedad. Los servicios públicos que forman parte de los derechos individuales que el gobierno tiene obligación de prestar son: por un lado, los básicos (entre otros, defensa, justicia y seguridad, que deben brindarse independientemente de la participación en la carga fiscal que se haya asignado a cada ciudadano); por otro, los bienes y servicios meritorios (como la salud y la educación, que deberían brindarse con contraprestaciones inversamente proporcionales a la capacidad de pago).

En ese marco se inscribe el proceso de ajuste de las cuentas públicas, llamado en 2015  “moderación y prudencia” y en 2016 “consolidación fiscal”, que impactó negativamente en el nivel de vida de los trabajadores, los pasivos y el amplio grupo de sectores carenciados que solo cuentan con las políticas sociales. El gran capital, fundamentalmente transnacional, seguirá protegido por las zonas francas y la ley de promoción de inversiones; los empresarios locales, sobre todos los medianos y  pequeños, seguirán pagando la misma tasa de IRPF que los grandes empresarios porque no existe progresividad en las rentas personales del capital.

En primer lugar debe destacarse que los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportarán para el financiamiento del déficit del estado, en particular el capital transnacional que se ubica en las Zonas Francas y los grandes capitales nacionales que se benefician de la Ley de Protección de Inversiones.

Tampoco pagará el ajuste, al menos por ahora, la llamada caja militar que recibe transferencias enormes para mantener un sistema de beneficios especiales, tanto en edad de retiro como en tasas de remplazo. El Comandante en jefe del ejército ironizó sobre los llamados privilegios de los militares, sin embargo, es estrictamente cierto que existen esos privilegios, en particular en las pasividades: actualmente se pueden retirar con 20 años de servicios y un mínimo de 38 años de edad, cobrando como pasividad el 100% del salario del grado superior inmediato.

Hay que recordar que la reforma de la caja militar figuraba en la Carta Intención con el FMI del 24 de mayo de 2005, donde en el punto 9 se señalaba que: “La sustentabilidad de una adecuada situación fiscal en el mediano plazo exige tomar medidas ante la debilidad financiera de las Cajas de Jubilaciones Policial, Militar y Bancaria”.  Las leyes que reformaron la caja de jubilaciones Bancaria (Ley 18.396 del 24 de octubre)  y Policial (Ley 18.405 del 11 de noviembre) fueron votadas en 2008. El Poder Ejecutivo, acaba de presentar un proyecto de Ley para reformar la Caja militar con un notorio retraso teniendo en cuenta, además, que la asistencia financiera fue de U$S 400 millones en 2016.

2.- El ajuste de gastos

2.1. En los dos primeros años de gobierno

Al inicio de este período de gobierno los lineamientos para la formulación del presupuesto quinquenal de la Administración Central fueron los siguientes:

a.- “A efectos de determinar la línea de base se considerará la ejecución del ejercicio 2014 correspondientes a niveles de actividad permanentes… este importe será abatido un 20% en términos nominales y ajustado por la inflación proyectada para 2015”.

b.- “El presupuesto de inversiones incluirá en la línea de base créditos por un monto equivalente al nivel de ejecución  2014 (88% del presupuesto asignado) el cual debería ser “depurado de las inversiones extraordinarias que pudieses haberse realizado”.

c.- “Para determinar la masa salarial base para el ejercicio 2016, se considerará la masa  salarial del ejercicio  2014 y se reducirá el monto no ejecutado a un máximo de 10% de esa masa.” Poniendo así un tope al crecimiento de la masa salarial, lo que se complementaba con una exhortación  a “minimizar el ingreso de nuevo personal a  situaciones estrictamente necesarias”.

El resultado de las medidas anteriormente señaladas se observan en el siguiente cuadro: el total de gastos de la Administración Central se redujo 1,6% en 2016 respecto a 2015, la mayor reducción se produjo en inversiones 5,2%, seguida de otros gastos de funcionamiento 3,8%, por su parte los gastos de personal se incrementaron 0,8%. En el bienio 2005-2006 hubo una reducción de los egresos de 1,9%, desagregado en 1,5% en gastos de personal,  2% los restantes gastos de funcionamiento y 2,8% las inversiones.

Un caso aparte son los organismos del Art. 220 que tienen cierto margen de autonomía: tanto, en lo que respecta a la presentación de sus propios presupuestos al Poder Legislativo; como, en la capacidad de ejecutar los presupuestos asignados. En este caso los gastos de funcionamiento aumentaron 4,2% en 2016 respecto a 2015 y habían aumentado 2% en 2015; la inversión, por su parte, había caído 18,6% en 2015 y tuvo un crecimiento de 5,7% en 2016, con lo cual en este periodo de gobierno hay una pérdida de 13, 9%. Como la inversión es solamente un 5% del presupuesto ejecutado su caída es más que compensada por el aumento de los gastos de funcionamiento.

2.2.- El ajuste que se está aplicando este año

En la Rendición de Cuentas presentada en 2016, que se ejecuta, en el presente año, se planteó apretar un poco más el torniquete, los egresos en la Administración Central se reducirían por diversos mecanismos:

a.- Eliminar el 5% de los créditos para retribuciones personales que no hayan sido ejecutados;

1. b) Limitar el ingreso de funcionarios públicos, por cada tres funcionarios que egresen solo podrán ingresarán dos;
2. c) Los gastos ejecutados de funcionamiento e inversión no se ajustaran por la inflación, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo similar el porcentaje de inflación.

En la sección III “Ordenamiento financiero”, en el artículo 6° se dispone el abatimiento de: “las asignaciones presupuestales asignadas en la Ley Nº 19.355 (ley presupuestal), de 19 de diciembre de 2015, para el ejercicio 2017, en el monto incremental de las mismas respecto del ejercicio 2016”. En el mismo artículo se plantean diversas  excepciones, entre otras, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados; las Contrataciones de Participación Público Privada; los convenios salariales y laborales; algunos programas del INAU; la Agencia Nacional de Investigación e Innovación; el Instituto Pasteur; el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas.

El ajuste de egresos aprobado – que fue menor al inicialmente propuesto debido a la resistencia social y política – perjudica, principalmente, a organismos que atienden necesidades sociales básicas de educación, salud y vivienda, entre otros, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Hospital de Clínicas y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Reducciones de egresos, todas ellas, que afectan negativamente la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos por la reducción de personal y de recursos para su funcionamiento.

3. Ajuste de ingresos

El aumento de las tasas de los Impuestos a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) son medidas que tienen un impacto muy negativo sobre la clase trabajadora por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pasividades. Como contrapartida no aumenten las tasas impositivas que paga el capital, tales como los impuestos a la renta de las actividades económicas (IRAE) y al Patrimonio  (IP) y se mantiene la política de exoneraciones a los grandes inversores, fundamentalmente extranjeros.

En efecto, los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportaran para el financiamiento del déficit del estado porque existe un compromiso del gobierno de no crear nuevos impuesto ni aumentar la tasa impositiva. Aunque sí se toman una serie de medidas “administrativas” en el cálculo del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), entre otras: la eliminación de la deducción de sueldos fictos patronales aplicable a empresas con alta facturación anual; reducir al 50% del resultado fiscal positivo las deducciones por pérdidas fiscales; gravar las utilidades no distribuidas generadas con una antigüedad superior a tres períodos.

La carga fundamental del ajuste recae sobre los ingresos del trabajo, la propuesta inicial del Poder Ejecutivo aplicaba aumentos a partir de la franja que comienza en

$ 33.401 la que pasaba de 15% a 18%; a partir de $ 50.100 y hasta los $ 167.000 pasaba de 20% a 23% y las tres franjas superiores aumentaban 4 puntos pasando de: 22% a 26%,  de 25% a 29% y de 30% a 34%.

Luego de múltiples movilizaciones y negociaciones del PIT-CNT se lograron mejoras, aunque lo esencial sigue vigente: se grava al trabajo y no al capital. Se mantuvo la tasa de la segunda franja del IRPF en 15%; de $ 50.100 a $ 100.200 la tasa pasa de 20% a 24%; luego aumenta 5%,  de 20% a 25% hasta los $ 167.000 y de 22% a 27% hasta $ 250.500 . Las dos franjas superiores aumentan 6%. En los hechos se redistribuyo la carga entre trabajadores, lo que se redujo a la franja entre $ 33.400 y 50.100 se les aumentó a los trabajadores que tienen ingresos mayores a esa cifra.

La reducción del porcentaje total que puede deducirse es otro mecanismo para aumentar la recaudación que va directamente, entre otros,  contra las familias que tienen muchos hijos. Por debajo de los $ 50.100 puede deducirse un 10% y por encima solo 8%, cuando antes era  progresional de un 10% a un 30%.

Es la misma lógica que se aplica desde que rige la reforma tributaria con el impuesto a la renta dual. En 2015, al igual que en todo los años anteriores, pagaron muchísimo más de IRPF los trabajadores ($ 34.880 millones) que los capitalistas ($ 5.837 millones).

Continúa vigente, además, la consigna de que “pague más el trabajador que gane más”, los capitalistas tienen una tasa plana en todos sus impuestos tanto para el pequeño comercio de barrio, como para la gran empresa, siempre que está última no tenga el privilegio de las exoneraciones por promoción de inversiones o zonas francas. Vale la pena recordar que en 2014, último dato oficial, las exoneraciones del IRAE llegaron a   $ 19.980 millones y las del impuesto al patrimonio a $ 15.503 mil millones.

El aumento de los impuestos a los ingresos de los trabajadores afecta la calidad de vida, retrae el consumo y afecta el nivel de actividad generando desempleo. Téngase en cuenta que casi casi 500 mil trabajadores pagan IRPF y que el resto no lo paga por ganar menos del mínimo  no imponible. La afirmación de que el 70% no será afectado es el reconocimiento explícito de los bajos salarios que reciben los trabajadores.

La reforma tributaria dual, implantada en 2007, con el argumento de instrumentar un impuesto a las rentas personales disfrazó y consolidó como permanente el impuesto a los salarios y redujo la carga sobre el capital. Como consecuencia de lo anterior en 2015 se recaudaron  $ 35 mil millones por el IRPF a las rentas del trabajo, mientras que el IRPF al capital solamente pagó $ 6 mil millones de pesos. Por su parte, por IRAE se recauda menos que por el IRPF al trabajo $ 34 mil millones. El Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas solo recaudó $ 600 millones, mientras que el IASS recaudo en 2015 $ 6.500 millones.

El aumento del IRPF se suma al congelamiento del salario real de la mayoría de los funcionarios públicos (no tuvieron aumentos por encima de la inflación) y a la pérdida que impuso el Poder Ejecutivo a los trabajadores del sector privado en la sexta ronda de Consejo de Salarios al imponer una pauta salarial de incrementos nominales decreciente menor que la inflación.

En resumen, el ajuste fiscal es contrario a los intereses de los trabajadores – activos  y pasivos – que siguen siendo la variable de ajuste de la economía pública y que si no se modifica la política económica perderán poder adquisitivo y calidad de vida. Lo que está en juego, en lo inmediato, es evitar que se continúe consolidando el actual modelo de acumulación que favorece los intereses del gran capital, fundamentalmente el transnacional.

Antonio Elías es Master en Economía, Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.

* Publicado en el semanario “Voces”, Montevideo, el ocho de junio de 2017.

 

 

 

 

PARAGUAY: ¿POR QUÉ NO LOGRAN APROBAR LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL? Por Marcos Pérez Talia *

Paraguay sigue siendo el único país de Sudamérica que no ha logrado incorporar la figura de la reelección presidencial a pesar de sendos intentos en los tres últimos periodos presidenciales. Se han planteado numerosas explicaciones que intentan dar cuenta de la aversión paraguaya a un nuevo periodo presidencial. En este artículo se propone una explicación a partir del análisis de recursos políticos, y el principal argumento es que Nicanor, Lugo ni Cartes poseen los recursos políticos necesarios para alcanzar el éxito reformista.

Según la literatura politológica, los actores políticos reformistas cuentan, con mayor o menor intensidad, con recursos políticos que facilitan (o no) alcanzar la reelección presidencial: (i) popularidad, (ii) mayoría parlamentaria, (iii) control partidista y (iv) trayectoria del proceso reformista, es decir la vía parlamentaria o extraparlamentaria.

A partir de esos cuatro recursos, los presidentes lograrán la reelección siempre que posean suficientes apoyos populares para emplear el apoyo como un signo para presionar la formación de una mayoría parlamentaria. Utilizan un fuerte control sobre su partido para forzar la disciplina y la alineación de los legisladores que también buscan una carrera hacia la presidencia. El escenario se resuelve en el seno legislativo y se concentra en la búsqueda de votos de los legisladores.

Primer intento: Nicanor. El presidente Duarte Frutos planteó por primera vez la posibilidad de reformar la Constitución Nacional para incluir la reelección. Fue el presidente que accedió al gobierno con el menor apoyo electoral en todo el proceso democrático. Pero además su partido no logró obtener mayoría parlamentaria, lo cual a priori dificultó aún más la gobernabilidad. Sin embargo, inició su mandato con un discurso y accionar renovador y firme, y tuvo dos fortalezas importantes: el éxito de su gestión económica y la ausencia de rivales partidarios de peso. Eso, en definitiva, le dio el ímpetu necesario para embarcarse en una campaña de reforma constitucional para optar por su reelección.

Si bien en 2004 gozaba según Latinobarómetro de casi el 60% de aprobación de su gestión de gobierno, para el 2006 (año en que plantea la reelección) la misma cayó a un 38%, y a un ínfimo 17% en 2007. Tampoco disponía de una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la reelección, ya que la ANR tuvo en ese periodo 16 senadores y 37 diputados. Duarte Frutos no logró, por otra parte, el apoyo de la totalidad del aparato colorado a su plan reformista, que para entonces se encontraba dividido en varias facciones internas como las de Luis Castiglioni, José Alderete y Alfredo Stroessner. Con ese escenario, Duarte Frutos no tuvo otra opción que desistir de su plan reformista.

En definitiva, tres cuestiones imposibilitaron su reelección: (i) su partido no contaba con mayoría parlamentaria suficiente para llevar a cabo, por sí solos, la reforma; (ii) no logró llegar a acuerdos con las demás fuerzas parlamentarias opositoras para introducir la figura de la reelección y (iii) tampoco obtuvo suficiente apoyo ciudadano que sirviese, al menos, para presionar al Parlamento a fin de que aprueben la reforma solicitada.

Segundo intento: Lugo. Paradójicamente el ex obispo aparece en la arena política en el marco de las marchas y protestas contra el presidente Duarte Frutos por su intento de reelección presidencial. Lugo contaba con mayor popularidad que los anteriores presidentes. Asume la presidencia, según Latinobarómetro, con casi el 90% de aprobación de gestión. Aunque para el 2010 su aprobación descendió al 55% y para el 2011, año en que plantea la reelección, al 50%, seguía disponiendo de mayor aprobación que Duarte Frutos.

Lugo contaba con una ventaja y una desventaja: (i) la primera era que si bien no tenía mayoría parlamentaria para forzar la modificación constitucional, tenía detrás suyo a un potencial aliado estratégico, el expresidente Duarte Frutos quién eventualmente se encontraría con intenciones de ser habilitado nuevamente; (ii) pero sus aliados liberales reivindicaban que Lugo les había prometido encabezar la siguiente fórmula presidencial en 2013, con lo cual el presidente no podría disponer de los votos parlamentarios de su principal aliado.

En junio de 2011 se presentó ante el Senado un petitorio ciudadano que solicitaba el tratamiento de modificación constitucional para la reelección presidencial. Un mes después la Cámara de Senadores rechazó el proyecto por mayoría de votos colorados, liberales y de UNACE. De esa forma, Lugo no logró sortear exitosamente el escollo del Congreso.

Tercer intento: Cartes. Si bien comenzó su periodo manifestando que no estaba interesado en ser reelecto, en 2016 deshace su discurso anti-reeleccionista y se vuelca enteramente en la búsqueda de aliados estratégicos. Su partido consiguió mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, aunque en Senado quedó a unos cuantos escaños de la misma.

Como ocurre con los gobiernos relativamente nuevos, para 2014 (a un año de haber asumido) el 42,9% de la ciudadanía, según LAPOP, confiaba mucho en Cartes aunque llama la atención el elevado porcentaje que confía poco (25.9%) o nada (31,3%) en él, sobre todo si se compara con el gobierno de Lugo. Ahora bien, la visión ciudadana sobre la gestión del gobierno es bastante diferente. Según Latinobarómetro, en 2013 el 66% no aprobaba su gestión y en 2015 el rechazo trepó al 67,5%.

Cartes no logró el control partidista total de las bancas de su partido, aunque sí logró acordar con Fernando Lugo y Blas Llano la aprobación de la reelección. Así, en una sesión controvertida, 25 senadores aprobaron en marzo la reelección vía enmienda, lo cual generó una importante crisis institucional y violentas protestas y represión policial. Con ese escenario complejo y de efectos imprevisibles, Cartes se vio obligado a desistir, un par de semanas después, del proyecto reeleccionista.

Fracaso reformista. La alta dispersión de poder que dispuso la Constitución de 1992 –con el fin de evitar un nuevo stronismo sin Stroessner- hizo que ninguna fuerza política tenga por sí sola el poder requerido para romper el equilibro. Para introducir la reelección presidencial, de tan malos recuerdos en el pasado, se necesita un importante acuerdo entre la élite política, pero también con la ciudadanía.

He ahí la importancia de examinar la reelección a partir del análisis de los recursos políticos. Nicanor no contaba con los mismos, aunque su gran mérito fue introducir el debate. Lugo disponía de una mayor popularidad pero no contaba con mayoría parlamentaria ni controlaba el voto parlamentario de la alianza que lo llevó al poder. Por último, Cartes logró alcanzar la mayoría parlamentaria para aprobar el proyecto pero carece de popularidad y apoyo ciudadano.

La batalla está acabada en este periodo presidencial. Pero habrá que esperar qué trae consigo el 2018. El panorama es alentador… la política paraguaya no da tregua (ni aburrimiento).

*Publicado originalmente el 22 de mayo de 2017 en: https://tererecomplice.com/2017/05/22/por-que-no-logran-aprobar-la-reeleccion-presidencial/

ARGENTINA: LA INFLACIÓN NO DA TREGUA Y AGRAVA LA DISTRIBUCIÓN REGRESIVA DEL INGRESO. Por Julio C. Gambina.

Los datos oficiales de abril pasado señalan un crecimiento de los precios al consumidor del 2,6% para la Ciudad de Buenos Aires y los partidos que integran el Gran Buenos Aires.[1]

Si bien se trata de un dato regional, que superó todo pronóstico, el mismo es utilizado para definir la situación en el ámbito nacional. El INDEC informa que la medición nacional recién estará para el próximo mes de julio.

En lo que va del año la inflación alcanza al 9,1%, muy cerca del piso del 12% imaginado desde el BCRA, y para los últimos 12 meses suma del 27,5%, muy lejos de las pretensiones patronales de actualización salarial en convenciones colectivas de trabajo en proceso. Traigamos a cuenta el 19%, aún con actualización futura, ofrecido a docentes y que explica la continuidad del conflicto educativo.

La inflación es una cuestión de poder, donde queda claro que solo unos pocos pueden incrementar los precios.

Por lo pronto, los trabajadores no tienen libertad de mercado para establecer el precio de la fuerza de trabajo. Los docentes demandan 35% de actualización, para recuperar lo perdido en 2016 y lo que imaginan será la evolución de los precios de la canasta familiar para el 2017.

No son docentes los únicos trabajadores con ese nivel de demanda de actualización salarial, y queda clara que la batalla económica es por bajar el precio de la fuerza de trabajo, como forma de reducir el costo laboral dentro de los costos de producción.

Los que sí pueden incrementar precios son los sectores de servicios, cuyos precios crecieron por encima de los bienes. En abril, los precios de los bienes se aumentaron en 2,4% y los de los servicios en 2,9%. El acumulado de enero a abril fue de 7,7% en bienes y 11% en servicios; mientras que en el acumulado anual los bienes crecieron el 24,4% y los servicios 32,2%.

En materia de bienes destacan los alimentos, con 2,2% en abril; un acumulado durante el 2017 de 8,9% y de 29,1% para los últimos 12 meses, con el agravante que la incidencia del rubro alimentos resulta fundamental en el conjunto de los precios. Los sectores de menores ingresos y por ende con menor capacidad adquisitiva destinan la mayor parte de sus recursos en la compara de alimentos.

No cualquiera puede aumentar precios, para ello hay que tener poder.

El crecimiento de los precios en general y de los servicios y alimentos en particular agudiza el problema del empobrecimiento de la población más empobrecida, que según el INDEC suman 30,3% para el conjunto social y del 45,8% para los menores de 14 años, la infancia.

Política oficial de metas de inflación

Si bien el Banco Central sostiene su pauta del 17% como máximo, desde otras esferas se piensa en más del 20%, incluso señalan que convendría hablar de precios en sentido estricto y luego adicionar el incremento de tarifas. De ese modo pueden llegar hasta 25% o más para el año, argumentando que es menos que el elevado registro del 2016.

El encargado principal de la política antiinflacionaria es el BCRA, con una estrategia ortodoxa de contraer la masa monetaria (secar la economía; retirar dinero del mercado). Por medio de altas tasas de interés empuja esta política contractiva, estimulando inversiones especulativas de grandes inversores, entre ellos, los bancos, que prefieren invertir en tasas altas pagadas por el Banco Central que en prestar para el desarrollo productivo con riesgo de impago.

La política del BCRA es onerosa, ya que para retirar dinero del mercado ofrece cuantiosos intereses a los inversores en Letras del Banco Central, LEBAC (26,25% a 35 días). Ya hay emitidas y en circulación 739.000 millones de pesos en LEBAC, algo así como 46.000 millones de dólares. Eso es deuda del Banco Central a cargo de toda la sociedad contra los tenedores privados de esas letras. La famosa socialización de las perdidas.

Es curioso como al mismo tiempo, es la propia política monetaria la que contiene el precio del dólar, ya que con altas tasas se compite contra la demanda de dólares. Como estos ingresan en cantidades importantes por mayores importaciones y menos exportaciones, como por préstamos que tienen destino en la especulación o en el pago de la deuda pública, entonces, para evitar un mayor retraso del tipo de cambio (que no baje más de la cuenta), el BCRA resulta un comprador recurrente de dólares. Para ello emite moneda y renueva el ciclo de altas tasas para retirar esos pesos puestos en circulación (emisión) por el mismo Estado.

Un círculo vicioso, donde crece la deuda y se reaviva la combinación de inflación con desaceleración de la economía, aun cuando se intenta mostrar cierta recuperación vía inversión pública y de ciertos sectores de la producción, especialmente el agro y la construcción.

En el ciclo anterior faltaban divisas y por eso las regulaciones cambiarias (cepo entre otras) y la fuga de capitales. Ahora, ingresan dólares que hacen subir las reservas internacionales por encima de los 48.000 millones de dólares y continúa la fuga de capitales, sea por el saldo negativo del balance comercial, el turismo al exterior, las remesas de utilidades al extranjero y los pagos de la deuda

¿Qué hace y hará el gobierno? ¿Existe otro rumbo posible?

Continuará con el ajuste. El presidente dice que tiene un agujero fiscal de 500.000 millones de pesos y los ministros de Finanzas y de Hacienda señalan que es una tarea a desplegar luego del “triunfo” electoral de octubre.

Buscan consenso electoral para profundizar el ajuste fiscal, contra el gasto público social y desfinanciando derechos sociales, a la alimentación, la educación, la salud, el empleo, entre muchos otros. La reforma laboral y previsional está en la agenda de temas estructurales en ese sentido, en el mismo rumbo de Brasil, Chile y otros países de la región.

¿Se podría hacer algo distinto? Claro que sí, pero es inimaginable en el marco del proyecto político e ideológico del PRO-CAMBIEMOS.

Se puede atacar la cadena de producción y distribución de alimentos y bienes y servicios esenciales, con una concepción de derechos y no de mercancías, pero iría en contra de la lógica gubernamental y de la dominación económica.

También debiera modificarse la política monetaria, cambiaria y arancelaria, algo que la ortodoxia en el BCRA, o en Hacienda y Finanzas no puede imaginar.

En el fondo es una cuestión política, como con el 2×1, con cientos de miles movilizados pudo lograrse casi unanimidad de opinión institucional y deslegitimación social de un fallo espurio de la Corte Suprema.

¿Podrá organizarse una movilización social de tal magnitud para lograr sustanciales modificaciones en la política económica y social?

Buenos Aires, 12 de mayo de 2017

[1] INDEC, en:  http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_05_17.pdf

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
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